A Jaime Cota, víctima de la intolerancia en Tijuana

Se recrudece la ofensiva contra la disidencia y la oposición en México. Chenalhó, Sabanilla, Tila, en Chiapas, y Tijuana en Baja California, son ejemplos claros de esta nueva ofensiva. Si agregamos las declaraciones recientes de Pedro Joaquín Coldwell (La Jornada, 25/11/97), en las que entra en contradicción con las publicadas los días 7 y 8 pasados sobre la propuesta de la Cocopa, vemos que el movimiento pendular en las políticas gubernamentales es una constante propia del doble lenguaje de Ernesto Zedillo.

Se avanza un paso en las declaraciones y se retroceden dos en los hechos. Esta es la situación con respecto a la presencia del EZLN en Chiapas, pero también en otras partes del país. Ahora resulta, como hace algunos meses, que el EZLN deberá retirar ``oficialmente su declaración de guerra'', como paso importante para el restablecimiento del diálogo --según Joaquín--, olvidándose por completo que el diálogo se suspendió por el incumplimiento por parte del gobierno de las condiciones para el diálogo establecidas por la Ley correspondiente.

¿Cómo se pueden decir tantas tonterías desde el gobierno? ¿Pensará Joaquín que nadie se acuerda en México del pasado inmediato? La declaración de guerra del EZLN al gobierno mexicano no ha sido reconocida por éste. Para el Ejército federal los zapatistas han sido ``transgresores de la ley'', para la parte civil del gobierno son ``los que se inconformaron'', y el diálogo, primero en San Cristóbal (en tiempos de Salinas) y luego en San Andrés (ya con Zedillo), se ha dado, mal que bien, sin pedirle al EZLN que retire su declaración de guerra.

Si Joaquín escribió que ``lo firmado, firmado'', y que por lo tanto el gobierno tiene que cumplir, ¿cómo ahora se avanzaría en el diálogo retirando el EZLN su declaración de guerra? Aparentemente la estrategia gubernamental volvió a cambiar, pero no es cierto. Es la misma. La estrategia del gobierno, y se ha dicho repetidas veces, es exactamente la misma: cercar, dividir, acosar, expulsar y buscar que tanto los zapatistas civiles y militares en Chiapas, como sus simpatizantes allá y en otras partes del país, se cansen, se aburran y regresen a la ``normalidad''.

En estas mismas páginas, desde 1995, he escrito que la estrategia del gobierno es múltiple y que sus armas no sólo son las del ejército regular sino las de guardias blancas, grupos paramilitares, policías de diversos uniformes y sin éstos y, por si no fuera suficiente, la intimidación y la agresión selectiva a la gente que se opone al establishment y simpatiza con las fuerzas progresistas que quieren convertir a México en un reino de la democracia, la justicia y la libertad. La novedad, muy preocupante por cierto, es que cada vez hay más fuerzas represivas al margen de la ley, pero ``toleradas'' por los gobiernos federal y estatales, que actúan en contra de los segmentos de la sociedad no alineados con las políticas neoliberales y antidemocráticas del gobierno.

No son sólo los Chinchulines y el grupo Desarrollo, Paz y Justicia en Chiapas, son también otros grupos --con cabezas semirrapadas-- los que hacen de las suyas violando la ley para proteger a las instituciones que, como se demuestra por la existencia misma de esos grupos, no funcionan.

¿Se darán cuenta los gobernantes que están actuando como el doctor Frankenstein? ¿Se darán cuenta que están creando monstruos por todos lados y luego no habrá quién los controle, si acaso en estos momentos están controlados? Ejército en funciones de policía, policías y militares en funciones de delincuentes, civiles en funciones de vigilantes del sagrado orden de la ingobernabilidad y también en funciones de militares y de policías. Esto es la ciudad de México, Chiapas, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, para sólo mencionar los estados en donde más recientemente se ha observado el fenómeno.

De la misma manera que no hay gobierno sobre las trasnacionales que controlan la economía mundial, tampoco hay gobierno sobre las fuerzas represivas (quisiera creerlo) en el país. El desgobierno de Zedillo no se ve por la falta de autoritarismo (éste es evidente), sino por la falta de autoridad legal e institucional en un Estado de derecho que cada vez existe menos a pesar de que cada vez se habla más de él.

Gobierno, institucionalidad, apego al derecho, libertades, justicia, democracia, son los mínimos que exigimos los mexicanos para sobrevivir. ¿Será mucho pedir?