Ante la crisis de la ciudad de México, los ciudadanos votaron el 6 de julio contra la política económica neoliberal y el régimen de partido de Estado y por un cambio de proyecto de ciudad y de forma de gobernarla. Los rasgos concretos que tendría este proyecto alternativo son complejos por la naturaleza de la urbe y la necesidad de actuar integralmente sobre muchos frentes, pero sus elementos motrices se precisaron durante la campaña electoral: gestión democrática, participación ciudadana, planeación estratégica, coordinación metropolitana, desarrollo de la economía popular, responsabilidad social del gobierno, inclusión social y continuidad en el cambio.

La gestión democrática supone corregir las deformaciones del régimen priísta: erradicar la corrupción; eliminar la discrecionalidad, el patrimonialismo y el corporativismo como formas de gobernar; desmontar el verticalismo autoritario y superar la ineficiencia y prepotencia burocrática. Sus rasgos positivos son: un gobierno que actúe como colectivo en la definición y aplicación de las políticas; una relación de dialogo y corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados, y la construcción de un servicio público de carrera, no corporativo, despolitizado, eficiente y con ética de servicio a la ciudadanía.

La participación ciudadana es el instrumento esencial del cambio mediante formas como el referéndum, plebiscito e iniciativa popular; espacios como audiencias públicas y cabildos abiertos; procesos como el presupuesto y la planeación urbana participativos; representaciones abiertas como los consejos ciudadanos delegacionales y los consejos consultivos institucionales; acciones directas como la participación en seguridad pública, lucha contra la corrupción, protección civil, difusión cultural, mejoramiento social, atención a sectores vulnerables. La planeación estratégica puede sustituir los viejos esquemas tecnoburocráticos, pragmáticos, aparentemente neutros pero realmente al servicio del poder económico y político y puramente normativos, por una concepción eminentemente política, de claro sentido social y colectivo, científicamente sustentada, prospectiva e instrumental, construida sobre consensos mayoritarios.

La coordinación y concertación de acciones a nivel metropolitano, con las instancias estatales y las comunidades y gobiernos de los municipios conurbados, mientras se logra constituir legalmente una autoridad metropolitana, permitirá hacer eficientes y racionales las políticas de ambas partes, reducir sus costos económicos y sociales e ir construyendo la ciudadanía y las identidades metropolitanas. Revertir la imagen de gobierno al servicio exclusivo del gran capital y promover y apoyar prioritariamente las distintas formas de la economía popular en campo y ciudad, para recuperar el mercado interno, crear empleo y mejorar los ingresos de la mayoría, es un imperativo de la equidad distributiva y la lucha contra la violencia, y una respuesta al repudio contra el neoliberalismo salvaje.

De este mismo proceso forma parte la construcción de un gobierno con responsabilidad social y una política social no mercantil ni privatizada que tenga como meta garantizar a todos los ciudadanos sus derechos; aunque los indigentes y sectores más vulnerables sean sus primeros objetivos, debe tener un carácter universal; no puede ser asistencialista, discrecional y estrechamente compensatoria. El rigor, la imaginación y creatividad que se pongan en juego en su construcción dará la medida de la capacidad de las fuerzas democráticas para ser alternativa.

Política económica, social, cultural y territorial son los instrumentos clave de la lucha contra la exclusión social, la búsqueda de una nueva integración de la comunidad urbana que actúe con solidaridad verdadera, no con la caricatura diseñada por el antiguo régimen.

En lugar del continuismo con cambios que garanticen la permanencia de lo viejo maquillado de modernidad, lo que quiere la ciudadanía es un cambio que permita alcanzar los objetivos de transformación social y política democrática. Cambiar la ciudad y construir otra, más humana y para todos, es una tarea de décadas; no es posible hacerlo en tres años. El programa del nuevo gobierno debería establecer una política para una década, políticas y acciones claras, honestidad y transparencia de sus integrantes e interacción con la sociedad privilegiando a las mayorías, para lograr la continuidad del cambio, la permanencia de esta política y del proyecto de ciudad que busca construir; es decir, proyectar esta nueva mayoría hasta más allá del año 2000.