En Chiapas, cerrazón contra la paz: Samuel Ruiz

Alma E. Muñoz Ť El presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el obispo Samuel Ruiz García, consideró ante parlamentarios europeos que existen ``cerrazón y contradicciones'' para alcanzar una solución al conflicto de Chiapas.

Ante el planteamiento, el presidente del Parlamento Europeo para América Central, México y Cuba, José Ignacio Salafranca, llamó a las partes en conflicto a ``flexibilizar'' los acuerdos para lograr una salida concertada.

Asimismo, informó que en febrero próximo sostendrán una nueva reunión con la Conai en Europa, para conocer la evolución del conflicto.

En entrevista, refirió que los legisladores presentarán ante el pleno del Parlamento Europeo sus conclusiones sobre la situación en ese estado, a fin de conocer los alcances que en materia de democracia y defensa de los derechos humanos tiene México con miras a la firma del Acuerdo de Cooperación Económica y Concertación Política, a realizarse el próximo 8 de diciembre.

Ante este conflicto, ``lo digo con toda modestia, hacemos un llamado a la flexibilidad por ambas partes. Ahí hay un anteproyecto de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y no percibo por parte de los planteamientos que nos hizo el negociador oficial, Pedro Joaquín Coldwell, que eso no pudiese ser ser un punto de partida para la discusión'', señaló.

Miguel Alvarez, secretario técnico de la Conai, informó por su parte que el encuentro --al cual fueron invitados los miembros de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar-- ``fue la oportunidad para comentarles una visión general de cuál es la situación delicada que está viviendo el proceso de paz y de diálogo'', iniciativa que surgió de los europeos para ahondar en el tema, sin llegar a acuerdos concretos.

Salafranca, en tanto, reconoció que con la entrevista el Parlamento Europeo completó sus puntos de vista sobre el proceso de paz en Chiapas. Recordó sus reuniones con el presidente Ernesto Zedillo, el representante gubernamental Pedro Joaquín Coldwell, partidos políticos y líderes de la sociedad civil.

La Conai, interlocutor privilegiado

``Nos han dicho cómo se encuentra el proceso de negociación y las razones que ellos piensan se deben desbloquear. Es seguro que todos deseamos que este proceso de diálogo continúe y nosotros, como parlamentarios, hemos querido completar nuestros puntos de vista escuchando la opinión de la Conai, pues siempre la hemos considerado como el interlocutor privilegiado para la realidad de este problema'', señaló.

Para el legislador español, un dato fundamental en la discusión lo constituyen las elecciones del pasado 6 de julio y los nuevos equilibrios en el Congreso de la Unión. ``Nosotros entendemos que estos datos son fundamentales para poder encarar un restablecimiento de la confianza y dar además un paso para cumplir con la cláusula de democracia establecida en el acuerdo'', apuntó.

Lamentablemente, dijo, no será posible visitar el estado de Chiapas, como lo hicimos hace dos años, pero esto no fue impedimento para ``tener la oportunidad de ver a la Comisión Nacional de Intermediación y conocer de su presidente el punto de vista sobre el proceso''.

Derechos humanos, tema inacabado

Agregó: ``Como parlamentario, me parece que el nuevo escenario político de México puede influir en el restablecimiento y la reanudación de las negociaciones, sobre todo porque el tema de derechos humanos es un proceso todavía inacabado para este país''.

Algunos de los presentes en la reunión indicaron que el obispo, Samuel Ruiz, mostró durante las más de dos horas de entrevista preocupación por la falta de voluntad para cumplir con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Blanche Petrich Ť El gobierno del estado de Chiapas considera que grupos religiosos católicos han obstaculizado el avance de las negociaciones entre las organizaciones antagónicas en la región chol, y señala que el grupo campesino Abuxú (Arriera Nocturna), que reúne a simpatizantes zapatistas y perredistas de diversos municipios, no ha valorado lo que las autoridades estatales han hecho para lograr una reconciliación en la zona.

Un informe reciente sobre la situación en la zona norte del estado, elaborado por funcionarios del gobierno de Julio César Ruiz Ferro, y que fue entregado a la Cocopa, asegura que las causas que obligaron al desplazamiento de cerca de 4 mil personas a comunidades distintas a las suyas (2 mil permanecen aún sin poder retornar) fueron desatadas por grupos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Este mismo trabajo, en el cual se trata de explicar el porqué del surgimiento de grupos paramilitares, interpreta el conflicto armado del norte de Chiapas, o bien como ``conflictos intercomunitarios'' o como una oleada de actos delincuenciales y provocaciones. Se evita hablar de conflicto armado o incluso usar el término que otros analistas no oficiales han usado, una guerra civil entre los choles, para caracterizar la situación.

