El centro del debate sobre la reforma del Estado se ha trasladado al ámbito en el que éste deberá de realizarse. Más que discutir sobre la temática y los actores que intervendrán en ella, la disputa entre los partidos políticos se ha concentrado en el papel que el Congreso deberá desempeñar o en la posible intervención de la Secretaría de Gobernación en la negociación de las reformas.

Nadie puede cuestionar la importancia de esta polémica. En ella se juegan tanto disputas por el poder como cuestiones vinculadas con la metodología para conducir el proceso. Por un lado, las representaciones parlamentarias de los partidos de oposición cuestionan la legitimidad del secretario de Gobernación como su interlocutor, e insisten en que éste ha jugado un papel regresivo en la redefinición de las relaciones políticas que se desprenden de las elecciones del 6 de julio. Sacar a Emilio Chuayffet ``de la jugada'' se ha convertido en un elemento clave de su estrategia. Por el otro, es evidente que quien logre imponer las reglas del juego para conducir el debate y la negociación sobre la reforma estará en mejores condiciones de influir en su resultado final. Tal y como lo señala el dicho ``quien hace la ley, hace la trampa''. Meter la negociación al terreno legislativo le da a las oposiciones una ventaja relativa sobre el PRI.

Sin embargo, tarde o temprano, el debate deberá de trasladarse al contenido de la agenda y de los actores que protagonizarán la reforma del Estado. De ello dependerá la profundidad de las transformaciones que se emprendan. Inevitablemente los partidos políticos tendrán que definir el papel que desempeñarán otros actores políticos, como el EZLN, y si el proceso de paz en Chiapas será abordado desde la lógica de la reforma o le ``dan la vuelta'' al asunto.

Una reforma de fondo en las relaciones entre el Estado y la sociedad no puede prescindir de redefinir las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y, por lo tanto, difícilmente podrá permanecer ajeno al futuro de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Asimismo, deberá incorporar las conclusiones del ``Foro Especial para la Reforma del Estado'' convocado entre el 30 de junio y 6 de julio de 1996, por el EZLN, con la coadyuvancia de la Cocopa y la participación de la Conai.

Asistieron a este evento 130 organizaciones y 923 ponentes de 29 entidades federativas, entre los que se encontraban algunos de los más significativos personajes en la lucha por la democratización del país, además de la delegación del EZLN, legisladores y mediadores. Como sucedió con el Foro Indígena realizado en enero de ese mismo año, el documento final del encuentro resumió no el punto de vista de los zapatistas sino la pluralidad de opiniones vertidas por los asistentes.

El 7 de julio, el EZLN dio a la Cocopa las conclusiones del evento, quien a su vez las entregó un día después a las Cámaras de Diputados y Senadores y al presidente Ernesto Zedillo. Los presidentes de las Cámaras manifestaron su ``compromiso de concretarlos en el ámbito legislativo'' (La Jornada, 8/VI/96). Obviamente, esto aún no ha sucedido. La reforma electoral aprobada meses después por los partidos políticos dejó fuera los puntos centrales de las propuestas emanadas de este encuentro.

La realización de estos foros es parte del proceso de paz en Chiapas y su funcionamiento está normado por las ``Reglas generales de la Agenda, formato y procedimiento del Diálogo y la negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad'' aprobadas en San Andrés, Chiapas, el 11 de julio de 1996. Y, aunque ``no constituyen una instancia de decisión ni de resolución sobre los temas contenidos en el diálogo que se desarrolla entre el gobierno federal y el EZLN'', sí ``forman parte del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado'', y sus ``resultados y las propuestas'' deben ser ``trasladadas a las instancias de diálogo nacional y al Congreso de la Unión por la Comisión de Concordia y Pacificación...''.

¿Ignorará el nuevo Congreso las conclusiones de este Foro y a sus promotores, los zapatistas, a la hora de debatir la reforma del Estado? ¿Pretenderá evadir la necesidad de legislar sobre derechos y cultura indígena? ¿Tratará de hacer a un lado o de enmendar la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa? ¿Servirá la negociación para la reforma del Estado como un instrumento para tratar de recomponer el proceso de paz en Chiapas o, por el contrario, para estancarlo aún más? Como se ve, el debate en marcha trasciende, con mucho, el papel de la Secretaría de Gobernación en las pláticas, y obliga a los partidos políticos a definir públicamente su posición en el corto plazo.