La mayoría de consignaciones, de casos que planteó la Judicatura

Jesús Aranda Ť La mayor parte de las consignaciones de funcionarios judiciales (ocho en total) ante el Ministerio Público Federal, de 1995 a la fecha, han sido debido a denuncias presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado del propio Poder Judicial. En tanto, de 25 quejas administrativas planteadas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra jueces y magistrados, sólo una ha prosperado durante el mismo lapso.

Según datos del Poder Judicial de la Federación, en el periodo citado el Consejo de la Judicatura lleva ocho consignaciones de magistrados, jueces y secretarios por la posible comisión de delitos de servidores públicos. En todos los casos presentados por ambas instancias, sólo hay coincidencias en el tratamiento de los referidos a Imelda Gutiérrez Muñoz y a Humberto Ortega Zurita.

En el primero de ellos, el Consejo consideró que Gutiérrez Muñoz incurrió en graves irregularidades cuando se desempeñaba como magistrado en el primer tribunal unitario del primer circuito.

Mientras tanto, el asunto de Ortega Zurita --quien en septiembre pasado no fue ratificado en su cargo como juez-- está relacionado con su labor como secretario proyectista del juzgado primero de distrito en el estado de Campeche desde hace más de seis años, lo que derivó en la averiguación previa 9238/FESPLE/97.

Por otra parte, el consejo dio vista al Ministerio Público Federal en el caso de Pablo Rangel Sarrelangue por su actuación como secretario del juzgado sexto de distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, y se inicó la averiguación previa 6911/FESPLE/97.

Entre los casos en que el CJF dio vista al Ministerio Público Federal por la comisión de posibles hechos delictuosos están los siguientes:

El de Raúl Zambrano Gónzález, secretario del segundo tribunal unitario del decimoséptimo circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua. Contra él se inició la averiguación previa 8288/FESPLE/96; Vicente Agnel González, secretario del quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, contra quien se inició la averiguación previa 4960/96; Pedro González Soberanis, secretario del juzgado primero de distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Aquí se inició acta circunstanciada número 24/96, misma que se acumuló a la averiguación previa 877/FESPLE/95 (cabe precisar que el expediente de su causa se encuentra ``en consulta del no ejercicio de la acción penal''); Antonio Jáuregui Zárate, juez quinto de distrito en el estado de Guerrero. En su caso se inició la averiguación previa 11422/FESPLE/96 el pasado 16 de octubre ``se consultó la reserva de la averiguación previa''. Finalmente, está el expediente de Felipe Angel Vargas Aguila, funcionario del noveno tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, a quien se le inició la averiguación previa 1649/FESPLE/96.

Por lo que respecta a las quejas administrativas presentadas por la Procuraduría General de la República en contra de jueces y magistrados, en lo que va de la presente administración la dependencia que encabeza Jorge Madrazo ha interpuesto 25 quejas; de éstas, 12 fueron resueltas, 13 se encuentra en trámite y sólo en el caso de Imelda Gutiérrez resultó fundada la queja.

Cabe señalar que en el caso del juez federal Roberto Caletti Treviño, quien fue acusado por la PGR de haber favorecido presuntamente a delincuentes con sus fallos, si bien el CJF no ratificó recientemente a Caletti como juez, de acuerdo con fuentes de este organismo, su destitución se debió a problemas ``administrativos'', pero no por sospechas o porque se le haya comprobado que incurrió en actos de corrupción.

Además, se explicó que Caletti no puede ser procesado penalmente en tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva el recurso administrativo que interpuso ante el máximo tribunal del país para que revise la legalidad de su no ratificación. Es decir, aunque no es juez en funciones, aún pertenece al Poder Judicial de la Federación y goza de cierta ``inmunidad'', en tanto no sea separado definitivamente de su cargo.

De acuerdo con la ley, ningún juez en funciones puede ser procesado penalmente; para proceder en su contra deberá ser previamente removido.

Asimismo, en el caso de juez de distrito con sede en Monterrrey, Abraham Calderón, quien fue criticado duramente por funcionarios de la Procuraduría en el caso Lankenau, se infomó que el Consejo de la Judicatura Federal ya recibió la queja administrativa correspondiente de la PGR y que el asunto se encuentra en trámite.

Al respecto, trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal prestará particular atención a este asunto y que defenderá ``a como dé lugar'' al juez Calderón, en caso de que consideren los consejeros que su actuación estuvo apegada a derecho.

Además, funcionarios judiciales no descartaron que el caso del juez Calderón sea el primero que revise la recién formada comisión conjunta de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene como misión principal impedir que jueces y magistrados sean presionados con la intención de incidir en sus resoluciones.

Fuentes del Poder Judicial explicaron que las quejas administrativas no implican necesariamente una acción penal, sino que primero se analiza la legalidad de los fallos de los juzgadores y después, en caso de encontrar alguna irregularidad, se valora su magnitud para actuar en consecuencia.

En resumen, a pesar de las constantes críticas hechas por la PGR y su titular, Jorge Madrazo Cuéllar, de las 25 quejas administrativas presentadas ante el CJF sólo en un asunto ha prosperado su inconformidad.