``Bajo un gobierno que injustamente condena a la gente a la cárcel, el verdadero lugar de un hombre justo es la cárcel''. Quizás por eso, el dirigente campesino Rogel del Rosal está preso en San Luis Potosí desde el pasado 5 de noviembre.

Su detención es un doble agravio de la autoridad tanto contra su persona como contra los indígenas y productores rurales a los que representa. Y lo es, porque ésta respondió a una acción civil que exigía el cumplimiento de derechos sociales, que en su momento la autoridad reconoció como legítimos, y porque es una violación a sus garantías individuales.

Rogel del Rosal es, simultáneamente, un dirigente social y un líder político de oposición. Con más de 15 años como organizador rural, actualmente es asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), que agrupa indígenas nahuas, teneks y pames, y campesinos mestizos pobres de la huasteca potosina, que producen café, naranja y piloncillo. Es miembro de la comisión de enlace de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). Participa, además, en el PRD, partido al que pertenece desde su fundación, y ganó la presidencia estatal en los comicios internos recientemente celebrados.

Fue detenido por policías locales en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, y trasladado a la penitenciaría del estado, acusado por el comandante de la Policía Federal de Caminos Rubén Navarrete García y por el hoy subsecretario de gobierno, José Rodríguez Esquivel, de plagio y secuestro de dos funcionarios públicos, por ataques a vías de comunicación y resistencia de particulares.

La demanda penal tiene su origen en las movilizaciones pacíficas que en agosto de 1996 realizaron más de 2 mil productores exigiendo el cumplimiento de acuerdos tomados con el gobernador pero no instrumentados por otros funcionarios. Los campesinos demandaron, en aquel entonces, la entrega de garantías a los productores de café pagadores del financiamiento 95-96 que indebidamente estaba en manos de Banrural, ejecución de un programa emergente de apoyo para hacer frente a la sequía que había afectado a la región, el arreglo de los caminos de acceso a las comunidades, así como el apoyo a los proyectos productivos de las mujeres indígenas. La ineptitud, arrogancia y falta de responsabilidad de algunos funcionarios públicos cerraron inicialmente los caminos de la negociación, pero la movilización logró abrirlas. La mayoría de estos requerimientos fueron finalmente resueltos.

En la huasteca potosina viven poco más de 195 mil indígenas, en su mayoría nahuas. Allí se concentran los más altos niveles de marginación en el estado. Desde hace más de veinte años, en que se formó el Campamento Tierra y Libertad, se ha desarrollado un desigual proceso organizativo independiente alrededor de la lucha por la tierra, la gestión de servicios, el control del proceso productivo, la democratización de los municipios y las demandas de género. Han florecido distintas organizaciones sociales reivindicativas al tiempo que la CNC ha perdido membresía e influencia política. El navismo, el cardenismo y el zapatismo civil se han convertido en plataformas político-ideológicas para articular sus intereses.

Las denuncias sobre ataques a las vías de comunicación y resistencia a particulares en contra de Rogel del Rosal fueron ya desahogadas, pues el gobierno del estado pagó las fianzas respectivas. Se mantiene, empero, la denuncia sobre plagio o secuestro a funcionarios públicos. Sus abogados han interpuesto una apelación contras las resoluciones del juez del Segundo Distrito, pero el juez del Tribunal Unitario que dio curso a la apelación puede tardar hasta un mes para emitir su dictamen.

La detención del asesor de campesinos huastecos evidencia tanto la atrofia que priva en los canales institucionales para procesar las demandas sociales como el sesgo antipopular que poseen los mecanismos de procuración de justicia. El corporativismo como modelo de relación entre los sectores populares y el Estado está en crisis, y no existen nuevas reglas del juego para sustituirlo. Para los sectores populares, el derecho se aplica para impedir que haya justicia, y la justicia sirve a quien pueda comprarla.

Rogel del Rosal debe ser liberado, pues debemos evitar que, como decía Bertolt Brecht, la injusticia adquiera ``carácter de legalidad debido simplemente a que se repite con frecuencia''.