La serie de marchas que se efectuaron en distintas partes de la República -con sus protagonistas, características y perspectivas diferentes- para exigir al gobierno un freno a la violencia que afecta al país, son un indicador más de la indignación ciudadana por el crecimiento descontrolado de la delincuencia, y ante la incapacidad mostrada por las autoridades para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, así como para ofrecer las garantías de seguridad y paz que legítimamente demanda la población.

Si bien el movimiento social expresado en el conjunto de marchas es todavía incipiente y no cabalmente organizado, debe ser atendido por las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, en sus diversos aspectos y desde una perspectiva integral, eficaz y respetuosa de los derechos humanos y sociales.

La disposición mostrada por el Ejecutivo para reforzar el combate a la violencia y proponer nuevas acciones e iniciativas en este sentido, resulta pertinente, pero cabe señalar que en ellas deberán incluirse, necesariamente, medidas que aborden los diversos factores que han incidido en la elevación de los índices delictivos y el recrudecimiento de los actos violentos, en sus diversos escenarios y formas.

En este sentido, ante la escalada de violencia de muy diversos tipos que afectan al país, es indispensable emprender un saneamiento a fondo de las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia que permita erradicar la corrupción imperante y contar con instituciones capaces de hacer frente a la delincuencia y poner fin a la impunidad. De igual manera, es indispensable detener otras actividades violentas y criminales que se presentan en las zonas rurales del país y que son, en ocasiones, toleradas o solapadas por las autoridades. Tal es el caso de Chiapas, donde guardias blancas y grupos paramilitares hostigan a comunidades indígenas y campesinas simpatizantes del EZLN.

La lucha contra la violencia es una tarea urgente que debe ser emprendida de manera efectiva y sin que medien en ella consideraciones de índole ideológica o intereses de grupos. Por ello -en el entendido de que es una responsabilidad insoslayable de las autoridades de todos los niveles de gobierno el establecimiento de medidas suficientes y apegadas al estado de derecho para frenar las actividades delictivas y sanear las instituciones de justicia del país- no debe desecharse la participación de la sociedad civil y de los partidos políticos, en su carácter de representantes de la ciudadanía, en la formulación de propuestas y alternativas respetuosas de los derechos humanos para abatir las lacras de la delincuencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad, provengan de donde provengan, que vulneran la convivencia armónica de los personas, atentan contra la vida, el patrimonio y el bienestar de la población, y obstaculizan el desarrollo social y democrático del país.