La experiencia histórica nos indica que es de la mayor importancia identificar los errores cometidos en el pasado para evitar que se repitan. La triste y dolorosa historia del manejo de la deuda externa mexicana durante las últimas tres administraciones presidenciales en México es testimonio del alto nivel de estos costos para la sociedad y la economía nacional. Por ello es fundamental que al discutir el presupuesto, el Congreso de la Unión elabore procedimientos nuevos para asegurar que no se incurre en un endeudamiento excesivo.

La Secretaría de Hacienda ha propuesto que se apruebe un techo al nuevo endeudamiento externo para el sector público de 5 mil millones de dólares para el año entrante. En otras palabras: más allá de las operaciones de reestructuraciones de deudas previamente contraídas que lleve a cabo el gobierno, se propone limitar el nuevo endeudamiento a la cifra de un 6 por ciento adicional sobre el monto actual del endeudamiento público a largo plazo, el cual se sitúa actualmente en alrededor de 90 mil millones de dólares. Sin embargo, el total de la deuda pública es sustancialmente mayor ya que hay que agregar las deudas a corto y mediano plazo de organismos y banca paraestatales y aquéllas bajo garantía del Banco de México, para los cuales no quedan claros cuáles serán los topes al endeudamiento.

El problema, sin embargo, no concluye allí, pues como demuestra la historia mexicana de los últimos veinte años el gobierno no ha respetado los topes ratificados por el Congreso, y casi siempre ha encontrado formas de provocar un endeudamiento muy superior al esperado. En este sentido, es evidente que existe un problema crónico de falta de transparencia en la información que proporcionan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México sobre la evolución del endeudamiento externo. Y precisamente por ello es importante que se informe y se explique (con una periodicidad mensual) a los legisladores y a los medios de comunicación la evolución no sólo de la deuda a largo plazo sino asimismo de la deuda a corto plazo de todos los organismos estatales, incluyendo la del Banco de México y de los bancos paraestatales. En caso contrario, los contribuyentes y sus representantes no pueden saber si se está haciendo un buen uso de sus dineros.

Además de disponer de la información realmente completa sobre la evolución de la deuda externa pública, es también fundamental contar con una evaluación más certera de la deuda contratada en el exterior por grandes empresas y bancos privados mexicanos que, en su conjunto, se aproxima hoy en día a la enorme cifra de 50 mil millones de dólares. Sería conveniente saber, por ejemplo, cuáles garantías tienen esas empresas para el pago de sus deudas externas en el caso de enfrentar problemas financieros, por ejemplo, en la forma de reaseguros.

Por este motivo podría proponerse que los legisladores creasen una Oficina de información y evaluación de la deuda externa, anexa al Congreso de la Unión, la cual pudiese reunir y analizar los informes proporcionados por Hacienda, el Banco de México y el sector privado con objeto de proporcionar a las cámaras información más completa sobre este tema crucial. En este sentido, es notable que los propios diputados no suelen tener acceso a los contratos detallados de los préstamos extranjeros que ellos han autorizado, aun después de firmados y realizados. Es claro que no debe entorpecerse la labor de la Secretaría de Hacienda en sus negociaciones con la banca internacional pero sí es necesario una mayor vigilancia para evitar los crasos errores del pasado que desembocaron en los estruendosos colapsos financieros de 1982 y 1995.