Para el nuevo gobierno del Distrito Federal las relaciones políticas y de coordinación con el vecino estado adquieren una vital importancia para fortalecer la democracia y asegurar parte de su futura gobernabilidad. El reciente encuentro entre ambos jefes de gobierno marcó el inicio de un cambio histórico. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no es ya el regente designado por el Presidente del gobierno federal, sino representante de un gobierno local electo, lo que modifica sustancialmente la actitud centralista con que se habían dado las relaciones entre el Distrito Federal y el estado de México. Entre iguales, dicta un proverbio, los acuerdos son mejores. De ahí la cordialidad derivada del reciente encuentro.

Diversos escenarios conjuntos habrán de enfrentarse en los próximos tres años. En primer lugar, la notoria expansión física de la urbe hacia el estado de México, producto de la disminución de las tasas de crecimiento en el Distrito Federal. En 32 municipios conurbados se concentra ahora 60 por ciento de la ciudad; hasta aquí llegan día a día cientos de pobladores expulsados de las áreas centrales, creando enormes asentamientos de pobreza que carecen de los más elementales servicios. Destacan en los últimos meses las notorias ocupaciones en Ixtapaluca, Los Reyes la Paz, Nextlalpan y la sierra de Guadalupe de Ecatepec. Aminorar tal expulsión es una de las primeras tareas de la coordinación metropolitana. Parte de la delincuencia se nutre de esta precaridad urbana.

Otros problemas prioritarios para el Distrito Federal tienen igualmente su origen en los territorios del estado de México. Es el caso de la infición atmosférica que emana de las industrias contaminantes, la mayor parte de ellas localizadas en los municipios conurbados. O bien del crecimiento del mercado ambulante en la zona central del Distrito Federal a partir de la operación de las nuevas líneas metropolitanas del Metro y de la conexión de las rutas de microbuses a sus estaciones. Las políticas del transporte basadas en seguir atrayendo millones de usuarios hacia el Centro Histórico lo han convertido en una zona de paso, y por ende en concentradora de comercio. Tales políticas centralistas deberán ser revisadas en breve para resolver la desordenada ocupación del comercio ambulante alrededor de las estaciones del Metro.

Al respecto, una tarea inmediata de la coordinación del transporte es el establecimiento de las rutas metropolitanas como las que operaba la ex Ruta 100, las cuales eliminaban los inecesarios transbordos al llegar a las fronteras administrativas. Ojalá y para eso sirvan las 10 mil placas metropolitanas entregadas al transporte concesionado.

Otro asunto prioritario entre ambas entidades son las inequidades. Aunque existen marcadas diferencias presupuestarias que no dependen de ambos gobiernos sino del Congreso, hay otras desigualdades sociales que podrían atenderse en el corto periodo del nuevo régimen.

Como es conocido, 30 por ciento del agua que se consume en la zona metropolitana proviene de las cuencas de Lerma y Cutzamala pertenecientes al estado de México. Pero al entrar en la ciudad la distribución es inequitativa, dado el mayor diámetro de las tuberías en el Distrito Federal. Sería conveniente atender las propuestas técnicas que permitan incrementar los volúmenes del líquido hacia los municipios conurbados del norte y oriente, pues hacia allí se dirigen los actuales crecimientos de la urbe.

La capacitación y los equipos de los cuerpos de seguridad es otra de las notorias diferencias que deberán solventarse. La delincuencia duerme allá y actúa aquí o viceversa; y la impunidad policiaca se extiende por toda el área metropolitana sin respetar fronteras. Aquí hay entonces otro pendiente: ajustar coordinadamente a las policías y las acciones de seguridad entre ambas entidades.

Hasta ahora las comisiones metropolitanas han servido para elaborar diagnósticos y estrategias conceptuales, muchas de ellas contenidas en el recién presentado Proyecto de Programa de Ordenación del Valle de México; pero han carecido de las funciones ejecutivas indispensables para hacer cumplir sus propósitos. En ese sentido, la creación de un gran consejo metropolitano con fundamentos constitucionales, como funcionan en otras grandes ciudades y como fue sugerido en el encuentro entre ambos funcionarios, sería una propuesta viable, aprovechando que se ha reducido la presencia centralista del Ejecutivo federal entre el gobierno del Distrito Federal y el estado de México.