ASTILLERO Ť Julio Hernández López
Los concursos para el ascenso del personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano que actualmente se desarrollan en Tlatelolco son violatorios de la normatividad jurídica, pues el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría Treviño, los convocó haciendo a un lado el reglamento de la ley correspondiente e imponiendo un nuevo sistema, arbitrario y discrecional.
La grave ilegalidad fue cometida de manera consciente y a contrapelo de las varias advertencias que se le hicieron al titular de la SRE, quien convocó a los concursos con base sólo en una ``recomendación'' realizada por una comisión administrativa de personal, y aplicando finalmente --a manera de enmienda, y de forma retroactiva-- un decreto presidencial que se emitió un mes y medio después de lanzada la convocatoria para los concursos --cuando ya se había recorrido irregularmente casi todo el proceso preparatorio--, y a tan sólo cuatro días de que iniciaran las evaluaciones directas.
La historia de este acto autoritario cometido claramente con desprecio hacia la ley, está plenamente documentada desde su inicio, el 25 de septiembre, cuando el secretario Gurría acordó convocar a los concursos de ascensos sin obedecer los artículos 38 y 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano vigente desde el 12 de octubre de 1994 y ateniéndose, en cambio, a la ``recomendación'' hecha por la comisión de personal que preside el subsecretario Sergio González Gálvez (transformada en un grupo de trabajo al que se sumó, para su presunta mayor representatividad, a un miembro designado de cada uno de los rangos diplomáticos).
En esencia, la ``recomendación'' consistió en cambiar el sistema de evaluación de los aspirantes a ascender en la carrera diplomática, dejando arbitrariamente atrás el método que otorgaba 50 por ciento de los puntos de calificación a la valoración del expediente de cada interesado, y otro 50 por ciento a los exámenes orales y escritos.
Ahora, 70 por ciento de la valoración proviene del expediente y 30 por ciento restante de los exámenes, abriendo así una enorme puerta para la discrecionalidad, pues en ese 70 por ciento se califican rubros objetivos como preparación académica, publicaciones hechas, dominio de idiomas, desempeño profesional pero, además, un abanico de subjetividad en el que caben la ``complejidad de la adscripción'', la ``antigüedad absoluta y relativa'' y otros ``elementos que dan cuenta y califican las circunstancias y el contexto en que se verifica el desempeño profesional y/o se desarrollan las capacidades académicas del evaluado''.
Al respecto, el ministro Jorge Alvarez Fuentes había dicho en su discurso de toma de posesión como presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), el 22 de octubre del año en curso, que ``el servicio exterior (...) vive hoy momentos decisivos'', pues ``la moral y la autoestima de muchos de sus miembros se encuentran abatidas'', tanto por ``la incertidumbre, el individualismo y la desconfianza'' como por ``una moral baja (que) es el resultado de algunas iniciativas y decisiones adoptadas por las autoridades superiores de la SRE en los últimos años (...) con el consecuente relajamiento en la disciplina técnica del servicio''.
Respecto del nuevo sistema de ascensos, el presidente de la ASEM dijo que aparte de ``no ser el que se consigna'' en las disposiciones reglamentarias del caso, ``lleva a más de uno a pensar que las oportunidades para participar ya no se ofrecerán de manera balanceada y equitativa'', y que existe ``la sensación de que en vez de un avance lo que puede haber es un retroceso''.
En esa ocasión también se consignaron las dudas respecto de ``la presunta inequidad y probable insuficiente sustento jurídico'' derivados del hecho de que los miembros de carrera del servicio diplomático deben cubrir de su peculio los costos de pasaje y los gastos de manutención en México, cuando se trasladan desde los lugares donde están asignados para participar en los concursos que son ``una obligación no personal, sino institucional''.
También se mencionó en esa oportunidad la pregunta de si habría o no conflicto cuando uno de los concursantes ya ha sido nombrado embajador o cónsul general por el Presidente de la República, y ratificado por el Senado, y el riesgo de que ese ``nombramiento constitucional'' quedara ``en entredicho'' al someterse esos embajadores o cónsules a un examen --obligadamente de resultados inciertos-- para un rango inferior.
Otro punto relevante de aquel discurso de Alvarez Fuentes fue el del programa de rotación del personal de carrera, que ``en 1997 no hizo justicia, en buena medida, a lo dispuesto en los artículos 77,78 y 79 del reglamento'' correspondiente. La ejecución del citado programa, que mueve a los diplomáticos de adscripción geográfica conforme pase determinado tiempo, `` fue tardía, y en algunos casos diferida, con las consecuencias negativas para muchos miembros y sus familias, en particular por lo que hace respecto a los hijos en edad escolar''.
Además, perdió como programa institucional reglamentado, la efectividad y transparencia que en el pasado había ganado. En este año, se explica, ``sólo a posteriori se publicó una lista, incompleta por cierto, de los movimientos y las nuevas adscripciones de miembros del SEM que participaron en la rotación''. Por ello, se hacen votos porque ``se destierren favoritismos o decisiones autoritarias''.
Pero a pesar de los señalamientos y advertencias, el autoritarismo siguió adelante, y los diplomáticos que hoy participan en el concurso de ascenso en las oficinas de Tlatelolco, lo hacen al amparo del decreto presidencial del 13 de noviembre en el que, al fin, se reformaron los artículos 38, 40 y 41 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para acoplarse a los términos de la convocatoria lanzada desde el 25 de septiembre por el secretario Gurría.
Es decir, a los diplomáticos que buscan ascender en su carrera se les aplica retroactivamente, y en su perjuicio, un decreto presidencial cuyos términos son distintos de aquellos con los que debería por obligación legal convocarse y desarrollarse el citado concurso.
Luego, a esos diplomáticos se les lanza al mundo a decir que México es un país donde se vive un estado de derecho y se respetan las instituciones.
Astillas: Ya de salida, y en medio de los gravísimos problemas que afectan la seguridad pública de los capitalinos, las autoridades dependientes de Oscar Espinosa aún conservan ánimos para enfrentar con tretas legalistas a los comuneros potosinos que desde hace meses están plantados frente al Palacio Nacional, en espera de que el presidente Zedillo les dé una audiencia y se les resuelvan sus añejos males. Ayer por la noche, el juez tercero cívico del DDF llamó a don Pedro Jasso --propietario del famoso burro El Chaparro-- a comparecer para que responda por presuntas violaciones al reglamento gubernativo de justicia cívica. Según eso, a don Pedro se le acusa de ``impedir la libertad de acción de las personas'' y de ``impedir o estorbar el uso de la vía pública''...
Fax: 5 12 65 46 Correo electrónico: [email protected]