¿Qué le pasa al gobierno panista de Baja California que prefiere violar la legalidad antes que permitir el desarrollo de un sindicalismo independiente? Cuando se da un proceso de alternancia en el poder, las expectativas ciudadanas sobre el cambio son muy altas. En una primera experiencia de alternancia hay obligación de hacer cambios institucionales importantes para mostrar a la ciudadanía que se trata de un gobierno diferente a los gobiernos priístas. El debate entre las semejanzas y las diferencias cubre prácticamente la mayoría del clima de opinión sobre estas primeras experiencias. Cuando el electorado ratifica a un gobierno de alternancia, como es el caso de Baja California, entonces es posible empezar a pensar en otro tipo de cambios que lleven a transformaciones más profundas, puede ser el momento de construir una consolidación y de aventurarse hacia modificaciones sustanciales, como por ejemplo el ámbito de las relaciones laborales, un mundo que está poblado de irregularidades y simulaciones.

¿Qué se puede esperar de un gobierno panista como el de Baja California, cuando ese partido ha manejado a nivel nacional la bandera de la democracia y la libertad sindical, e incluso ha elaborado una iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo con esas tendencias? Hoy la evidencia regional contradice esas banderas. Se trata de un caso muy significativo: en una empresa maquiladora coreana, Han Yong de México, SA de CV, se dio un recuento por la titularidad del contrato entre dos sindicatos, uno de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y otro del Frente Auténtico del Trabajo (FAT); el primero es un sindicato de tipo oficial y el segundo es independiente. Se hizo el procedimiento de recuento y las autoridades de la Junta Local, encabezadas por su presidente Carlos Pérez Astorga, se comprometieron a vigilar y proteger el procedimiento para librarlo de las presiones y golpes que cotidianamente se dan en estos eventos. El resultado expresó un resultado muy claro: se determinó a favor del FAT, lo cual representó un caso histórico en este país de simulación y control laboral. Hasta aquí las cosas iban bien, pero resulta que el presidente de la Junta Local es despedido, y el nuevo, J. Jesús Cosío Hernández, emitió una resolución a todas luces violatoria de la legalidad, en la cual se afirman dos barbaridades: que el recuento no es el medio idóneo para comprobar que los trabajadores opten por un sindicato, cuando está plenamente establecido en la ley; y que el FAT no tiene representación nacional, cuando se acreditó de pleno derecho como tal. Y en un acto violatorio de la legalidad le dan la titularidad a la CROC, a pesar de que perdió prácticamente 97 votos contra 3.

Se trata de un mundo al revés: el sindicato que ganó el recuento es castigado y no se le reconocen sus derechos, y al que pierde se le reconoce, en un acto de completa simulación; el presidente de la junta que se comprometió con la legalidad es sancionado y despedido, y se pone a otro que resolvió en contra de la

legalidad; los trabajadores del FAT (Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares, STIMAHCS) que hicieron un movimiento legal y legítimo para buscar su representación, han empezado a pagar las consecuencias y ya han despedido, hasta la fecha, a 13 de sus integrantes. Si este caso hubiera pasado con un gobierno del PRI, no habría mayor sorpresa, porque la vinculación y los compromisos entre el sindicalismo corporativo y el gobierno priísta son un hecho que tiene 60 años de historia, pero la variable alternancia es la que debería modificar el cuadro, pero no fue así.

Las empresas maquiladoras de la frontera tienen un bajo nivel de sindicalización y los gobiernos estatales han sido en general muy complacientes con los inversionistas extranjeros en esta materia. Se teme al sindicalismo independiente porque es el único que puede modificar realmente las condiciones de deterioro salarial. Al FAT se le castiga, además, porque tiene vínculos con sindicatos estadunidenses independientes, como el United Electrical Workers, y eso no esta ``bien visto'', porque en el mundo de la globalidad y el TLC todos tienen derecho a aliarse, las empresas y los empresarios, los gobiernos, excepto los trabajadores.

Un grave error cometió el gobernador panista Héctor Terán, que fue en contra de las aspiraciones de su partido, de los trabajadores de su estado y de las posibilidades de que la alternancia y la democracia electoral sirvan para cambios importantes, como lograr que los trabajadores tengan sindicatos que realmente los representen y vean por sus intereses. Con este tipo de actos violatorios de la legalidad se abona el terreno de los duros del sistema, que han de estar sonriendo frente a este panismo errático.