La guerra de baja intensidad que libra el gobierno contra los pueblos indígenas de Chiapas (y del país) podría ser detenida por la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades exclusivas: reduciendo drásticamente el presupuesto militar para 1998. Para ello sería necesario, sin embargo, que los grupos parlamentarios del PAN y del PRD entendieran la lógica del marco constitucional y tuvieran la firme decisión de detener el actual proceso de militarización y llevar a México hacia la paz.
1. La demanda apremiante de Ernesto Zedillo a los diputados a fin de que le aprueben 14,220 millones en el rubro de la Defensa, y 5,883 en el de la Marina, para 1998 (Excélsior, 12 de noviembre), resulta a todas luces descabellada, pues constituye más del doble de lo que los diputados priístas le aprobaron para 1995, en un año de derroche en gasto militar y en el que, según el anuario de World Military and Social Expenditures, México ocupó el segundo lugar entre los países en los que la violencia oficial se dirige contra la población.
2. El Constituyente de 1916-1917, lo que parece a menudo olvidarse, creó un marco constitucional destinado a garantizar los derechos individuales y a evitar el militarismo que tan nefasto había resultado en el siglo XIX, y el artículo 129 fue la clave de lo que debería ser un México civilizado, pues estableció que ``en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar''. Al violarlo con impunidad, los últimos gobiernos han abierto por eso la vía al autoritarismo y, en el caso de que alguien se atreviera a presentar una iniciativa para modificarlo, se aceptaría legalmente la militarización del país.
3. La interpretación constitucional no deja lugar a dudas: el gobierno que encabezó Carlos Salinas, como el actual de trasmano, han violado la Constitución General al utilizar a las fuerzas armadas como Ministerio Público, policía judicial y preventiva, autoridad educativa, de salud o agraria o en la prevención de desastres. Y, al mismo tiempo, en impedir que éstas cumplan el rol que les compete de defender la soberanía nacional, pues hoy en día la aviación de guerra estadunidense penetra impunemente en el espacio aéreo nacional de la misma manera que las policías de Estados Unidos operan en nuestro suelo, subordinando a menudo a sus actividades al Ejército Mexicano.
4. En México no hay un régimen militarista pero sí existe un peligroso proceso de militarización que no ha podido ser detenido hasta ahora por la sociedad y, lo que resulta más preocupante, es que los medios están acostumbrando a los mexicanos a que vean este deterioro de la vida nacional como algo normal. La militarización nunca es un proceso legal sino de facto, que es difícil detener cuando no hay un Estado de derecho, como en el caso de México, si no es por la movilización de una sociedad siempre alerta.
5. El saldo de la creciente militarización ha resultado desastroso para el gobierno, para las propias fuerzas armadas y para la sociedad. Las tareas que han abordado los militares han tenido como consecuencia no sólo una evidente ineficiencia sino una alarmante violación a los derechos humanos, como lo han documentado múltiples organizaciones.
6. Las hipótesis que se pueden formular para explicar esta creciente militarización son muchas, desde a) la ausencia de consenso nacional a las políticas del gobierno y la ineptitud oficial para entender el creciente descontento social, hasta b) la posible intentona de los salinistas para conservar el poder en el 2000, gracias a un Ejército que hasta ahora les ha sido leal.
7. La globalización neoliberal supone el desmantelamiento de los estados nacionales y terminar con el papel de los ejércitos como defensores de su soberanía, y en ese proceso el Ejército Mexicano no ha sido la excepción. A fin de que pierda sus rasgos nacionalistas y sea funcional a las nuevas políticas, se ha incrementado su reconversión en centros de adiestramiento de Estados Unidos. Un hecho, sin embargo, parece indudable: Salinas, Cordoba y Zedillo han buscado también, de manera expresa, someter al Ejército desprestigiándolo: propiciando la corrupción de sus oficiales por el narco y haciéndolo intervenir como policía del neoliberalismo para intimidar y reprimir a la población civil, en tareas para las cuales no tiene una función legal y no está capacitado.
8. La intervención del Ejército en Chiapas, como tantas veces se ha dicho, se hace al margen de la ley, pues es aplicable el artículo 129 constitucional ya que la ley del 11 de marzo de 1995, al crear las condiciones para el diálogo, suspendió las hostilidades, por lo que no hay justificación legal para que el Ejército siga utilizándose ilegalmente para hostigar a las comunidades o a fin de seguir adiestrando a grupos paramilitares; haciendo la guerra cuando se negocia la paz. De ahí la importancia del presupuesto militar.
9. El presupuesto para 1998 lo han estado revisando los diputados de acuerdo con las cúpulas de sus partidos, pero de espaldas a la sociedad, y esta tendencia debe revertirse.
10. Ante la creciente militarización del Estado, es urgente que los partidos políticos asuman sus responsabilidades, pero también una mayor ciudadanización de la sociedad