Autoridades civiles y militares deben sujetarse a la ley, advierte Zedillo
Rosa Elvira Vargas Ť La lucha contra la delincuencia debe darse con un ineludible apego a la ley y toda autoridad, sea civil o militar, sabe que su deber es actuar conforme a derecho, estableció el presidente Ernesto Zedillo. Dijo que la población distingue entre la fortaleza de las instituciones y los actos indebidos que cometen personas que debieran servirla, por lo que aseguró que ``actos aislados de individuos no deben poner en entredicho toda la labor de instituciones leales y útiles a la nación''.
Al reunirse el miércoles en Los Pinos con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el mandatario resaltó que en un estado de derecho incluso el combate a la criminalidad debe hacerse con riguroso apego a la ley, pues no se puede defender la ley violándola, ni se la puede aplicar atropellándola.
``No bajaremos la guardia --comprometió-- hasta que todos los grupos sociales, las personas y sus bienes cuenten con la seguridad a que tienen derecho; no se bajará la guardia hasta recobrar la confianza de la población de que cada violación de la ley será perseguida con eficacia''.
Dijo tener plena confianza en que los responsables de la administración de justicia de la capital seguirán laborando en armonía con las nuevas autoridades que entrarán en funciones el próximo 5 de diciembre. A su vez, ofreció de nuevo su permanente disposición para colaborar, ``con el mayor espíritu constructivo'', con quienes han recibido el mandato de los capitalinos y respetar las atribuciones que la ley confiere a cada autoridad.
En ese mismo escenario, hizo también un amplio reconocimiento al regente Oscar Espinosa Villarreal, quien, afirmó, no ha soslayado los problemas y los ha enfrentado con valentía. Ha procedido, dijo, de acuerdo con el interés de los habitantes de esta capital, ``ha actuado sirviendo a México''.
Problemas de seguridad y de procuración de justicia
Zedillo dirigió un discurso a los miembros del Poder Judicial capitalino en el que partió de asumir que persisten graves problemas de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Pese a los esfuerzos realizados por el gobierno, admitió, continúa la inseguridad en las calles, en los caminos, en los centros de trabajo y sitios de reunión. Se mantiene además el desapego a la ley, el abuso de autoridades y la impunidad de muchos deliencuentes, observó.
Una vez más llamó a construir una nueva cultura de apego a la ley en la que se involucren todos los sectores y en la que se correspondan el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos y una invariable conducta de las autoridades ajustada estrictamente a las normas y a los derechos humanos.
``El combate a la delincuencia, venga ésta de donde venga, y su castigo conforme a la ley, son deberes esenciales del poder público'' planteó. Enseguida, reiteró que nadie, sin importar de quien se trate ni la posición que ocupe, puede estar por encima de la ley.
Dijo que es deber de todos velar por el honor, la autoridad moral y el prestigio social de las instituciones ``que con patriotismo, con identificación popular y con compromiso social, sirven al pueblo de México''. Sólo la verdad sirve a la justicia y sólo ésta sirve a las instituciones, subrayó el Ejecutivo.
Ofreció que protegerá invariablemente a las instituciones con la ley y con la verdad, porque aquellas son lo más valioso que tienen los mexicanos para encauzar el esfuerzo y dar certeza al futuro.
Reafirmó que una de las tareas más apremiantes es el combate a la delincuencia y lograr la primacía de la ley para todos, todo el tiempo. Para ello se requiere de un trabajo constante y de largo aliento, así como del apoyo de las instituciones.
Fue en ese punto donde consideró indispensable e inaplazable avanzar más rápido en la lucha contra la delincuencia, pero que ello debe hacerse con apego a las leyes. A éstas, además, debe reforzárseles y restructurar las corporaciones policiacas para impulsar reformas verdaderamente profundas en las procuradurías y fortalecer la coordinación y el entendimiento entre autoridades y grupos sociales.
Recursos
Todo ello, comentó, requiere de recursos que, por cierto, siempre son escasos. Reseñó que para el año que está por cerrar, el presupuesto de egresos consideró recursos especiales por mil 905 millones para seguridad pública que se han distribuido en el nivel federal y los gobiernos estatales y municipales.
Para el presupuesto del próximo año, continuó, el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluye un incremento de 27 por ciento en ese rubro y que se destinarían, de aprobarse, al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Prevé además incrementos importantes en otras asignaciones asociadas a ese renglón, tales como el gasto para la Procuraduría General de la República, donde se propone un aumento de más de 13 por ciento en términos reales.
En los renglones de la seguridad pública y administración de justicia, apuntó Zedillo, falta muchísimo por hacer y de ahí, añadió, la propuesta de trabajar más estrechamente con el Poder Legislativo y los gobiernos estatales, el Poder Judicial y todos quienes se encuentran involucrados en ese sector para abrir nuevos horizontes de apego a la ley, y en el que la autoridad se gane el respeto de la población y los delincuentes sean castigados con el rigor que corresponda a sus delitos.
Por su parte, el presidente del Tribunal, Jorge Rodríguez y Rodríguez, hizo ante Zedillo un recuento de las reformas y labores de esa instancia judicial.
Aprovechó también para asegurar que el Presidente puede enfrentar, como hasta ahora ha sucedido, todos los problemas que se le presenten, ``porque en su personalidad se encuentra delineada la fortaleza de su espíritu al que integra su convicción de construir la historia con la dignidad que México merece... para lo cual operará como fuerza la lealtad de sus principios, que con toda seguridad aprendió de sus padres, de los cuales es fiel reflejo su familia y que no son otros que la constante volundad de hacer el bien a sus semejantes''.