Quitar garantías a quien reincida en delitos graves, propone Burgoa

Raúl Llanos Samaniego Ť El jurista Ignacio Burgoa Orihuela se pronunció ayer, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en favor de que el presidente Ernesto Zedillo instaure la ``suspensión de garantías individuales'' en esta capital como un medio eficaz para atenuar los ``alarmantes y escandalosos'' índices de inseguridad pública, pero afirmó que ese recurso sólo deberá aplicarse a los delincuentes reincidentes que cometan delitos graves y sean detenidos en flagrancia.

Ante este planteamiento, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Martí Batres, manifestó su desacuerdo con esta medida o con la pena de muerte, y consideró que las alternativas están en el incremento de las penalidades, la agilización de los procesos judiciales y la ejecución de las órdenes de aprehensión.

El doctor Burgoa Orihuela participó en un foro organizado por la ALDF para definir los cambios que requiere el Código Penal de esta ciudad, en donde precisó que los artículos 20 y 29 de la Carta Magna faculta al Ejecutivo federal a recurrir a esa medida que, como también lo establece la Constitución, deberá tener el aval del Congreso de la Unión y ser de carácter temporal.

Reconoció que esa suspensión de garantías ``significa un retroceso, pero un retroceso al que necesariamente debemos ir ante este aumento, verdaderamente escandaloso y alarmante de la delincuencia'', que lejos de abatirse se agrava y aumenta, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, que en muchos casos han resultado ineficaces y estériles. Además reflexionó: ``¿Que eso causaría en el pueblo mucha alarma...? No, no causaría alarma si se define y delimita muy bien el campo de ejercicio de la suspensión''.

En su exposición, el maestro emérito de la UNAM sostuvo que ``lo que puede frenar la delincuencia es una mano firme, una mano drástica del Presidente de la República'' y ya no tolerar tantos crímenes. ``Se necesita --agregó-- un Ejecutivo fuerte que no sería un dictador, arbitrario o tirano, sino que utilizaría la facultad que le da la Constitución''.

Resaltó que uno de los primeros efectos de esa acción sería que los procesos seguidos a los delincuentes reincidentes que cometan delitos graves ya no serían tan prolongados ni habría la posibilidad de que en los ``recovecos o en los resquicios judiciales'', o bien la acción deficiente del Ministerio Público, se permita que sean absueltos y salgan libres.

Aunado a ello, consideró que optar por modificar la Constitución en esta materia para enfrentar la delincuencia llevaría muchísimo tiempo y quizá para entonces el crimen organizado haya cobrado numerosas víctimas.

Dentro de su disertación, el jurista también convocó a los asistentes al foro a reflexionar acerca de la factibilidad de implantar la pena de muerte en el nuevo Código Penal, sobre todo en esta época, en que ``resultan impunes delitos gravísimos''. Aunque su postura fue directa, desde el punto de vista ideológico, filosófico y humano, ``no soy partidario de ella''.

No obstante, insistió en que ``hoy estamos sujetos a ser muertos, robados, asaltados y heridos por cualquier sujeto que nos encuentre en la calle o en nuestros domicilios... es un ambiente de pánico el que se ha apoderado de la ciudad de México.''

En la última parte de su intervención expresó: ``Hoy estamos en un ambiente de anarquía, o sea, sin autoridad, de ingobernabilidad. El presidente Zedillo tiene la oportunidad de ser un buen gobernante, que gobierne verdaderamente y que no sólo represente al país en el extranjero.

``El gravísimo problema de la inseguridad es más grave que la devaluación del peso o los trastornos en la Bolsa de Valores, cuestiones que sólo interesan a los ricos y banqueros. A nuestro pueblo lo que le interesa es vivir en paz, seguro, salir a la calle con la convicción de que no les suceda nada'', concluyó.