A unos cuantos días de la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal, la situación en la capital es preocupante, pero comprensible. En lugar de un clima de alegría y hasta optimismo porque el 5 de diciembre se iniciará una nueva etapa en la vida política de la ciudad, fruto de la voluntad popular expresada en las urnas el 6 de julio, hay poco interés y hasta indiferencia ciudadana frente al relevo, además de hechos suficientes para preocuparse.

Los cinco meses que median entre el momento de la elección del jefe de gobierno y su toma de posesión sin duda es un tiempo excesivo. En el futuro debiera reducirse al mínimo necesario, tal vez a unos cuantos días.

Por ahora, en ese lapso se produjo, por falta de previsión o enfoques posiblemente equivocados, la inhibición de las fuerzas triunfantes. Se perdió la iniciativa política y el contacto con los electores quienes esperan formas de participación democrática para contribuir con la gestión del gobierno de Cárdenas.

El equipo de gobierno en formación no quiso o no pudo ejercer el necesario control sobre la administración saliente y ésta, por interés faccioso, negligencia, incapacidad, o por las tres sinrazones juntas, ha dejado que algunos problemas, por ejemplo el de la seguridad, lleguen a un nivel de tensión peligrosa, al borde de la provocación.

Sería erróneo suponer buena fe e institucionalidad civilizada de parte de los hombres que abandonan el gobierno del Distrito Federal y de su partido. Sólo en sus noches de pesadilla imaginaban otros resultados que no fueran la victoria de Alfredo del Mazo, por la cual trabajaron intensamente. Esperaban continuar en posiciones de gobierno en la ciudad con todos sus beneficios y mecanismos de control clientelar.

Al ser derrotados por los 2 millones de votos que dieron la victoria a Cárdenas, y pasado el estupor, remprendieron la lucha abierta o soterrada con nuevas formas, tal vez más ásperas y sucias, para crear condiciones adversas al nuevo gobierno y sentar las bases para imponerle después del 5 de diciembre fuertes tensiones y el mayor desgaste político posible.

Las buenas maneras y la cordialidad en el trato a la Comisión de Enlace o transición, así como las señales civilizadas del Presidente de la República al renocer el triunfo de Cárdenas el 6 de julio y más tarde ofrecer cederle las designaciones del procurador y el secretario de Seguridad Pública, no pueden ocultar la realidad: recuperar el Distrito Federal, y por ello luchar contra el gobierno que iniciará sus funciones en diciembre, es una prioridad para el PRI y todas sus facciones. Cualquier forma será buena aunque irresponsablemente pueda llevar a la desestabilización y a un callejón peligroso.

Desde esta perspectiva deben verse algunos hechos ocurridos después del 6 de julio: la beligerancia de los grupos de vendedores ambulantes controlados por el PRI, los paros en la Tesorería del Distrito Federal o en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde de repente viejos dirigentes antes apoltronados se ``radicalizaron''; la sospechosa conducta de la policía el 2 de octubre, encaminada a provocar pánico en el centro de la ciudad; la agresividad exagerada de inspectores de vía pública contra vendedores ambulantes. Todo parece orquestado o resultado de la omisión deliberada del gobierno capitalino saliente.

En este clima destaca la conducta de la Secretaría de Seguridad Pública. Los operativos del general Salgado, apoyados enérgicamente por Oscar Espinosa Villarreal, no asestaron, ni mucho menos, golpes importantes a la delincuencia organizada pero sí desencadenaron la ilegalidad, el abuso, la violencia criminal, el atentado al derecho de parte de los encargados de la seguridad pública. Tras la aprehensión y consignación de los oficiales del Ejército que jefaturaron a los jaguares, zorros y motopatrulleros todo eso ha quedado claro.

Pero también la incompetencia del general Salgado de quien no puede admitirse su cándida explicación de que no estaba informado. Deberá esclarecerse si con sus acciones u omisiones no hubo el propósito de contribuir a crear un clima de inestabilidad para torpedear al futuro gobierno. Salta a la vista también el desacierto de meter a los militares en funciones de seguridad pública.

En todo caso, el ominoso fin del gobierno de Espinosa Villarreal no puede sino preocupar a la sociedad entera y alertar a quienes votaron por Cárdenas y aspiran a compartir, desde la sociedad, el gobierno de la ciudad.