ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Universidad Iberoamericana dieron a conocer el martes recién pasado el libro Los derechos humanos en México: la tentación del autoritarismo, compilado por David Fernández y Jesús S. Acosta-Ortiz.

El texto ofrece un análisis documentado de diversas facetas del México descompuesto en el que vivimos, a partir de hechos como el encarcelamiento de los presuntos zapatistas en febrero de 1995, la lucha de los pobladores de Tepoztlán, la violencia en Oaxaca, Guerrero y las Huastecas veracruzana e hidalguense, las violaciones a los derechos de los pueblos indios y de los niños, la extradición sumaria de perseguidos políticos y otras formas de violación de garantías individuales y de derechos humanos.

En la presentación del libro, Acosta-Ortiz ha escrito que hoy ``la tentación autoritaria del régimen balbucee, como nunca, su ominosa realidad'', y explica que la lucha del Centro Prodh ha sido ``en defensa irrestricta frente a un aparato estatal empeñado en enfrentar policiaca y militarmente el reclamo democrático y las consecuencias del rezago social''.

Por encima de las instituciones

Y luego de enumerar el entrelazamiento --``con fibras ocultas''-- de la embestida contra los zapatistas en febrero de 1995, la detención del vasco Andoni Zelaia, la militarización en varios estados del país, el espionaje y hostigamiento contra las organizaciones sociales, los operativos policiacos en el Distrito Federal, la masacre de Aguas Blancas y las reformas a la ley penal limitantes de las garantías individuales, el compilador Acosta-Ortiz plantea: ``Denunciar públicamente la posible existencia de un aparato de coordinación que está determinando, por encima de las instituciones --y previsiblemente incrustado en ellas-- la política de seguridad nacional y seguridad pública en el país, ha tenido la intención, sobre todo, de advertir del peligro que corre la vigencia de los derechos humanos en México si la sociedad permite el paso franco a la guerra sucia y a la violencia de Estado en el país''.

El documento, de más de 300 páginas, ofrece además un análisis sobre la presencia de los militares en las tareas de seguridad pública, y sobre la visión política dominante que privilegia la represión sobre la justicia social. Conviene reproducir algunos conceptos expresados también por Acosta-Ortiz, quien es coordinador de análisis del Centro Prodh, en estos momentos en los que por una parte se discute acaloradamente sobre la orientación del presupuesto federal para el año venidero, y por otro lado se vive la secuela de los asesinatos de la colonia Buenos Aires, con el general Enrique Salgado buscando sobrevivir políticamente de aquí al 5 de diciembre, con tres altos mandos militares arrestados y con los zorros atrincherados.

Garantizar la seguridad política del Estado

``El interés prioritario del gobierno no está en la política social. Y como prevención ante el aumento de la delincuencia y ante posibles estallidos de descontento por la crisis económica --que en el actual modelo no tienen solución en el corto y mediano plazo--, se opta por medidas de carácter coercitivo a través particularmente del refuerzo policiaco y de la militarización de las instancias de seguridad pública.

``Hay diversos indicadores de que en las esferas gubernamentales prospera una concepción de `seguridad nacional' que, en realidad, esconde una estrategia para garantizar la seguridad política del Estado.

``La lógica se invierte: no se trata ya de preservar la soberanía de un peligroso enemigo extranjero, ya sea éste real o imaginario; ahora el enemigo está dentro, oculto tras de cualquier ciudadano común.

``La perversidad de esta concepción está en que el virtual `enemigo' está definido en función del interés político y económico oficial. El `enemigo' germina, según esta visión, en los excluidos de ese interés, en los millones de personas que viven en graves condiciones de pobreza, y aun de miseria''.

La tentación de participar en política

Acosta-Ortiz añade en otra parte de su texto que ``recurrir a militares para tareas de seguridad pública representa peligros muy grandes: militarizar nuestra vida cotidiana, convertir a las fuerzas armadas en enemigos de su propio pueblo, y arriesgarlas, al mismo tiempo, a la corrupción y a la tentación de intervenir directamente en asuntos de política interna''.

Así, la militarización de la policía significa adoptar una nueva lógica en materia de seguridad pública, pues el mandato de los policías proviene del Poder Ejecutivo, como responsable de la conservación de la estabilidad y la seguridad de la sociedad, ``en cambio, el mandato militar supone un entrenamiento y una preparación para aniquilar a los enemigos de la soberanía y la seguridad nacionales, que dentro del país, se identificarían con el crimen organizado y el narcotráfico. Las facultades del Ejército son, pues, las necesarias para eliminar al adversario, y de ninguna manera para rehabilitarlo a fin de que pueda integrarse a la sociedad. El riesgo de fusión o confusión de estas dos lógicas es atentatorio para los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos''.

Signos de autoritarismo

Para entender la crisis que se vive a partir de los asesinatos de la colonia Buenos Aires, resulta también importante la enumeración que en el libro citado se hace de los signos que desde 1994 han mostrado el avance del autoritarismo: la modernización ``contrainsurgente'' de las fuerzas armadas, la creación de nuevas zonas militares, la integración de cuerpos mixtos formados por militares y policías para operativos específicos, el replanteamiento oficial del concepto de la seguridad pública, las reformas penales referidas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la campaña en favor del endurecimiento de las penas, la reformulación de la doctrina de la seguridad nacional, la militarización de la seguridad pública, la impunidad y la ausencia del estado de derecho, y el hostigamiento a defensores de derechos humanos.

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