En una esquina de la confrontación el gobierno chiapaneco ubica a los grupos radicales bajo la influencia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, mismos que han recurrido al desalojo, las emboscadas, las amenazas y el secuestro para reclutar gente a su favor. En la otra ubica al grupo Paz y Justicia --ligado al grupo progubernamental SOCAMA y al PRI local--, identificado por los organismos humanitarios como una agrupación tipo paramilitar responsable de gran parte de los hechos de violencia que se han dado en la zona, el cual es una expresión de ``resistencia organizada'', según las autoridades de Tuxtla Gutiérrez.

En todos estos casos los grupos religiosos constituyen, según esta apreciación, una fuerte influencia que ha ayudado a desgarrar el tejido social de las comunidades.

A pesar de las inferencias a la Iglesia católica como asesora de las acciones desestabilizadoras de algunos grupos choles, y de acusar a los grupos religiosos de actuar fuera del marco de lo propiamente pastoral, la administración de Ruiz Ferro asegura en el documento no tener ánimo de descalificar a ninguna de las partes del conflicto, y a privilegiar la vía del diálogo en la solución de estos enfrentamientos.

Se admite en esta valoración que desde 1995 a la fecha han muerto 105 personas (datos recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llevan registro de al menos 300 muertos) durante los acontecimientos violentos de la zona norte, 74 de ellos pertenecientes al PRI y 31 a las bases zapatistas. Se reconoce también la cifra de 3 mil 831 desplazados.

Se insiste en que el conflicto no es regional, sino que apenas abarca a una mínima porción de la zona norte, es decir, a sólo 19 comunidades de las 650 que componen la totalidad de la zona, y a cinco de los 19 municipios.

A pesar de la fuerte presencia del PRD en los municipios norteños, en la valoración oficial no se menciona la presencia de este partido. También se elude la liga entre Paz y Justicia y el PRI chiapaneco, principalmente por medio de su diputado estatal Saúl Sánchez, al afirmar que en los hechos violentos, entre los cuales se incluyen tanto los asesinatos y emboscadas como los plantones de campesinos, no se expresan las diferencias entre los partidos políticos. Se trata, señala el gobierno chiapaneco, de provocaciones que pretenden generar conflictos mayores.

Sobre el origen del conflicto el gobierno chiapaneco cita viejos diferendos, como el de la disputa por el banco de grava en el municipio tzeltal de Bachajón, o reclamos agrarios en los municipios choles de Tila, Sabanilla, Tumbalá (donde acusa a ``grupos independientes'' de frenar los proyectos de desarrollo oficiales) y Salto de Agua desde 1980. Pero apunta que los actos violentos se desataron a partir de la adhesión de siete ejidos de Tila al zapatismo.

El gobierno estatal asegura haber impulsado el diálogo, principalmente entre Paz y Justicia y Abuxú, y haber recibido a representantes de ambos grupos en audiencia. Las dos organizaciones antagónicas entregaron sendas propuestas de pacificación para la zona norte.

Abuxú, según este reporte, pidió que hubiera una mesa de negociación para crear condiciones de distensión, otra sobre asuntos jurídicos y una tercera para cuestiones de desarrollo. Demandó también como precondición la liberación de choles presos en Cerro Hueco y Yajalón, indemnización por el robo de ganado y el retiro de los controles de priístas en las carreteras de Sabanilla y Tila. La autoridad dice que respondió a las tres condiciones, incluyendo las garantías para el libre tránsito por las carreteras del norte y la liberación de 15 presos de organizaciones zapatistas y sólo dos de Paz y Justicia. Pero en su informe no especifica que fueron 26 los zapatistas arrestados y dos del grupo pro priísta.

También el gobierno estatal ha sostenido audiencias en ocho ocasiones con Abuxú y siete con Paz y Justicia, además de que se realizaron 26 juntas de trabajo para poder establecer las mesas de pacificación.

Pero el acatamiento de estas medidas no fue valorado por el grupo Abuxú, por lo que la negociación no pudo dar comienzo formal. Insisten los analistas gubernamentales en que la orientación de la Iglesia católica contribuyó en gran medida a que los grupos radicales se sustrajeran de dicho proceso.

Como no pudo arrancar la negociación, el gobierno estatal entonces dispuso la creación de una subsecretaría para la zona norte, con sede en Yajalón, donde hay delegaciones especiales de Coplade, Salud, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Agrario, Agricultura y Ganadería y Educación.

Finalmente, el reporte oficial sobre la zona norte destaca que los apoyos especiales del Programa de Desarrollo Social en 1997 se incrementaron 119 por ciento con respecto al año pasado, con un total de inversiones por más de 150 millones de pesos exclusivamente para los cuatro municipios choles de mayor conflictividad.

Blanche Petrich Ť El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Manuel Pérez García, chol y representante de la población desplazada por la violencia, asegura que el problema del norte de Chiapas ``no es distinto'' a lo que ocurre en Las Cañadas, Comitán o Chenalhó. ``En todos lados hay guardias blancas que hacen la misma guerra de baja intensidad. Las que operan en nuestros municipios se llaman Paz y Justicia''.

