Todavía no se puede dar por concluido el conflicto político en Chihuahua por el desacuerdo del gobernador panista, Francisco Barrio Terrazas, con las reformas electorales aprobadas por un Congreso local dominado por el PRI.
Chihuahua es uno de los estados donde se elegirá nuevo gobernador el año venidero y por eso las reformas legales adquieren mayor relieve. Los priístas sostienen que Barrio se opone a la reforma electoral porque le quita al gobierno el control de los organismos que realizan los comicios, a pesar de que esa ha sido una demanda general del PAN en todo el país.
El gobernador panista y sus seguidores responden que no es ese el motivo de su desacuerdo, sino que las reformas no aseguran la limpieza y transparencia de las próximas elecciones.
Lo cierto es que para oponerse a la entrada en vigor de la nueva ley electoral, Barrio y sus seguidores impulsaron un referéndum, a fin de que los ciudadanos manifiesten directamente si están o no de acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso local.
El Tribunal Estatal de Elecciones rechazó la petición de convocar al referéndum, porque no se reunieron las firmas suficientes para respaldarlo. Además, los priístas dijeron que en la relación se incluyó a personas no registradas en el padrón del estado.
Los panistas respondieron con una relación adicional de ciudadanos que están de acuerdo con el referéndum e interpusieron un recurso de inconformidad con el dictamen del Tribunal Estatal de Elecciones. En respuesta, el titular de ese organismo, Rafael Lozoya, dijo que se revisará el alegato del comité promotor del referéndum y que el fallo definitivo se dará a conocer el próximo jueves 27 del presente.
La cosecha
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