Las demandas y prioridades de la ciudad están bien definidas y son irreversibles. Nada más para empezar: freno a la inseguridad pública, combate a la corrupción, castigo a la impunidad, aplicación de la justicia y generación de empleos.

Cada una de estas exigencias se tiene que convertir obligadamente en soluciones al plazo más inmediato posible, o al menos, en un visible y confiable encauzamiento. Hay que traducir los problemas a respuestas múltiples y en correspondencia a diferentes ámbitos, pues no sólo se enmarcan en decididas acciones de gobierno, nuevas actitudes y conductas de los servidores públicos, formulación de buenas leyes, mayor inversión empresarial, sino también en la corresponsabilidad de las organizaciones vecinales y civiles, con la inclusión indispensable de la participación de la ciudadanía misma.

Tan sólo a corto plazo, por lo que se refiere a la agenda legislativa del Distrito Federal, en la que se entreveran facultades de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Diputados, junto con las propias del Senado, estos temas se acumulan y deberán constituirse en verdaderos avances del marco jurídico, que con amplitud y profundidad requiere la ciudad de México de aquí al año 2000.

Es en principio el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se reformará en el actual periodo de sesiones aún cuando no conlleve reformas constitucionales, principalmente en el caso del artículo 122 constitucional, que es parte de la agenda del próximo año, el detonante que generará previsibles acciones legislativas en este mismo sentido, como son, entre otras, la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el de la Asamblea Legislativa, respectivamente.

Con carácter urgente, por el clamor ciudadano, tendrán que revisarse igualmente leyes fundamentales, como la de Seguridad Pública y otras relacionadas con la de procuración de justicia, incluyendo la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del DF.

De gran trascendencia será la nueva Ley de Participación Ciudadana, que ampliará los derechos de los ciudadanos con la idea de transitar de los Consejos Ciudadanos que ya tuvimos con limitadas facultades, hacia formas jurídicas semejantes a los cabildos con facultades plenas para cogobernar, lo cual implicará la celebración de elecciones a más tardar en julio de 1998.

Pero la lista de asuntos a legislarse continuará por otras vertientes también importantes y vitales para el buen funcionamiento de la ciudad, como su propia ley electoral y la creación de un organismo independiente, o en otra dimensión lo referente a la Ley de Obra Pública y la de Adquisiciones, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, donde se establece y aprueba el monto de endeudamiento del próximo gobierno del DF, que se discutirá la próxima semana.

Al catálogo habría que agregar leyes como la de tipo condominal y el código de tutela y adopción plena que, en su caso, tendrán que aprobarse pronto en la Cámara de Diputados. Y así otras cuestiones relevantes que se asoman en este vasto horizonte: conflictos de límites territoriales entre el DF y el estado de México, que incluso requieren de decisiones de autoridades y legisladores de ambas entidades, y dar seguimiento a aspectos sobre leyes en materia inquilinaria, desarrollo urbano, transporte y fomento económico.

En conjunto, el trabajo es inmenso y debe responder, en su esencia, al gran e histórico cambio de refundar jurídica, económica, política y socialmente a la ciudad de México, instalados ya en la antesala del siglo XXI, cuyo inicio todos lo queremos pacífico, con armonía social y marcado por un nuevo pacto social.