Logran México y EU acuerdo para combatir el tráfico de armamento
David Aponte Ť La Procuraduría General de la República (PGR), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) pusieron en marcha un programa de inteligencia y coordinación de investigaciones para combatir y condenar a los principales traficantes de armamento, fundamentalmente a las mafias vinculadas con el narcotráfico, indica un acuerdo de los gobiernos de México y Washington.
Un grupo de expertos de México y Estados Unidos realizará tareas de rastreo para determinar si las armas de fuego vendidas legalmente en las armerías estadunidenses ``son desviadas al mercado ilegal para uso de narcotraficantes en territorio mexicano''. Una oficina de la ATF y del Servicio de Aduanas instalada en la embajada estadunidense en México servirá de enlace, explica.
Ambos gobiernos también estudiarán la posibilidad de reducir los periodos para el otorgamiento de permisos de exportación de armas, de cuatro años a 12 meses.
El Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) considera en su diagnóstico presentado en mayo de 1997 que EU ha sido ``un importante país de origen para las armas de fuego que se desvían ilícitamente a otras naciones'', y México ``es un destino primario para la exportación ilegal'' de armamento proveniente de territorio estadunidense.
Hay numerosas modalidades para que los traficantes adquieran armas en Estados Unidos: ferias de armerías, mercados callejeros, reuniones de trueque y otros mercados sin regulación oficial, así como los poseedores de licencias federales, quienes venden gran parte del armamento que entra ilícitamente a México, explica.
Actualmente, agrega, hay unos 130 mil poseedores de licencias federales en Estados Unidos. Más de 6 mil están ubicados a lo largo de la frontera.
El nuevo acuerdo bilateral fue negociado entre mayo y noviembre de 1997 y forma parte de la nueva estrategia conjunta de combate a las drogas.
Con la aceptación de la parte estadunidense de que el trasiego proviene de su territorio, definieron tres objetivos: elevar los esfuerzos para interceptar el tráfico de armas, especialmente el que está vinculado al narcotráfico; fortalecer las capacidades de cada nación para detectar y combatir a las mafias, y estudiar mecanismos de intercambio de información entre las agencias competentes para localizar las tendencias, las rutas y las modalidades, mediante un programa mensual con datos del armamento decomisado y las personas detenidas.
Los gobiernos pactaron fortalecer la cooperación para interceptar los cargamentos y realizar investigaciones conjuntas en relación con las organizaciones dedicadas al trasiego de armamento, en especial a los proveedores de los cárteles de la droga.
Adicionalmente, decidieron poner en marcha un ``programa con miras a la detención y condena de los principales traficantes de armas de fuego de ambos países, comprendiendo el desarrollo e intercambio de información e inteligencia, así como la coordinación de investigaciones''.
En el acuerdo, las autoridades mexicanas y estadunidenses mencionan que las agencias encargadas, la PGR, el FBI y la ATF, iniciarán un ``programa especial'' para la atención del tráfico ilícito de armas transfronterizo.
Los especialistas estadunidenses estarán a cargo de la capacitación y el adiestramiento de los agentes mexicanos -quienes en la mayoría de los casos no han mostrado experiencia en la identificación de las armas- para el rastreo de armamento proveniente de Estados Unidos.
``Los gobiernos tomarán medidas para aumentar el alcance de la asistencia técnica y entrenamiento a través de mecanismos tales como entrenar al entrenador y proveer los programas y materiales para complementar el entrenamiento del instructor'', detallan.
De acuerdo con los reportes del Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas de México (SEUCD), las autoridades mexicanas han decomisado 23 mil 841 armas de fuego cortas y largas entre 1995 y 1996, de las cuales 36 por ciento corresponde a los aseguramientos vinculados con el narcotráfico. En el mismo periodo, se incautó un millón 224 mil 718 municiones de diferentes calibres, de los que 17 por ciento fue clasificado bajo el rubro de delitos contra la salud.
``Los estados en los que se decomisó la mayor parte de las armas, durante el periodo en cuestión, son Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Sinaloa. Las cifras más altas relativas a aseguramientos vinculados con otro tipo de delitos corresponden a Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Distrito Federal y el estado de México; mientras que las cifras más altas relativas a los aseguramientos relacionados con delitos contra la salud corresponden a Michoacán, Baja California, Tamaulipas y Sinaloa.
``En Michoacán y Sinaloa se concentra un alto porcentaje de la producción de narcóticos, en tanto que en Tamaulipas y Baja California operan algunas de las organizaciones de narcotraficantes'', agregan los informes del SEUCD.