Sistemática violación del precio oficial, según estudio de la asociación
Patricia Muñoz Ríos Ť Las empresas gaseras defraudan más de 8 mil 800 millones de pesos anualmente a los consumidores, por la entrega de tanques a medio llenar y la violación sistemática del precio oficial de este producto.
La Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (Amedec) apunta que con una venta diaria de 40 millones de kilos de gas --distribuidos en tanques semivacíos-- estas empresas tienen un ingreso ilícito de 18.67 millones de pesos diarios.
Además, por violaciones al precio autorizado y ``otras acciones'', las gaseras obtienen por lo menos otros 2 mil millones de pesos al año, indica esta organización y apunta que estas prácticas ilícitas aunque bien conocidas y hasta cotidianas, no han podido ser detenidas hasta el momento por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Establece la Amedec que hay un ``bien organizado oligopolio'' de distribuidoras de gas en toda la república, que defrauda a entre 40 y 50 por ciento del total de los consumidores del producto en todo el país.
Según el estudio realizado por esta asociación, las gaseras venden sistemáticamente sus tanques de gas con contenidos incompletos, escamoteando por lo menos 15 por ciento de la cantidad que pagan los consumidores. Sin embargo, hay casos extremos en los que llega a faltar hasta la mitad del contenido de los tanques y esto no se ha logrado frenar totalmente a pesar de los diversos acuerdos firmados con las autoridades, ni con los mecanismos establecidos como el sello de garantía para los recipientes.
A pesar de los convenios con las empresas gaseras, a raíz de sus prácticas irregulares, éstas ocupan el segundo lugar nacional entre los giros con mayor número de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues se recibe poco más de 4 mil quejas anuales contra estas distribuidoras.
En el documento se indica que adicionalmente a estas irregularidades, ``para nadie es un secreto que regularmente no se respete el precio autorizado y se cobre entre10 y 20 por ciento más caro el producto de lo que oficialmente está establecido''. ``Lo más grave de ello --se subraya-- es que esto se realiza especialmente entre los consumidores de las zonas marginadas, donde el engaño en la comercialización del producto viene a mermar más el dañado poder adquisitivo de este sector.
La asociación afirma que los gaseros cometen toda clase de ilícitos irregulares, ya que es frecuente que los trabajadores presionen para la entrega de propinas ``por llevar el tanque hasta el lugar deseado''. Además, se precisa, en el caso de los tanques estacionarios son frecuentes las denuncias contra la práctica de cobrar siempre el tanque completo a los consumidores.
En otros casos, los operarios ``expertos'' sorprenden reiteradamente a los consumidores con la novedad de que su equipo requiere un cambio de válvula, una junta o un tubo, y ellos mismos se ofrecen a hacer tales reparaciones en el momento, las cuales efectúan con las refacciones que quitaron a otros, cobrando entre 40 y 200 pesos el servicio.
En el análisis de la Amedec se indica que las medidas de supuesta seguridad no han impedido que las instalaciones de gas sean el motivo más frecuente de siniestros en toda la república mexicana, pues se estima ue 60 por ciento de los accidentes en casas habitación son causados por problemas con el gas.
En el área metropolitana, los bomberos reciben hasta más de 50 llamadas de alerta diarias por incendios o fugas de gas, y se estima que de cerca de 35 millones de cilindros que hay en el país, 20 por ciento son ``bombas de tiempo'' por su mal estado.
Esta situación prevalece a pesar de que desde hace más de 15 años, los usuarios pagan en el precio de este producto un porcentaje que supuestamente debería estar destinado a renovar los tanques que están en mal estado, lo cual no se realiza, pero sí se cobra, asegura el organismo y cuestiona: ``¿cuál ha sido el destino de estos dineros?''
En este análisis se calcula que en total, las gaseras han defraudado a la fecha más de 200 millones de pesos a los consumidores. Asimismo, en el texto se demanda mayor ``dureza'' por parte de las autoridades y ``no una mano blanda'', con el fin de proteger los intereses de los consumidores, e incluso se propone se considere la posibilidad de abrir este mercado a otros competidores honestos.