La ejecución de seis jóvenes detenidos durante el operativo realizado en la colonia Buenos Aires el 8 de septiembre pasado, es un acto de extrema crueldad que debe ser investigado escrupulosamente para juzgar y sentenciar conforme a la ley a los responsables.

Durante el malhadado operativo se suscitó una balacera en la que perdieron la vida un policía preventivo, integrante del grupo Zorros, y un particular, muerto dentro de un automóvil Crown Victoria. Al día siguiente, fueron encontrados en las minas de arena de Tláhuac los cadáveres de tres de los jóvenes detenidos que mostraban huellas de haber sido ejecutados. Días después --24 de septiembre--, aparecieron en el cerro del Ajusto restos de otros tres jóvenes desaparecidos, también mostraban huellas de ejecución. El Ministerio Público inició sus investigaciones y el 30 de septiembre ejercitó acción penal contra Eleazar Armando Pérez Zavala --policía integrante del agrupamiento Zorros-- por los delitos de: a) Homicidio simple, b) abuso de autoridad contra la colectividad, y c) homicidio calificado de los tres jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en Tláhuac. Ejercitó también acción penal contra 18 policías preventivos --uno del grupo Zorros y otro de Jaguares-- por abuso de autoridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF) revisó la consignación y advirtió en ella una incongruencia: el Ministerio Público atribuyó a éstos el haber trasladado a los tres jóvenes al lugar donde fueron ejecutados, lo que los convertía en cómplices de los homicidios calificados, pero no ejercitó acción penal contra ellos. Esto motivó que enviara un oficio a la procuraduría capitalina en el que, sin pronunciarse sobre el valor probatorio de las evidencias hechas valer por el MP, señaló tal incongruencia. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) amplió después el ejercicio de la acción penal contra los 18 policías por los homicidios calificados de los tres jóvenes y consignó por los mismos delitos a 16 policías más.

La CDHDF analizó a fondo la averiguación previa y advirtió serias deficiencias en su integración: 1) No quedaba claro quién o quiénes dispararon contra el particular muerto durante el operativo. 2) En la grabación del canal de radio del grupo Jaguares se habla de un operativo carroña --según María Moliner, ``carroña'' significa carne podrida, particularmente la de un animal muerto y abandonado en el campo--. No se había averiguado en qué consistió ese operativo. 3) No había evidencia clara de cuál fue la participación en los hechos de siete zorros consignados en los mismos términos que los jaguares. 4) No se había analizado la grabación del canal de radio del agrupamiento Zorros. 5) Hay indicios de que tres de los detenidos fueron subidos a una Golf blanca y llevados con rumbo ddesconocido, sin investigar su destino. 6) Existen evidencias de que los jóvenes, cuyos restos fueron encontrados en el Ajusco, fueron llevados antes al batallón de Balbuena. No se había investigado quién ordenó o tomó la decisión de sacarlos de ahí y a dónde trasladarlos. 7) Hay evidencias y testimonios de que no sólo quienes llevaron a cabo las detenciones y traslados supieron que había detenidos, por lo que no era creíble que los policías que intervinieron en los sucesos hubiesen actuado en todo momento por cuenta propia. Por lo menos algunos jefes policiacos se enteraron de las detenciones y el MP debía investigar el grado de participación de jefes y otros mandos policiacos. 8) Algunos de los peritajes efectuados con motivo de los hechos eran deficientes: sólo 18 de los 20 casquillos localizados en la Buenos Aires y en Tláhuac fueron remitidos para su estudio; 16 armas de fuego de las 553 que supuestamente fueron presentadas por los armeros de la Secretaría de Seguridad Pública no se relacionaron en la indagatoria; no se tomaron muestras de las huellas digitales en el vehículo donde fue hallado el cadáver de Guillermo Faustino Ramírez, y el Servicio Médico Forense, sin mayores explicaciones y sin tener ya el cadáver a la vista, invirtió su dictamen original respecto de la trayectoria de las balas que lo privaron de la vida. Dada la gravedad del asunto, la CDHDF puso en conocimiento del Presidente de la República el resultado de su analisis. El doctor Zedillo, que bien pudo abstenerse de intervenir argumentando un --incierto-- respeto de esferas de competencia, pidió al Ministerio Público Militar que coadyuvara con la Procuraduría, la cual ya se ha encaminado a resolver todas esas dudas, a fin de establecer o desechar congruente y razonablemente la presunta responsabilidad de cada uno de los inculpados y demostrar, en su caso, la presunta responsabilidad de otros autores materiales o cómplices, de los autores intelectuales y/o de las personas que, en una u otra forma, hayan tolerado y encubierto los homicidios.

A menos de una semana de la toma de posesión del nuevo gobierno capitalino, la sociedad espera que las investigaciones sobre el caso de los jóvenes bárbaramente ejecutados se lleven a cabo y concluyan pronto y adecuadamente para que todos los responsables sean juzgados y sentenciados conforme a la ley.