En la larga transición entre el viejo y el nuevo gobierno del Distrito Federal, hay un elemento crucial: el presupuesto para 1998. El gobierno que se va armó su esqueleto siguiendo sus métodos y políticas; el que llega tiene que adecuarlo a su política urbana sin tener aún el conocimiento suficiente sobre el aparato que recibe y la realidad de los proyectos que hereda. En este camino, pueden ser útiles algunas reflexiones sobre la situación de las finanzas públicas de la capital, siguiendo la información de uno de sus actores (Beristain, Javier, Las finanzas públicas del Distrito Federal en 1997, PUEC-UNAM, México, 1997).

Los ingresos totales del DDF, relativamente estables de 1991 a 1994, sufrieron una caída brusca a partir de la recesión de 1995 y aunque tienden a recuperarse, no alcanzan aún el nivel de 1994. De ellos, los ``ingresos propios'' (impuestos, derechos, productos y aprovechamiento) se mantuvieron entre 1992 y 1997 arriba del 50 por ciento, en relación a los obtenidos de ``participaciones'' del gobierno federal y ``otros ingresos''; comprensiblemente, los ingresos propios fueron los más afectados por la recesión.

El gasto público total se recuperó de la caída sufrida durante la recesión de 1995, superando en 1997 el nivel de 1994; pero hay una participación creciente del ``gasto no programable'', destinado básicamente al pago del servicio de la deuda interna y externa, que anula el crecimiento del gasto total y mantiene estancado el ``gasto programable'', frente al crecimiento de las necesidades sociales y el imperativo de cubrir el rezago histórico que constituye la deuda social del gobierno. La tendencia al crecimiento rápido del servicio de la deuda pone en riesgo en el mediano plazo, la capacidad de las finanzas urbanas para atender sus compromisos, por lo que su renegociación o absorción por el gobierno federal parece una prioridad de la gobernabilidad democrática.

La limitada información presupuestal disponible dificulta la selección de los rubros que van realmente a la satisfacción de las necesidades sociales; pero se puede afirmar que en los últimos años, el gasto público, restringido por la política gubernamental y los efectos fiscales de la crisis, se orientó básicamente al gasto en seguridad pública, grandes obras hidráulicas y de transporte y vialidad (59.44 por ciento en 1997), y a soportar inversiones inmobiliarias privadas; la satisfacción de las necesidades sociales fué relegada. Metro, drenaje profundo, Acuaférico y grandes obras viales (puentes y ejes viales) para mejorar el tránsito de automóviles, consumen parte sustancial del presupuesto, reduciendo al mínimo otros campos de la inversión y la operación de otros servicios esenciales para el bienestar de las mayorías.

A precios constantes, el gasto en ``bienestar social'' creció del 16.5 al 17.5 por ciento del total del ``programable'' entre 1991 y 1997, pero sigue siendo muy bajo para atender las necesidades; el de ``desarrollo económico'' es casi insignificante en términos absolutos y relativos: 1.17 por ciento del total, orientándose más a facilitar la gran inversión privada, que a impulsar un desarrollo económico sostenido y equitativo; así, el gobierno del DF carece de instrumentos reales de acción en este campo. Es notoria la restringida acción sobre el sector agropecuario y para el apoyo a la economía popular. En general, los rubros del gasto que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades esenciales de la población son insuficientes para responder a las necesidades más apremiantes. Llama también la atención la no correspondencia entre la realización de obras materiales y la programación presupuestal de su mantenimiento y operación, sobre todo en servicios sociales.

No cabe duda que para hacer viable el cambio urbano y resolver los rezagos sociales, será necesario ampliar la base gravable del Distrito Federal, combatir la evasión fiscal, hacer que tributen más los que más poseen, ganan y consumen y, sobre todo, variar progresiva pero sustancialmente la orientación del gasto público, sometiendo a revisión muchas de las grandes obras, haciendo pagar a los empresarios los costos derivados de los megaproyectos privados para obtener recursos en otros rubros sustanciales como salud, educación, atención a sectores muy vulnerables, etcétera.

Parece evidente la necesidad de que el nuevo gobierno diseñe un presupuesto distinto, que sustituya la mentalidad modernizadora neoliberal que cifra su éxito en obras monumentales al servicio de la inversión empresarial y de las nuevas mercancías tecnológicas, por otra que entienda al desarrollo urbano, en primer lugar como el mejoramiento de la calidad de vida de todos los capitalinos, empezando por empleo, educación, salud y habitabilidad. La responsabilidad social del gobierno es garantizar los derechos humanos, sociales y constitucionales a todos, lo que exige pagar su deuda con la mayoría empobrecida.