Insuficientes, las acciones contra la inseguridad, admite Zedillo
Rosa E. Vargas y Triunfo Elizalde, enviados, Mérida, Yuc., 27 de noviembre Ť Hasta ahora, las acciones del gobierno para combatir la inseguridad han resultado insuficientes, admitió aquí el presidente Ernesto Zedillo, ante representantes de organismos oficiales de derechos humanos de 64 países.
Asimismo, el primer mandatario dijo que no se pueden ignorar los avances de México en el respeto a las garantías individuales y se comprometió a trabajar ``sin descanso'' para erradicar completamente la práctica de la tortura.
En la apertura del IV Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el jefe del Ejecutivo resaltó también la convocatoria que formulara a los partidos políticos y organizaciones sociales para encontrar soluciones viables a la demanda generalizada de seguridad.
Sin embargo, y como lo dijera hace apenas diez días ante magistrados del Distrito Federal, Zedillo aseguró que no se admitirá que se combata la delincuencia violando la ley pues no es admisible, bajo ninguna circunstancia, aplicar la legislación atropellándola.
Señaló que para el gobierno, y desde una perspectiva integral, la protección de los derechos humanos no se limita a la defensa de los mismos frente a ataques flagrantes, sino que se extiende a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, se refirió a la necesidad de focalizar la acción gubernamental en las comunidades indígenas y los grupos marginales rurales y urbanos.
El trabajo de las ONG ha sido y seguirá siendo fundamental
Tras asegurar que México cuenta con uno de los sistemas más grandes de ombudsman en el mundo, el presidente Ernesto Zedillo destacó que en todos los trabajos oficiales de defensa de los derechos humanos en el país, la cooperación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha sido y seguirá siendo fundamental, pues en buena medida gracias a su trabajo paciente y constante, se ha despertado la conciencia en favor de los derechos humanos, afirmó.
Incluso mencionó que el trabajo de las comisiones públicas se basa de manera destacada en denuncias interpuestas por las ONG, y por ello se continuará la labor para establecer vías más eficaces de comunicación y complementación con los organismos mexicanos.
En su discurso, el mandatario se refirió a la reciente formación de la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, que además de atender las quejas internacionales sobre la materia, tendrá la misión de coordinar las funciones institucionales de seguridad pública.
Ante representantes de 64 países, de 30 delegaciones de los Principios de París e invitados especiales de ONU, UNESCO, Unicef y Cruz Roja, así como representantes de comisiones estatales de derechos humanos, Zedillo dijo que dar plena vigencia al estado de derecho es una lucha permanente en México.
Se busca, dijo, desterrar la impunidad, combatir con eficacia la delincuencia, respetar invariablemente los derechos humanos y, al mismo tiempo, proteger adecuadamente a las víctimas del delito.
Luego, se refirió al acatamiento de las recomendaciones emitidas por las instituciones públicas de derechos humanos y mencionó que en los primeros siete años de la Comisión Nacional, se recibieron y tramitaron cerca de 54 mil quejas, de las cuales 20 por ciento son de naturaleza penal. De éstas, se han desprendido mil 200 recomendaciones y 71 por ciento se han cumplido.
Palpable disminución en las denuncias por tortura
Para el Presidente, en México gradualmente se ha ido generando una cultura de los derechos humanos, pues las autoridades saben ya --``y lo saben muy bien''-- que su prestigio e incluso su situación jurídica y hasta penal dependen en buena medida de la atención que den a las recomendaciones de los ombudsman.
El mandatario señaló que existe una palpable disminución de las denuncias por tortura y que hoy es mayor el número de las que se presentan por cuestiones como la mala atención médica, la negativa injustificada de beneficios que se otorgan por ley, como el derecho de petición, detención arbitraria, violación de derechos de reclusos y ejercicio indebido de funciones públicas.
Más adelante, el presidente Zedillo apuntó que los servidores públicos son los más obligados a respetar la ley, y comentó que en poco menos de un año se ha ejercitado acción penal contra 228 agentes de policía y del Ministerio Público federales, por violaciones a los derechos humanos. Enseguida, expuso su concepto del derecho al desarrollo, el cual no puede tomar una forma abstracta, vaga y de difícil aplicación, sino que tiene que hacerse efectivo a través de tareas específicas por parte del Estado para que puedan igualarse las oportunidades de los individuos.
Planteó finalmente que democracia, crecimiento económico y justicia social son los ingredientes necesarios para cumplir el derecho de todos a un auténtico desarrollo.