Ya se discuten los Criterios Generales de Política Económica para 1998. Su análisis y el de dos documentos que a ellos se vinculan (Egresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos) se ha centrado mucho, demasiado quizá, en el asunto del IVA. Y no es que no sea importante esta discusión que, a veces, se ha llevado al extremo de la caricatura, pues es obvio que proponer responsablemente una baja en los ingresos, obliga también a proponer qué se hace con los egresos. Pero preciso es esforzarse por ubicar esta significativa discusión en un marco más amplio; sin duda en el contexto global de análisis y discusión de las estrategias de desarrollo en nuestro país e, incluso, de la política económica general, esa que ahora quieren que sea política de Estado; pero, sin olvidar nunca --so riesgo de no llegar a ningún lado--, la discusión y el análisis de la génesis, la estructura y el nivel de los impuestos en el país. Y en este marco, precisamente en éste, analizar el papel de las aportaciones de Pemex, oficialmente reconocidas ya como renta petrolera.

La bondad de los yacimientos petroleros mexicanos, sobre todo de la Sonda de Campeche, incluso con precios estancados o a la baja --como se puede documentar y demostrar históricamente--, permite el acceso a una renta que a fines de este año sumará poco más de 40 mil millones de dólares en el sexenio.

Por ello el gobierno debiera --si se me permite decirlo-- mostrar un poco más de vehemencia en la defensa de una modificación estructural de la participación de los ingresos petroleros en los ingresos públicos, como acaso la muestra en la defensa del nivel actual del IVA, justamente para fortalecer a Pemex.

La opinión pública no ha escuchado a los subsecretarios ni al secretario de Hacienda, al menos, hablar no sólo de la necesidad de superar la alta dependencia que los ingresos públicos tienen de la renta petrolera, sino proponer que dentro de esa discusión sobre la política económica de Estado se analice el papel del petróleo, que a la fecha representa un subsidio a los contribuyentes, y no necesariamente a los más necesitados, como se puede demostrar. De otra manera no se puede explicar cómo la participación de los ingresos presupuestales en el PIB una vez descontada esta renta petrolera (dejando, incluso, el IVA y el IEPS y otros rubros petroleros menores), resulta ser una de las más bajas del mundo, justamente porque la parte de derechos de extracción de hidrocarburos tiene un peso creciente en los ingresos públicos.

Así, luego de registrar una participación de 14 por ciento en 1994, la participación de esos derechos subió a 23 y a 27 por ciento en 1995 y 1996, y casi alcanzará 28 o 29 por ciento en 1997, lo que ha sido, sin duda, un soporte básico de la recuperación macroeconómica. Para 1998 podemos esperar una participación similar o, en el peor de los casos, apenas un poco menor, porque el núcleo principal y más estable de estos recursos proviene más de los bajos costos de producción del crudo en México, que de la elevación de precios, y fácilmente puede llegar a 11 mil millones de dólares el próximo año, incluso con un precio de la mezcla mexicana de exportación ligeramente inferior a los 15 dólares que presupuesta la Secretaría de Hacienda.

Esta danza de cifras permite decir dos cosas: 1) que si resulta trascendental discutir el asunto del IVA, igual o más trascendente es discutir el asunto de las contribuciones petroleras; 2) que no es necesariamente cierto que incluso en el caso de una improbable baja significativa de precios del crudo en 1998, estos ingresos se desplomen; 3) que sólo con una reforma de fondo, gradual y paulatina, se superarán los vicios que genera esta excesiva dependencia presupuestal y tributaria del petróleo, que a todas luces es injusta no sólo con Pemex, porque lo hace aparecer más débil de lo que es y requerir al capital privado, sino la nación, pues mucho se subsidia --aquí sí de veras-- a quien no se necesita.