En solidaridad con Jesús Blancornelas

``Se recrudece la ofensiva contra la disidencia y la oposición en México''. Con estas palabras comenzó su colaboración del jueves pasado en estas páginas el profesor Octavio Rodríguez Araujo. Habla ahí de Chiapas y Tijuana, pero también de la ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Trata el tema de los paramilitares, que es objeto de debate en todos los frentes. En Guerrero, por ejemplo, el éxodo de campesinos del poblado serrano de El Cucuyachi es atribuido por los afectados y por el PRD a la acción criminal de pistoleros que identifican con el Ejército y con el PRI, y que aseguran que cuentan con el apoyo oficial. Es decir, como en Chiapas. También como allá, el gobernador y el jefe de la Novena Región Militar rechazan que haya en el estado grupos paramilitares y que en todo caso se aplicará la ley sin distinciones. Pero si los grupos armados (paramilitares) no cuentan con el respaldo gubernamental, sino por el contrario con su repudio, ¿por qué no se detiene a sus dirigentes, conocidos por nombre y apellido en la mayoría de los casos? Son grupos repudiados por la sociedad, por la opinión pública, por los partidos de oposición, por el PRI, por los gobernadores, por la cúpula militar y por el Presidente de la República. Es decir, hay un consenso nacional que permitiría hacer del combate frontal a los grupos paramilitares una auténtica política de Estado. En estos tiempos de democracia electoral en ciernes ¿no ganaría votos el PRI si presiona a los gobernadores para que persigan a pistoleros que asesinan a campesinos? De hecho, en la sierra de Atoyac la mayoría de las víctimas de asesinatos han sido priístas y el dirigente municipal de este partido ha exigido asimismo que se aclaren tales crímenes. Pero nada pasa. Rige la lógica del aniquilamiento, de crear confusión, la idea de restarle base social al EPR no con la tolerancia, el pluralismo, el combate a la pobreza, la aplicación de programas de desarrollo social, sino por la vía de interrogatorios intimidantes, torturas, desapariciones y asesinatos de campesinos. Es el caso de lo ocurrido repetidamente en el municipio de Ayutla, que apenas denunciaron las autoridades del poblado Ocote Amarillo, donde soldados llegan y maltratan a campesinos porque ``le dan de comer a los guerrilleros'' (La Jornada, 26/11/97).

Me adhiero a lo expresado por el compañero Galo Gómez en Milenio cuando asegura que la mejor manera de fortalecer a los grupos guerrilleros, es precisamente con los métodos que aplica el Ejército para perseguir al EPR y al EZLN; es decir, con la llamada guerra de baja intensidad, que ha sido la mejor escuela para formar guerrilleros y para fortalecer dentro de los ejércitos y otros cuerpos de seguridad, a quienes hacen culto de la violencia y se especializan en terrorismo de Estado.

Para romper con esa lógica destructora, y finalmente ineficaz, me adhiero por lo mismo a la propuesta de Luis Javier Garrido de que los diputados de oposición hagan valer su mayoría para reducir el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Asumo que habrá muchos diputados --tal vez la mayoría del PAN, pero también muchos del PRD-- que razonarán que eso los enemistaría con los militares, o que una reducción presupuestal favorecería al crimen organizado. Pero una señal civilista enviada desde los diputados del Congreso de la Unión fortalecería simultáneamente a los militares descontentos con el papel de policías y de torturadores que se les ha asignado, y a los ciudadanos comunes, personalidades y organizaciones de la sociedad civil que participarán en la marcha contra el miedo, contra la violencia este sábado en el Distrito Fedral. Con esta marcha silenciosa se hará escuchar fuerte la indignación de la sociedad, y se fortalecerán las propuestas y soluciones civilistas sobre las militaristas.

En este terreno urgen cambios radicales. El clamor de la sociedad nacional es prácticamente unánime. Cada día que pasa surgen nuevas evidencias de que existe una relación directa entre el crecimiento del crimen organizado y la descomposición del sistema político aún predominante. La ciudad de México será uno de los escenarios principales del creciente antagonismo entre la sociedad civil y la simulación, la corrupción, el tráfico de influencias y la instrumentación, al servicio de un partido, de las fuerzas policiacas y militares.

En medio de los nubarrones por la proliferación de violencias a que hace alusión el editorial de nuestro periódico de ayer, muchos ciudadanos del atribulado estado de Guerrero ven con optimismo y esperanza al naciente gobierno de la capital del país. Confían en que, al final, saldrán fortalecidas las fuerzas no violentas, pacifistas y civilizadoras que propugnan la vigencia plena de un Estado de derecho en el país.