Mi sucesor debe reconocer que actué con carencias: el procurador
Humberto Ortiz Moreno Ť La Procuraduría de Justicia capitalina propone a la próxima gestión analizar la postura del Estado frente a la criminalidad para determinar si se opta por la corriente que postula la intervención estatal mínima en la punición de los delitos o si, por el contrario, se adopta el modelo de agravación de las penas para reducir el acceso al beneficio de la libertad provisional y condicional.
Y es que, según informes oficiales, entregará un aparato de justicia marcado por la restricción presupuestaria en vísperas del cambio de mandos en el gobierno del Distrito Federal, mostrando insuficiencias de personal y de recursos técnicos y materiales para cumplir su misión, y con sanciones pecuniarias que ``resultan obsoletas e irrisorias en la actualidad'', pues a diario ocurren más de 500 delitos y operan poco más de 500 bandas dedicadas al robo con violencia a bancos, casas-habitación, transportes, transeúntes, vehículos y al secuestro.
Durante 1997, 151 mil 321 averiguaciones previas fueron a la reserva --con un promedio diario de 497.77--, pues las denuncias o querellas se presentaron en contra de ``quien resulte responsable'', sin que los afectados hayan aportado elementos que permitan la identificación del probable culpable, pues el ejercicio de la acción penal necesita de la individualización del sujeto en contra del cual se emprende.
Durante el periodo 1995-97, ha habido --hasta octubre pasado-- mil 173 servidores públicos sancionados por corrupción y mil 765 procedimientos administrativos iniciados, así como 124 denuncias penales iniciadas y mil 147 actas administrativas.
Bajo esta ilustración, el procurador Lorenzo Thomas Torres pidió a su sucesor en el cargo reconocer las insuficiencias y carencias con que tuvo que actuar, a fin de confirmar o reorientar, en su caso, el rumbo de la institución y adoptar medidas que, ``conciliando lo deseable con lo posible y lo inmediato con lo mediato'', fortalezcan el binomio Estado-ciudadano para enfrentar con éxito la delincuencia que endémicamente erosiona la convivencia humana.
A una semana de entregar los mandos al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, el abogado de la ciudad hará pública la próxima semana una memoria de la gestión 1994-97, que ya ha entregado al perredista, en la que manifiesta su inquietud de que la próxima administración en la PGJDF acerque la justicia a los habitantes del DF, recogiendo la fortaleza existente y superando las debilidades ``que están en vías de supresión''.
Thomas Torres recuerda que el 1 de diciembre de 1994 y el 5 de diciembre de 1997 son los puntos terminales del último ciclo del gobierno capitalino en el que la designación de los más altos funcionarios correspondió al Presidente de México.
Considera que estamos ante un momento de ``alta trascendencia en la vida de la ciudad de México, porque ``un insoslayable parteaguas en el despacho de las cosas públicas habrá de tener lugar, motivo por el que es de particular relevancia hacer un balance objetivo de la situación propia de la procuración de justicia en el entorno urbano''.
Demanda valorar en su justa dimensión el impulso formal y material otorgado en el periodo 94-97 al MP, y el esfuerzo sostenido de los servidores adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
A juicio del titular de la PGJDF, su función estuvo ceñida a la ley y programa, lo que permite hacer entrega de una dependencia en la que legalidad, profesionalización, especialización y modernización ``han trascendido de la tinta y del papel al hecho cotidiano''.
Comentó el contenido de la memoria de gestión, que abarca los más de dos años de José Antonio González Fernández y los ocho meses que le tocó dirigir la Procuraduría capitalina, y establece que la apretada exposición de lo realizado ``no está animada en forma alguna por un afán protagónico que sea contrario a la modestia que debe caracterizar todo trabajo público''. Solamente, concluye, subyace la ``sincera inquietud'' de que la permanencia en los fines y la identidad en las estrategias y procedimientos acercarán, en tiempo y espacio, la justicia a los habitantes del DF, a partir de una óptica administrativa cuya madurez y probidad recoja la fortaleza que ya existe y supere las debilidades que están en vías de supresión...''.
Lo que deja para el próximo
En la memoria de gestión, la Procuraduría capitalina expone que los trabajos de inteligencia contra la delincuencia organizada han permitido conocer las áreas de influencia, el tipo de actividad y el modus operandi de cada una de dichas agrupaciones delictivas.
De 1995 a 1997 fue posible poner a disposición del Ministerio Público a 6 mil 480 miembros de esos grupos criminales, pero a pesar de la severidad y permanencia con que son combatidas, no es factible afirmar su desmembramiento o extinción porque se trata de organizaciones que están en constante renovación, independientemente de que, cuando es dable aseverar de una manera objetiva de la desaparición de una, el ámbito territorial y de acción criminal de ella es tomado por una nueva agrupación o por alguna adyacente al territorio de la desintegrada''.
Y una vez realizada la integración de las averiguaciones previas, el Ministerio Público debe determinar el ejercicio o no de la acción penal, la reserva o la incompetencia, según queden acreditados los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indicado, en la inteligencia de que aquellos casos en que no es posible concluir una u otra cosa, las indagatorias son objeto de un acuerdo de ``reserva'', a la que han ido hasta octubre pasado casi 12 mil. Propone 43 acciones ``que deben merecer'' la atención del próximo procurador.