El presupuesto federal de ingresos y gastos es un instrumento fundamental de la política económica. Su discusión, de suyo relevante, cobra más importancia en la coyuntura actual, cuando comienza a concretarse una auténtica división de poderes, en parte gracias a la nueva composición plural de la Cámara de Diputados en la que el PRI ya no es mayoría.

Conviene revisar el presupuesto de inversión propuesto por el Ejecutivo federal para la industria petrolera, pues ello marca nítidamente la política que en los hechos se aplica en ese sector estratégico.

En su reciente comparecencia ante la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, el nuevo secretario de Energía entregó un documento en el que se señala que el objetivo básico de Pemex es ``fortalecer las actividades de extracción de petróleo crudo y gas''. En particular, esto significa que se busca incrementar en 190 mil barriles diarios la extracción de petróleo crudo durante 1998 para destinarlos a la exportación.

Al igual que en el pasado reciente, esta política petrolera se lleva a la práctica mediante el destino que se da a la inversión de Pemex. De una inversión total para 1998 cercana a los 8 mil 500 millones de dólares, el gobierno propone que el 62 por ciento (5 mil 250 millones de dólares) se concentre en la extracción de hidrocarburos. Este monto equivale a tres veces el canalizado a la refinación del petróleo crudo, a diez veces el destinado al procesamiento del gas natural, y a veintisiete veces el que recibirían las plantas petroquímicas.

Resulta inaceptable continuar con el pésimo negocio de extraer y exportar el petróleo crudo sin transformarlo industrialmente en nuestro país. Resulta contrario al interés económico y comercial del país concentrar la inversión de Pemex en la extracción de hidrocarburos y descuidar la infraestructura de refinación y petroquímica, cuando estamos produciendo petróleo crudo en abundancia para exportarlo a precios bajos, mientras que tenemos escasez de combustibles e insumos petroquímicos que debemos importar a precios altos y en volúmenes crecientes. Ello va en contra del objetivo de ``maximizar a largo plazo el valor de nuestras reservas de hidrocarburos'', que los directivos de Pemex dicen perseguir. Adicionalmente, esta política termina por agravar aún más el déficit en la balanza comercial del país, que podría explotar durante el año próximo.

Es urgente iniciar un auténtico debate sobre la política petrolera y energética que se viene aplicando en México desde el régimen de Miguel de la Madrid y que se ha profundizado durante la actual administración. Pemex es y seguirá siendo de gran importancia para la economía nacional y las finanzas gubernamentales. Por ello conviene cuidar esta industria y vigilar que su operación y sus resultados beneficien a los mexicanos.

Los integrantes de diversas organizaciones, entre las que destacan Oilwatch-México (vigilancia civil al petróleo), Desarrollo, Ambiente y Sociedad (DAS), el Movimiento de Campesinos y Pescadores de Campeche y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), estamos convocando a un amplio debate nacional e internacional sobre la política petrolera y energética del país, a desarrollar en diversos foros regionales, que culminarían con un foro internacional en la ciudad de México el 18 de marzo de 1998, fecha en que se cumplen 60 años de la expropiación petrolera.