Astillero Ť Julio Hernández López

Jesús Blancornelas, codirector del semanario bajacaliforniano Zeta, se había reunido en días pasados con otros periodistas, del país y del extranjero, con la idea de formar ``un organismo defensivo especializado'' pues, según se dijo en esa ocasión, hay varios periodistas ``marcados'' que posiblemente ``ya no los podamos ver en otra reunión si no hacemos nada''.

El encuentro de periodistas fue convocado por el Committee to Protect Journalists (Comité de Protección a Periodistas), que tiene su sede en Nueva York, y durante él, según la nota escrita por el propio Blancornelas en Zeta, resaltó ``el hecho de que no se iniciará una defensa formal sino hasta que a través de los comisionados se verifique, absolutamente, si realmente es periodista la persona agredida, debido a que en muchas ocasiones se confunden los ataques de origen personal, o diverso, con los causados por el ejercicio reporteril''.

El primer comité organizador de esta instancia especializada de defensa de periodistas está formado por Jorge Zepeda, de Público, de Guadalajara; José Santiago Healy, de El Imparcial, de Hermosillo; Jesús Barraza, de La Prensa, de San Luis Río Colorado; Rossana Fuentes, de Reforma; Raymundo Riva Palacio, de El Financiero; Mario Rashid, de Oaxaca; y el propio Blancornelas, además de la muy probable agregación de Sergio Sarmiento, de Televisión Azteca, según la información dada por el citado periodista bajacaliforniano al semanario Tiempo, de Sonora. Todos quedaron convocados para reunirse de nuevo en enero del año próximo.

Blancornelas, ``marcado'' desde mucho atrás, está en riesgo de no asistir a esa reunión, pues ayer fue víctima de un atentado en Tijuana, en que él no fue muerto -sino herido por tres balas-, pero sí el chofer del periodista y uno de los atacantes.

Ya antes, diez años atrás, había sido asesinado el codirector fundador de Zeta, Héctor Félix, conocido como El Gato. Ahora, Blancornelas alcanza el número 73 en los expedientes de agresiones a periodistas que se han abierto en el presente año aunque, como el propio Jesús lo anotaba en su nota informativa, no en todos los casos los agravios provienen estrictamente de un ejercicio periodístico transparente sino, ``en muchas ocasiones'', de asuntos ``de origen personal o diverso''.

La observación que Blancornelas inscribió en su texto es importante en cuanto, ciertamente, hay múltiples casos en los que el presunto sujeto de represalias por ejercicio periodístico resulta ser un chantajista, un difamador o inclusive un socio o cómplice de actividades como el narcotráfico. Suele suceder que el tono crítico de ciertas publicaciones sea un simple mecanismo de chantaje, y que tras la bandera de la libertad de expresión se encubran propósitos ajenos al verdadero espíritu periodístico.

Guerra abierta entre narcos y militares en Tijuana

En Baja California, el estilo de Zeta ha sido punzante e históricamente ha denunciado errores gubernamentales, corrupción e injusticias. En su número reciente ha publicado la información relativa a la manera como se asesinó a las puertas de un juzgado de distrito, un par de semanas atrás, a dos militares, asignados como elementos de la Policía Judicial Federal.

En un reportaje firmado por Blancornelas y por Sócrates Seamanduras, se establece que el asesinato de los dos militares fue una venganza del cártel de los hermanos Arellano Félix por la reciente aprehensión de uno de sus principales operadores, Arturo Páez, conocido como El Kitty.

Según el trabajo publicado en Zeta, los militares fueron asesinados por un comando entrenado en Israel, y el móvil habría sido una provocación a los altos mandos castrenses que están a cargo de la policía federal en aquella zona. Mientras estaban estacionados a la entrada del edificio de la justicia federal en Tijuana, los militares fueron acribillados desde dos vehículos, primero por un tirador que les vació el contenido de su ametralladora y en seguida, por otro sicario que les remató con toda la carga de balas disponibles en su respectiva ametralladora.

En respuesta al nivel del reto, se asienta que fue enviado a Tijuana un comando militar especial dirigido por un general. ``Esto podría ser el principio de que las fuerzas del narcotráfico comiencen a replegarse o, de plano, se enfrenten a los militares que, no hace falta preguntarlo, vienen dispuestos a todo. Nunca antes el Ejército actuó de esta manera. Tampoco la Procuraduría'', dice la nota de referencia, que es la principal del número actualmente en circulación.

¿De parte de quién?

Aparte de la obligada ruta de indagación que pasa con detenimiento por el punto del narcotráfico (aunque el simple hecho de la falla en la ejecución muestra una falta de profesionalismo inaceptable en ese ámbito, contrastante con, por ejemplo, el asesinato de los dos militares relatado líneas arriba), son múltiples los terrenos por donde puede buscarse a los autores del atentado, desde funcionarios resentidos por críticas en su contra (el propio consejo editorial de Zeta responsabilizó ayer mismo, por la mañana, a unas horas del atentado, al gobernador Héctor Terán Terán, por haberle retirado la guardia policiaca a Blancornelas y así ``ponerlo en peligro de sus enemigos'') hasta aspectos personales y de negocios, entre estos el relacionado con la propiedad accionaria de la revista y otros puntos que ya han sido ventilados públicamente en detrimento del periodista hoy hospitalizado.

Tal cual el propio Blancornelas lo apuntaba en la nota con la que informó de la constitución del órgano de defensa especializada de periodistas, es necesario investigar a fondo, deslindando los aspectos personales de los profesionales, para exigir, en todo caso, justicia y claridad. Blancornelas, con el peculiar estilo periodístico que le ha permitido durante largo tiempo destacar en la frontera bajacaliforniana, es parte importante de una comunidad que hoy desea pronto restablecimiento al compañero y claridad en la investigación que conduzca a actuar con justicia.

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