El regente de la ciudad suele referir a sus amigos su frustración por no haber podido hacer más en el campo de la seguridad pública. Ello debido a que el presupuesto asignado por el Congreso de la Unión resultó en los tres años de su gestión insuficiente para pagar a los policías y demás integrantes de las fuerzas de seguridad salarios dignos y equiparlos con armamento adecuado.

Hoy que el Poder Legislativo no obedece a ciegas cuanta propuesta le envía para su aprobación el Poder Ejecutivo, planteo una modesta proposición a los señores diputados y senadores:

En el Presupuesto de Egresos para el año próximo que ahora discuten, figura una partida de 37 mil millones de pesos destinados a cubrir déficits de la banca y las compañías constructoras de autopistas. En la escuela de economía nuestros buenos maestros nos enseñaron que los recursos de la sociedad captados vía impuestos deben dedicarse a tareas en beneficio de las mayorías, nunca a solventar pérdidas fruto de los malos negocios o los fraudes hechos por particulares. En el caso que nos ocupa, resulta un insulto que se justifique tan enorme cantidad de dinero so pretexto de atacar la pobreza extrema. A no ser que los banqueros y sus socios políticos (Jorge Lankenau, Angel ``El divino'' Rodríguez y Carlos Cabal Peniche no son ejemplos únicos, pero sí visibles), se encuentren entre los más de 20 millones de mexicanos que carecen de lo necesario.

Por eso, como una forma de responder a la protesta que hoy miles expresaremos en las calles de esta ciudad para que cese la violencia y la inseguridad, los legisladores debían asignar parte de esos 37 mil millones a tareas que sí son prioritarias: cubrir mejores salarios a la polícía y demás agrupaciones encargadas de prevenir y combatir la delincuencia, capacitarlas y dotarlas de equipo moderno, mejorar la impartición de justicia y, finalmente, impulsar los mecanismos que permitan reestablecer la sana y necesaria relación que debe existir entre la fuerza pública y la población, hoy separados abismal y peligrosamente