Información sobre narcojuniors, móvil del atentado: PGR

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 28 de noviembre Ť Para la Policía Judicial Federal, encargada de investigar el atentado contra el propietario y director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas, éste es ya ``un caso esclarecido''. Se trata de una acción ordenada por los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, en la que participaron sicarios de San Diego, California, informó el comandante Felipe Pérez Cruz.

Agregó que los atacantes habrían sido contratados en el barrio Loogan, de San Diego, donde los Arellano reclutan gatilleros. La DEA y el FBI colaboran con información, dijo.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República cuenta con dos personas en calidad de presentados, uno de ellos identificado como Alvaro Soberanes, pero aún no se les han presentado cargos formales y es posible que salgan libres, confió Pérez Cruz.

A su vez, el delegado de la PGR en el estado, José Luis Chávez García, señaló en conferencia de prensa que el atentado contra Blancornelas, en el que perdió la vida su guardaespaldas Luis Lauro Valero --ex agente de la Judicial del estado-- pudo ser una venganza de personas que se vieron afectadas por las recientes publicaciones de Zeta, en las que se revelaron nombres de integrantes del cártel de los Arellano Félix.

Llegan peritos de la ciudad de México

Desde anoche, un grupo de peritos y agentes del Ministerio Público federal arribaron a esta frontera procedentes de la ciudad de México, para colaborar en las investigaciones. Se trata sólo de ``personal de apoyo'', según se informó.

``La PGR procedió a ejercer la facultad de atracción de las investigaciones, no por desconfianza de las autoridades estatales sino porque el hecho tiene relación con el narcotráfico'', dijo Chávez García.

``Hasta el momento no tenemos avances significativos, no hay detenidos ni se ha logrado identificar plenamente a las personas que participaron en el atentado, aun cuando se tiene una idea clara de quiénes pudieron participar, dadas las avanzadas investigaciones que las autoridades antidrogas de ambos lados de la frontera comparten en contra del cártel de los Arellano Félix, indicó el delegado de la PGR.

A su vez el gobernador del estado, Héctor Terán Terán, informó a la opinión pública --a través de un desplegado en los principales diarios locales, donde se compromete a continuar con las investigaciones-- que instruyó al procurador de Justicia, José Luis Anaya Bautista, para que utilice los medios a su alcance para esclarecer el atentado. Asimismo, en una conferencia de prensa en Ensenada, el mandatario rechazó haber ordenado que le fuera retirada la seguridad a Blancornelas.

Por otro lado, el gatillero muerto, David Barrón Corona, El CH y El DI, miembro de la llamada EME o Mafia Mexicana que opera en California, tenía una orden de aprehensión por haber participado en la balacera del 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, donde fueron asesinados el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.

Barrón Corona mostraba un tatuaje con la leyenda EME en su pecho, así como otros motivos como calaveras, rostros de mujer, iniciales y otras figuras ``diabólicas'', informó la PGR. El CH es identificado como un activo miembro de la organización de los Arellano Félix.

El mismo individuo era buscado por la delegación estatal de la PGR, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los militares asignados a la subdelegación de la PJF en Tecate, Miguel Angel Anaya Valenzuela y Juan Antonio Martínez Catarino, ocurrido frente al edificio del Poder Judicial Federal en esta ciudad, el pasado 14 de noviembre.

El hoy occiso tenía un largo expediente en Estados Unidos, en donde se le buscaba por delitos contra de la salud y homicidio. Al morir portaba una identificación falsa a nombre de Javier Ortiz Calvo.

Ayer trascendió que para realizar el atentado contra Blancornelas, los delincuentes utilizaron sistemas de radiocomunicación muy avanzados para bloquear la frecuencia de la policía, en especial de la PJE. El mismo sistema fue utilizado para interferir en las comunicaciones oficiales y enviar un mensaje: ``La lista aún es larga''.

El periodista sigue grave

``Ya nos dispararon'', alcanzó a decir Blancornelas por el aparato de radio civil de su vehículo a la central del semanario Zeta.

En tanto, el comunicador fue reportado en estado ``grave pero con una ligera mejoría'' por el médico Arturo Rosas Prianti, director del hospital Del Prado. El periodista recibió cuatro impactos de bala: uno en el cuello, que le entró en sedal; uno más que le fracturó la mano derecha; uno en el glúteo, y otro en el costado derecho, que le fracturó la quinta costilla, lesionó el hígado, rompió el diafragma y se alojó en una vértebra.

El hospital donde permanece Blancornelas es custodiado por elementos del Ejército y la Judicial Federal, ante el temor de que sea objeto de otro atentado. Incluso los empleados del nosocomio fueron objeto de una inspección antes de entrar a laborar, y a todos se les dio la instrucción de no comentar con nadie --``ni con su familia''-- sobre la condición del paciente.

A tres calles del hospital, en el número 4633 del fraccionamiento El Paraíso, el Consejo Editorial de Zeta ofreció hoy una conferencia de prensa para reiterar su acusación por ``negligencia'' en contra del gobernador Héctor Terán Terán. ``Nos parece muy sospechoso que el procurador Anaya Bautista esté negando que se le retiró la guardia a Jesús Blancornelas, porque creemos que no sólo trata de cubrir una ineptitud o falta de previsión, sino que probablemente haya otra cosa'', dijo el editor Francisco Ortiz Franco.

A su vez Adela Navarro, integrante también del Consejo Editorial del semanario, informó que el equipo de reporteros inició por su cuenta una investigación sobre el atentado. La edición de Zeta de este viernes, destaca en su portada ``Narcojudiciales fueron los asesinos''. La retirada de los agentes judiciales que custodiaban a Blancornelas por parte del gobierno del estado tiene, para los editores del semanario, por lo menos cuatro lecturas: primero, un acuerdo entre narcojudiciales o narcofuncionarios estatales para dejar el camino libre a los sicarios; segundo, miedo a un atentado como consecuencia de la publicación; tercero, quien ordenó el retiro de la escolta se enteró que se planeaba o que ya se había decidido asesinar a Blancornelas, y cuarto, ``negligencia o ineptitud'' del gobierno del estado, al no prever un atentado contra el periodista.