El pueblo mexicano tiene gran capacidad para resistir la adversidad, pero muy baja para exigir a las autoridades el respeto y la garantía de sus intereses vitales. Sólo así se explica que los mexicanos hayamos aceptado como un hecho de la naturaleza y no como producto de la ineptitud gubernamental y de los abusos oligárquicos una crisis económica que dura más de 15 años. En este proceso de decadencia ninguna calamidad mayor que el ataque de organizaciones y bandas criminales a la vida, la integridad corporal, la libertad, la propiedad de la población. Asombra por una parte la ferocidad de las agresiones, su carácter continuo, organizado, pero sobre todo su impunidad.

Hablar de inseguridad pública es un eufemismo. Por ejemplo, en la capital de la República no hay una sola familia que no haya recibido un atentado. Lo más grave son los indicios de que miembros destacados de la élite mexicana controlan y/o son usufructuarios de la operación de las redes mayores, en particular de los narcóticos y robo de vehículos.

Si es verdad que una sociedad humana avanza respondiendo creativamente a las incitaciones que le impone el medio, los enemigos externos o que ella misma desencadena, podríamos decir que México tiene una oportunidad excelente para cambiar el tipo de respuesta. En lugar de canalizar sus energías pasivamente en la resistencia, es hora de reclamar a las autoridades que se comporten como si fueran servidores públicos. ¡Ya basta! Queremos vivir en una civilización, no queremos ser víctimas continuas y pasivas de la vesanía y el salvajismo de los enemigos sociales, empezando por la policía.

Por eso resulta particularmente plausible la convocatoria a una marcha contra la inseguridad. Decenas de organizaciones civiles han atendido la oportuna llamada del periodista René Delgado. La tarde del 29 de noviembre, miles se sumarían a una larga marcha ciudadana. No puede uno dejar de ver con simpatía esta iniciativa. Las propuestas que esgrime están equilibradas. Hay en ellas un consenso implícito. Pocos en la sociedad mexicana quisieran un estado democrático endeble, incapaz de garantizar la seguridad pública. Son quizás menos aquéllos que reclaman una mano dura protofascista. La propuesta de la reinstalación de la pena de muerte es un exabrupto reaccionario que no es compartido por la mayoría.

También es positiva la pluralidad de los convocantes y de los manifestantes. Abarca todo el espectro político y social. La manifestación se da con gran oportunidad política. A mitad justa del periodo presidencial de Ernesto Zedillo, en la víspera de la inauguración del primer gobierno democrático en el Distrito Federal.

Sin embargo, este hecho político sólo será eficaz si no se queda en lo catártico y desencadena otros acontecimientos de mayor profundidad: 1) una reforma integral a las leyes para crear mecanismos novedosos de defensa social. Las antiguas disposiciones en materia de estado de excepción y suspensión de garantías tendrían que actualizarse para hacer frente a la situación de extrema emergencia en que vivimos. También las normas sobre reincidencia, legítima defensa, endurecimiento de penas a los delincuentes que sean o hayan sido miembros de la política o de cuerpos de seguridad formales o informales y del Ejército.

2) El establecimiento de un verdadero sistema de exigibilidad y rendición de cuentas para contener la corrupción, origen de la inseguridad.

3) No sólo deberían de hacerse reformas a la ley, sino también una reorganización radical de los cuerpos de seguridad. Tanto Jorge Madrazo Cuéllar como Lorenzo Thomas son excelentes funcionarios, pero nada pueden hacer sin un soporte técnico y administrativo eficaz. Son indispensables una reestructuración presupuestaria, nuevos sistemas de reclutamiento y entrenamiento de policías, rastreo electrónico de esos elementos o delincuentes en todo el país.

4) Generar una organización permanente de origen ciudadano no gubernamental. Esta instancia debería actuar no sólo para hacer denuncias y reclamaciones sino establecer una firme alianza entre la ciudadanía, el nuevo gobierno capitalino y el gobierno federal para responder al desafío de la delincuencia con energía y eficacia.

El gobierno, los legisladores, los jueces tienen que cumplir su tarea; las organizaciones ciudadanas, también. Es muy importante que los ciudadanos que no están organizados abandonen progresivamente su actitud de súbditos a la que están condicionados culturalmente. Esto significa aprender a reclamar, pero también aprender a responsabilizarse. Si la ciudadanía respondiera organizando redes de autoprotección, la amenaza de la seguridad no desaparecería, pero sí disminuiría de forma dramática