Es significativo que en la reunión entre el presidente Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el tema de Chiapas haya sido considerado preminente.

Desde el inicio de la rebelión armada en enero de 1994, y pese a circunstanciales desencuentros y recriminaciones mutuas, el PRD ha manifestado su simpatía y apoyo solidario para el EZLN.

Andrés Manuel López Obrador expresó su completo apoyo a los acuerdos de San Andrés y al proyecto de iniciativa de ley de la Cocopa. Demandó también que el Ejecutivo federal retire sus observaciones al mismo del 20 de diciembre. El presidente del PRD ha sido muy enfático en considerar que los procesos de transición a la democracia y reforma del Estado pasan por la conquista de una paz con dignidad y justicia en Chiapas y por el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indios en la Constitución de la República.

En la misma dirección, recientemente la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad mantener y defender la propuesta original de la Cocopa como la propia de los diputados perredistas en materia indígena; sin embargo, se precisó que la responsabilidad por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés en materia constitucional recae directamente en el Ejecutivo federal. En consecuencia, esa fracción decidió que no alentaría la presentación unilateral de esa propuesta como iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, en tanto el Presidente de la República siga manteniendo sus corchetes o reservas, que no son precisamente de ``forma jurídica'', y con ello impidiendo los consensos interpartidarios para llevar a cabo las reformas constitucionales.

El PRD considera que no existen condiciones para reanudar el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal mientras la palabra del Ejecutivo no se respalde en los hechos. No se puede hablar de paz y disposición al diálogo mientras continúe estrechándose el cerco militar en torno a las posiciones de montaña del EZLN, las comunidades zapatistas permanezcan ocupadas por fuerzas castrenses y los grupos paramilitares sigan llevando la guerra por otros medios, ocasionando decenas de bajas semanales, provocaciones, desplazados y un ambiente de confrontación y beligerancia que puede desencadenar una vez más un conflicto armado abierto y generalizado.

La militarización y paramilitarización no sólo de Chiapas, sino también de amplias regiones indígenas del país, constituyen una preocupación permanente de los legisladores perredistas, ya que esos fenómenos en ascenso son un peligro real a la ya de por sí deteriorada vida institucional y democrática del país. El gobierno debe responder sobre la utilización de las fuerzas armadas al margen de lo que establece la Constitución y, por su parte, la Cámara de Diputados deberá asumir sus responsabilidades y competencias en ese ámbito para detener e impedir la creciente militarización de la sociedad y de la vida política de México.

Para el PRD el tema de Chiapas es un problema nacional prioritario en el que hay que actuar ahora; mañana puede ser demasiado tarde