Denuncia penal de Raúl Salinas contra el director de la DEA

Juan Manuel Venegas Ť Raúl Salinas de Gortari presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos, a fin de que ``se establezcan las responsabilidades penales'' en las que pudieron haber incurrido tres funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) que lo involucran con el narcotráfico.

Los tres funcionarios a los que Salinas de Gortari pide investigar son Thomas Constantine, director de la DEA; Mike Vigil, agente de la misma, así como ``al representante de esa dependencia en territorio mexicano'', Mike Garfand.

En su denuncia advierte que ``aprovechando mi cautiverio'', por su presunta autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, algunas personas ``que se dicen vinculadas con organismos policiacos extranjeros, me han atribuido sin pruebas la realización de hechos relacionados con delitos contra la salud''.

Por ello, demanda que los tres funcionarios de la DEA aludidos ``deben ser citados para aportar pruebas que surtan todos y cada uno de los requisitos que establecen las leyes mexicanas y las de Estados Unidos, en las que se fundan las manifestaciones frívolas que atentan contra la dignidad de las personas (la suya propia) y ciudadanos vinculándolos continuamente con individuos y organizaciones que realizan actos directos o indirectos relacionados con los delitos contra la salud pública, conocidos coloquialmente como narcotráfico''.

Esas imputaciones ``imprudentes'', agrega el hermano del ex presidente de México, menoscaban la calidad de la persona humana y agravian el orden jurídico no sólamente de México, sino de otros países. Estas acusaciones, subraya, ``penetran como rumores o noticias fundadas inmoralmente en testigos anónimos o datos que nunca constituyen pruebas elaboradas técnicamente, de acuerdo con las leyes''.

Salinas de Gortari --que presentó su denuncia por conducto de su abogado Eduardo Luengo Creel-- subraya al respecto que tanto el derecho mexicano como el estadunidense, ``tienen un catálogo riguroso de los medios de pruebas jurídicos que incluyen la confesión, el testimonio, los instrumentos públicos y privados, la presunción, la pericia y la inspección''.

``Toda afirmación o atribución que se formule --dijo-- debe fundarse en un medio de prueba para no incurrir en responsabilidades'', por parte de quien las haga, por lo que en caso de que alguno de esos funcionarios haya incurrido en alguna violación, ``debe ejercerce la acción penal en su contra''.