A patadas mataron a 2 de los 6 jóvenes de la Buenos Aires

Bertha Teresa Ramírez Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una nueva línea de investigación en el caso Buenos Aires después de constatar que dos de los jóvenes asesinados el 8 de septiembre pasado fueron ultimados a patadas por los elementos policiacos que viajaban en el camión identificado como Ruta-100.

La nueva línea de indagación, según las fuentes policiacas, señala que luego de ser asesinados dos de los detenidos, se tomó la decisión de matar a los otros, por lo que la averiguación quedará abierta para establecer hasta dónde puede llegar la responsabilidad en los crímenes.

Las investigaciones de la PGJDF indican que en el Ruta-100 fueron subidos cuatro jóvenes, entre ellos Daniel Colín Enciso, quien estaba herido de bala en una pierna.

Colín Enciso era el cuarto secuestrado en el camión. Los otros tres, Angel Leal Alonso, Carlos Alberto López Inés y Román Morales Acevedo, fueron obligados a abordar el vehículo en el Eje 3.

Dos de ellos murieron a consecuencia de los golpes recibidos mientras eran trasladados presumiblemente a Balbuena. Una de las autopsias realizadas a sus cadáveres muestra traumatismo craneoencefálico, hecho que motivó el inicio de la nueva línea de investigación.

Los acusados

La matanza en la Buenos Aires ha ocasionado la aprehensión de 26 policías, 23 más están prófugos y tres mandos militares están acusados de homicidio con premeditación en el juzgado 19 de esta ciudad.

En total, hasta ahora son 52 los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados y con orden de presentación en este caso, pero según las autoridades judiciales la nueva línea de investigación arrojará otros nombres y otros rangos.

En el Reclusorio Oriente...

Al mediodía del lunes el juez décimo noveno de lo penal del Reclusorio Oriente, Cleofas Lucas Pérez, decretó formal prisión al coronel Moctezuma Ilhuicamina Zepeda, ex jefe del Grupo Jaguar, y al general José Lamberto Ponce Lara, ex jefe del Grupo Fuerza de Tarea Zorros, como probables responsables del delito de homicidio calificado contra los seis jóvenes de la colonia Buenos Aires.

El juez ejercitó acción penal contra los dos mandos militares por el delito de homicidio cometido en agravio de Juan Carlos Romero Peralta, Daniel Colín Enciso, Iván Oscar Mora Lecea, Angel Leal Alonso, Carlos Alberto López Inés y Román Morales Acevedo.

De la misma forma se estableció formalmente abierto el procedimiento ordinario para la tramitación de dicha causa, y se recordó a los indiciados que tienen los siete días que marca la ley para que ofrezcan pruebas y que cuentan con tres días hábiles para apelar la resolución.

El abogado Enrique Fuentes León, defensor de Moctezuma Ilhuicamina Zepeda, dijo que la ``resolución del juez es contradictoria, insostenible y alejada de la fundamentación legal para cumplir con el artículo 19 constitucional que exige una serie de normas que no se acataron, ya que no se les puede atribuir el delito de homicidio calificado'' a los acusados.

Es un error jurídico ``enorme, y vamos a demostrar durante el proceso que nuestro cliente es inocente'', subrayó.

Por su parte, el abogado Simón Herrera Bazán, defensor del general Lamberto Ponce, consideró que el decreto de formal prisión contra su cliente no se apega a derecho, ya que no se reúnen los requisitos legales para ese fin.

Indicó que es posible que recurran al recurso de apelación ya que no están de acuerdo con el decreto establecido por el juez para declarar a su defendido probable responsable de los homicidios de los seis jóvenes de la Buenos Aires.

Suspenden confrontación de testigos con policías por segunda ocasión

Por la mañana fue suspendida por segunda ocasión la confrontación que sosten-drían los 26 policías detenidos con los testigos de la colonia Buenos Aires, debido a que cuatro personas que pueden declarar sobre los hechos por haber estado presentes no acudieron a la comparecencia.

El juez de décimo noveno de lo penal trasladó la fecha de la diligencia al próximo 27 de septiembre.

Poco antes de que se iniciara la comparecencia de este lunes, en los pasillos del juzgado 19 madres, familiares y vecinos de los jóvenes ejecutados se encontraron con los familiares de jaguares y zorros.

Después de un diálogo, ambas partes sostuvieron que lo único que debe importarles a todos es llegar a la verdad para que se castigue a los responsables de los homicidios y se libere a los policías que no tengan responsabilidad en los crímenes.

Por la noche...

A las 19 horas la comisión de seguimiento de la investigación del caso Buenos Aires de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reunió en privado con el procurador Lorenzo Thomas en la sede de la dependencia a su cargo.

Al término del encuentro el diputado local Armando Salinas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, dijo que esa instancia legislativa cuestionó por qué hasta que intervino la Procuraduría de Justicia Militar se dio respuesta a muchas de las inquietudes de la sociedad sobre la ejecución de los jóvenes.

La respuesta oficial, según fuentes de la propia PGJDF, indica que desde el pasado 30 de octubre se tuvo integrada la averiguación contra el director del Agrupamiento de Motopatrullas, Jesús Alonso Valdés, y que el 6 de noviembre se giró oficio a los secretarios de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, para que pusieran a disposición del Ministerio Público a los mandos de Zorros, Jaguares y Motopatrullas.

Las fuentes consultadas establecieron que los legisladores locales Martí Batres y José Narro manifestaron su interés porque la averiguación continúe abierta para que la acción de la justicia llegue hasta los culpables de los homicidios que aún no son detenidos o están prófugos.

Interrogado sobre si se investiga a Salgado Cordero, el diputado del Partido del Trabajo Jóse Narro dijo que ``no se negó la posibilidad, pero tampoco es afirmativa''.

Respecto de la situación de Enrique Tello Quiñones, ex director de Agrupamientos de la SSP, dijo que no se les proporcionó información alguna debido a que esto podría perjudicar el desarrollo de la averiguación: ``No estamos satisfechos con la información que recibimos, pero eso fue lo único que nos comunicaron. Ellos argumentaron que no podían darnos ningún dato más porque podrían alterarse las investigaciones''.

Martí Batres afirmó que a la comisión integrada por los cinco coordinadores parlamentarios de la ALDF se le informó que no está cerrada la investigación y que sigue abierta la posibilidad de que haya otros responsables.

Reiteró que, de determinarse responsabilidades, la sanción que se exigirá no será la renuncia, sino el castigo conforme a la ley.