Ha de destacarse la declaración formulada ayer por el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, quien señaló que el rezago en la cobertura de servicios de salud a la población no derechohabiente es ofensiva y lesiva para la nación y para la sociedad.

Sin desconocer la justeza del señalamiento ni la dolorosa verdad a la que apunta, cabe señalar que, además del rezago mencionado, persisten una ofensa y una lesión mayores: la existencia misma de un vasto sector de los habitantes no incluido en ningún esquema de seguro médico, ni público ni privado. Tal sector refleja, a su vez, la cuantiosa y agravante expulsión de trabajadores del mercado laboral en lustros recientes.

Lo dicho por el secretario de Salud significa, a fin de cuentas, que el país no está dando cumplimiento a plenitud al derecho a la salud, establecido en el artículo cuarto de la Carta Magna.

No es el único caso. La Constitución se incumple también, entre otros puntos, en el que se refiere al derecho a una vivienda digna y decorosa (Art. 4o.) y a un trabajo digno y socialmente útil (Art. 123), así como en lo que respecta al salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades normales del trabajador y su familia (Art. 123).

En dos de los ámbitos señalados -salud y trabajo- existen leyes federales que debieran garantizar y regular el acatamiento a los mandatos constitucionales. Pero el panorama es aún más difícil en el caso de los denominados derechos sociales, para cuya observancia no existen ni siquiera los mecanismos legales correspondientes, como lo señaló Juventino Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien propuso, atinadamente, la creación de una acción social de amparo.

En la creciente y preocupante brecha entre los preceptos constitucionales y la realidad inciden distintos y complejos factores: por una parte, es claro que la legalidad nacional experimenta rezagos en relación con los cambios demográficos y sociales experimentados por México en décadas recientes; por la otra, el modelo económico impuesto en los últimos tres lustros ha colocado al Estado en la imposibilidad de hacer efectivos diversos derechos derivados de la Carta Magna; asimismo, existen deformaciones sociales e institucionales -empezando por la corrupción- que convierten en letra muerta preceptos constitucionales fundamentales; por último, circunstancias políticas coyunturales, como el peligroso estancamiento de las negociaciones en torno a los acuerdos de San Andrés, hacen imposible la aplicación efectiva del artículo 4o. constitucional, según el cual ``la ley protegerá y promoverá el desarrollo de lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social'' de los pueblos indígenas.

En todos los casos mencionados, la divergencia entre la máxima ley del país y las situaciones sociales reales constituye un fenómeno inaceptable y por demás riesgoso que debe ser corregido.