Con posterioridad al movimiento revolucionario, que hoy conmemora 87 años, las instituciones políticas de México no habían sufrido mayores cambios que los que se están dando a partir de una década atrás, y sin duda el que se logró el 6 de julio pasado es particularmente relevante. La composición de la Cámara de Diputados, en la que el PRI perdió su mayoría absoluta, puede transformar al mismo Poder Legislativo y sus relaciones con los otros poderes, así como ser la instancia generadora de los cambios que requiere la democracia que se construye.

En este proceso democratizador los partidos políticos tienen, por supuesto, un papel protagónico; sin embargo, en la etapa actual uno de sus principales escenarios está precisamente en el Congreso de la Unión, especialmente en esta nueva Cámara de Diputados. Por ahora, aquí es donde se pueden apreciar con mayor claridad sus posturas y decisiones acerca de la vida política y económica del país. En síntesis, sus proyectos de nación están a la vista a través de sus diputados.

Por su parte, los ciudadanos guardan grandes expectativas acerca de lo que la Cámara de Diputados puede lograr. Esperan que los partidos de oposición y los diputados que eligieron respondan a sus demandas y a sus ofrecimientos de campaña, sobre todo considerando que ya no están dominados o limitados por la tradicional mayoría priísta. Pero hasta del PRI en el Congreso, incluyendo a sus senadores, se espera mucho. Se desea que reaccione con madurez ante la nueva composición de mayoría de la Cámara que no es la suya, pero que representa a la ciudadanía, que finalmente es quien reclama los cambios nacionales.

Por estas circunstancias que colocan en la primera línea política al Congreso, las fracciones parlamentarias de oposición reflejan mediante sus posiciones en ella, los principios ideológicos y de plataformas de sus partidos que los han llevado al lugar que hoy ocupan. Su consistencia y congruencia hacia el exterior, así como la que se perciba al interior de cada bancada, demostrarán sus orígenes y sus intenciones partidistas. Sobre todo, será en decisiones cruciales para nuestra inmediata vida política y económica donde se irán perfilando sus características particulares, independientemente de sus coincidencias entre sí. Es decir, el que voten unidos y formen mayoría de oposición al PRI, no es obstáculo para observar sus razones propias, que los llevarán también, en otras ocasiones, a emitir votos distintos. En la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Ingresos para el 98 estaremos constatando este proceso.

Entre PAN y PRD existen coincidencias en materia de distribución de los egresos, el aumento para el gasto social es una de ellas, y como demanda de la oposición esta solicitud fue incorporada en la propuesta de la Secretaría de Hacienda, al menos en las cifras presentadas. En materia de ingresos o recaudación fiscal, hasta ahora estos partidos coinciden en la reducción o eliminación de algunos impuestos. Pero aquí las diferencias son también notorias. El PRD está planteando la eliminación del IVA de consumos que considera básicos y tasas más altas para otros; en cambio, el PAN, de acuerdo con su plataforma de campaña, propone la reducción gradual de este impuesto para todos los artículos y consumos actualmente gravados con él. La Secretaría de Hacienda ha mostrado en este aspecto una total cerrazón e insensibilidad hacia esta sentida demanda ciudadana, argumentando que el presupuesto nacional se vería afectado precisamente en el gasto social. De lo que por supuesto no hablan, es de recortar sus gastos burocráticos, de eficientar recursos y ``abrocharse el cinturón'', como lo ha hecho la población de México.

Lo crítico del asunto reside en el tiempo reducido, para mediados de diciembre, en el que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto para no paralizar las actividades económicas y de funcionamiento del país. Y aunque todas las partes manifiestan estar conscientes de esta delicada responsabilidad, el Ejecutivo parece precisamente estarle apostando a que la oposición decline en sus propuestas de reducción fiscal al aprobar el presupuesto para así no poner en riesgo el funcionamiento nacional. Y es que con suficiente anterioridad, los funcionarios federales y el mismo Presidente, conocían de estas demandas, pero se niegan a ceder un ápice de su recaudación fiscal. Prefieren acorralar a la oposición, ponerla contra la pared.

En el fondo del asunto está en juego el poder y el control sobre una materia que siempre había sido del total dominio presidencial. En el presupuesto nacional nunca había intervenido el Poder Legislativo, aunque así lo señale nuestra Constitución emanada de la Revolución de 1910. Hoy otra revolución se está dando en México.