Todavía hay recomendaciones sin respuesta: CDHDF

Ricardo Olayo Ť El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, dijo que diversas autoridades tienen pendiente el cumplimiento de recomendaciones enviadas por ese organismo, entre ellos el regente Oscar Espinosa, porque no ha pagado el monto de expropiaciones.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos, Jorge Piña Medina, tampoco ha dado cumplimiento, indicó el ombudsman en un balance de los funcionarios que no han respondido a pesar de que aceptaron los exhortos.

En la lista mencionó al director general de Reclusorios, Julio Pérez Benítez, por el trato desigual ejercido en las cárceles, y al secretario de Seguridad Pública, Enrique Thomas, por los operativos ilegales, un caso de tortura y el desalojo ilegal de un grupo de manifestantes en el que fueron afectados varios fotógrafos.

Lorenzo Thomas, procurador de Justicia capitalina, tiene por cumplir los casos de averiguaciones mal integradas, dilación para cumplir órdenes de aprehensión y la ``lentitud exasperante'' para resolver casos de tortura, entre otras.

De la Barreda dijo que el ideal es que los funcionarios cumplan las recomendaciones al 100 por ciento, aunque la cifra actual de cumplimiento, que es de 80 por ciento, está en un buen nivel.

Informó que se ha reunido con el jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, quien le ha expresado su decisión de apoyar la defensa de las garantías ciudadanas.

Recomendación al delegado en Iztapalapa

De la Barreda presentó la recomendación 17/97 dirigida al responsable político en Iztapalapa, Jaime Aguilar Alvarez, quien se ha negado a restituir un inmueble a sus legítimos propietarios.

En 1989 Felipe Reyes, morador de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, prestó en forma gratuita parte de su vivienda para que se instalara una lechería de Liconsa, y para ello firmó un contrato por comodato que vencía en el momento que encontraran lugar para instalarse. Pero a pesar de que el sitio fue ubicado, el local no ha sido restituido y a lo largo de los años se han opuesto tanto las autoridades delegacionales como Liconsa. El propietario incluso ya murió, pero la CDHDF pide que se desocupe su inmueble.