No debe sorprendernos la fuerte controversia que entre la Secretaría de Hacienda y los diputados de oposición se está dando en el seno del Congreso de la Unión, alrededor de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 1998. Mucho menos debe ser motivo de alarma o rechazo. El inmovilismo de décadas hace que nos extrañemos de aquello que siempre debió ser así, dados los diferentes intereses y puntos de vista que hay en el espectro político de nuestro país.
De este proceso inédito de confrontación de propuestas, llama la atención que algunos medios y analistas traten de proyectar la idea de que el debate es entre los que saben (la Secretaría de Hacienda) y los que no saben (los diputados de oposición). Plantear así las cosas, advirtiendo además de que en caso de no aprobarse tal y como está el presupuesto el país se precipitaría de nuevo a una crisis, es simplificar al absurdo la polémica, hacerles un flaco favor a ambas partes y, peor aún, practicar un chantaje encubierto.
Pocos dudan del hecho de que, en efecto, los técnicos y funcionarios de Hacienda conocen bien de las finanzas públicas. En todo caso esto no se discute. Lo que se les ha señalado reiteradamente es que sus preocupaciones parecen estar más encaminadas a los terrenos de la macroeconomía y la protección excesiva de los intereses financieros que a procurar una mejoría en los bolsillos de las grandes mayorías de mexicanos.
Como están ahora las cosas por el Congreso de la Unión, los representantes de Hacienda debían saber a estar alturas que sus proyectos no pasarán sin modificaciones, por lo que es aconsejable que prosigan hasta una feliz culminación el acercamiento que han llevado hasta ahora con los diputados.
Los partidos de oposición, por su parte, aseguran estar interesados, entre otras cosas, en elevar los salarios, destinar más recursos para los estados y municipios, y aliviar un poco la carga impositiva. Muchos de estos propósitos, todos ellos loables, fueron parte de su oferta electoral. Sin embargo, en varias ocasiones han dado la impresión de que a dichos ofrecimientos no los acompañaban ideas claras acerca del cómo concretarlas y a qué costo. Su ánimo porque se elabore un presupuesto adecuado a las necesidades del país y que se eviten los gastos discrecionales es positivo. No obstante, deben recordar que su papel es el de ser legisladores y no contadores. El país espera que su aportación más valiosa sea la de marcar rumbos, no sumar y restar partidas.
Cuidado con lo ``barato'' que al final sale más caro. Pocas cosas son tan dañinas para el país como los legisladores y funcionarios ``baratos'', que no cuentan con los estímulos necesarios ni los servicios de asesoría y apoyo que les permitan tomar las mejores decisiones. Hacer transparente el presupuesto y la acción gubernamental no implica necesariamente reducirlo, sino buscar cómo hacerlo más eficiente en términos sociales, económicos y administrativos.
De toda esta ilustrativa discusión, dos aspectos llaman la atención. En primer lugar, es seguro que la fuerza de la mayoría se impondrá para aumentar los montos de los recursos destinados a los estados y municipios, sobre todo en partidas encaminadas al gasto social. Siendo este incremento adecuado, es aún insuficiente para contrarrestar el efecto de toda una historia de centralismo. Habrá que seguir todavía por muchos años impulsando una mayor desconcentración del gasto y las obligaciones. Sin embargo, resultaría preocupante que a una mayor desconcentración de recursos no se establezcan los controles que permitan, por un lado, asegurar que efectivamente se gasten en lo que se debe y, por otro, propiciar que las comunidades ciudadanas participen, desde un soporte legal y organizativo, en la planeación, programación, operación, ejercicio, supervisión y evaluación del gasto.
Hay que hacer una revolución, por llamarla de alguna manera, en favor de las comunidades. De otra forma, federalización y desconcentración de recursos y responsabilidades sin su participación efectiva podría traducirse en la consolidación de núcleos de poder o cacicazgos, negativos a todas luces, sean estos tricolores, blanquiazules o amarillos con negro.
El segundo aspecto que destaca, es que durante las negociaciones los interlocutores han sido, por un lado, la Secretaria de Hacienda y, por otro, los diputados de oposición. ¿Dónde quedaron los diputados del PRI? ¿O es que ni una parte ni la otra los está tomando en cuenta realmente?
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