En dos ocasiones hemos visto en estas páginas declaraciones, procedentes de la diputación del PRI, en el sentido de que se pueden bajar ``hasta en un 15 por ciento'' tarifas de la electricidad, del teléfono, del gas, a consumidores domésticos de pocos recursos. Esto se plantea en contraposición al planteamiento de quitar el IVA técnicamente, se le fijaría una tasa cero a esos renglones, el cual como sabemos es del 15 por ciento.
Aunque para el consumidor doméstico esas dos posibilidades puedan resultar equivalentes o casi, hay diferencias entre ambos. En el caso de las tarifas eléctricas, el principal problema de rebajar las tarifas es que se afecta a las finanzas de los organismos públicos que prestan el servicio: Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro. Esto es especialmente inconveniente en un momento en el que la capacidad de generación de electricidad para los próximos años no es suficiente y se requieren inversiones importantes para subsanar el rezago. Si se quita el cobro de IVA, el consumidor pagará menos y las empresas eléctricas no verán reducidos sus ingresos.
Lo que dejaría de recaudar la Secretaría de Hacienda por este concepto sería el 0.2 por ciento del presupuesto federal que se está discutiendo, o sea, que el impacto es mínimo. En cualquier caso, sería injusta una reducción para los grandes consumidores domésticos, por lo que la tasa cero para el IVA vendría acompañada de un aumento real a esos grandes consumidores, que redunda en mayores recursos para la electrificación, y para nuevas plantas y líneas.
En otros casos, como es el del teléfono, no hay precios oficiales ni controlados. De ahí que no suene muy responsable la oferta de bajarlos. Por un lado, es ofrecer algo que depende de un tercero. Por otro, y suponiendo que se diera alguna ventaja a Telmex a cambio de ello, se produjera la baja, al no estar controlado el precio éste podría subir en cualquier momento posterior.
En casos como el del gas, más valdría empezar por lograr que se respetaran los precios vigentes, y porque se entregaran las cantidades de gas establecidas, superando problemas como los que hemos visto no sólo en estas páginas, sino en nuestra vida diaria y en las experiencias de nuestros amigos.
Si se tratara de que el gobierno subsidie estos productos pagando a cada una de las empresas, públicas o privadas, el monto descontado, entonces no se ve cuál es el propósito de hacerlo a escondidas y no quitando abiertamente el cargo adicional del IVA. Si no va a haber ninguna diferencia económica, entonces resultaría que todo el pleito es por salvar la cara, para no aparecer legitimando una medida que va en el sentido opuesto del aumento del 10 al 15 por ciento del IVA en 1995.
Pese a todo, es muy positivo que se discutan públicamente los asuntos que realmente están en discusión. Los discursos anunciando el apocalipsis si se hace esto o lo otro, o descalificando de una u otra manera a los interlocutores, podrán ser tomados por quienes los pronuncian como medidas de ablandamiento de los otros. Sin embargo, causan preocupación en una parte de la ciudadanía que hasta llega a dudar de si habrá presupuesto para 1998 y, a la larga, afectan la credibilidad.
Qué cambios específicos se proponen en los ingresos, en el origen que deban tener, en su monto; qué se plantea en cuanto al gasto, qué se debe incluir en él que no esté ya, o qué de lo que está debe salir. Esos son los puntos que deben ser motivo de discusión, y en ese sentido son positivas las expresiones que acabamos de comentar.