Niega que entre los choles la relación con la diócesis de San Cristóbal de las Casas sea conflictiva. ``Es buena. Nos indigna el atentado contra el convoy de religiosos encabezados por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, el 4 de noviembre. Eso tiene a los compañeros zapatistas en alerta militar y a nosotros en la pura alerta, nomás esperando lo que venga mañana''.

Afirma que ``sólo la prudencia y la cautela de los choles coordinados ha evitado masacres mayores'' después de las provocaciones de los grupos paramilitares.

Y asegura que los grupos perredistas, zapatistas e independientes de los municipios del norte están dispuestos a negociar con el gobierno estatal, el PRI, Socama (Solidaridad Campesina Magisterial, formado en los 70 por la organización Línea Proletaria, que después se convirtió en un grupo tipo Antorcha Campesina y fue favorecido por el salinismo) y hasta con Paz y Justicia, ``pero los compañeros quieren que sea un diálogo bien hecho, que primero el gobierno nos cumpla nuestras condiciones y que los de Socama verde, que sí quieren el diálogo, se pongan de acuerdo con los de Socama roja, que no lo quieren''.

Manuel Pérez fue durante 18 años coordinador de catequistas de la diócesis y en su pasado también figura el cargo de regidor de su comunidad, Jolnixtié, por el PRI. Antes de 1988, ése era el único partido conocido en la zona norte, pero el cardenismo, en auge en Tabasco, permeó fuertemente por la frontera chiapaneca y entre los choles la correlación electoral cambió drásticamente. Desde ese año, Manuel Pérez es votante del PRD.

A raíz de los enfrentamientos que obligaron a miles de campesinos a abandonar sus comunidades entre 1995 y 1996, la comunidad de Manuel Pérez, como muchas otras, tuvo que refugiarse en pueblos vecinos. No hubo distinción entre perredistas (reunidos en una organización llamada Kichañobj), católicos, zapatistas o de la organización campesina independiente Abuxú.

``Los choles estamos revueltos: unos son zapatistas y otros perredistas. Una minoría es priísta. Entre nosotros no se ha mencionado ser o no ser municipio rebelde, aunque en Sabanilla y la mitad del municipio de Tila no reconocen el gobierno estatal sino a sus propias organizaciones independientes. Al EZLN lo reconocemos todos como el que va abriendo el camino. En la zona norte exigimos que se respeten los acuerdos de San Andrés Larráinzar.''

Considera que la agresividad de las fuerzas ligadas al PRI, como Socama y Paz y Justicia, se originó ``cuando ese partido sintió que el PRD estaba ya más fuerte que ellos en la región. Ahí empezaron a acusarnos a todos por igual de ser zapatistas''. Y nuevamente se siente obligado a aclarar, a deslindar: ``Ser zapatista y ser perredista es lo mismo, pero cambiado. Los zapatistas se cuidan más, son clandestinos; los perredistas hacen política abierta. Pero los dos queremos lo mismo''.

Cronología de la represión

El diputado chol ubica el momento en que se desató la violencia en la zona norte cuando otro diputado local, el priísta Samuel Sánchez, mandó desalojar el 19 de junio de 1995 tres comunidades perredistas de Tila: Jolnixtié Primera Sección, Jolnixtié Segunda Sección y Masojá Shucjá, ``así como sucede en Chenalhó''. Sólo ese mes fueron desplazados 2 mil 400 choles que tuvieron que vivir exiliados en Jomajil y Tiutzol hasta octubre. La gente que tubo que huir acusa a Paz y Justicia de haberse robado 3 mil 150 cabezas de ganado de esos desplazados.

El retorno, que el gobierno señala como un logro hacia la pacificación, no ha permitido a la gente reintegrarse plenamente en sus casas, ``ya que muchos siguen concentrados en las iglesias''.

Manuel Pérez reconoce ser diputado del PRD sin haber sido antes militante. Explica que fue a raíz de una gira de trabajo del dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, en el norte de Chiapas, que se planteó en una reunión con los líderes del refugio la posibilidad de colocar algún chol como diputado federal. ``Yo no aceptaba porque era líder de mi zona y porque tenía otras cosas que hacer. Pero los compañeros discutieron en asamblea que sería bueno tener un diputado para poder defendernos. Vine a la Cámara con la palabra de ellos y voy a terminar mi periodo con ellos. No los voy a dejar''.

Luego de las elecciones, con la entrada de un perredista chol como diputado federal, ``se tranquilizaron los priístas y los compañeros. Los priístas de la zona pidieron reunión conmigo. Los verdes, que son los que sí quieren platicar con respeto. Porque hay otros priístas, los rojos, que no quieren. Yo les digo a los compañeros perredistas y zapatistas que hay que respetar''.

Pese al atentado contra los obispos, Pérez García insiste en que deben continuar los esfuerzos por dialogar. ``Pero no sólo pedimos nuestras condiciones, la indemnización por nuestras vacas y la libertad de nuestros 12 presos. Pedimos que le cumplan a los zapatistas el acuerdo de San Andrés. A la zona norte nos afecta... cumpliendo los acuerdos hay buen camino para la buena solución de todo lo demás''.