En una carta al ``exelentísimo (sic) señor Carlos Salinas de Gortari'', Carlos Menem interpuso su influencia personal en favor de una empresa argentina que vende hospitales ``llave en mano'' y cuyos principales ejecutivos terminaron yendo a la cárcel en México por presentar fianzas falsificadas. La misiva data de 1994, pero el espinoso asunto continúa sustanciándose en tribunales mexicanos y argentinos.

Ya en abril de 1994, antes de que la empresa MIPSA (Medicina Integral Privada, SA) presentara pólizas truchas (falsas) en perjuicio de la Secretaría de Salud de México, Salinas de Gortari le señalaba a Menem ``algún incumplimiento de los términos y procedimientos acordados previamente, mismos que sugieren deficiencias -o insuficiencias- de la capacidad gerencial de la empresa participante''.

No obstante, la operación continuó hasta que las autoridades mexicanas iniciaron acción legal contra el presidente formal de MIPSA, Sergio Rovagna, y uno de sus ejecutivos, Gabriel Schiavoni. Detrás de ambos está el suegro de Rovagna, que es la cabeza real del grupo: el ex sargento del Ejército, Antonio Alberto Gabrielcic, antiguo asistente del general Víctor Pino, uno de los hombres de confianza del dictador militar Roberto Viola.

Pese a la acción judicial por el fraude con las fianzas y otros hechos delictivos que se imputan a MIPSA en perjuicio de empresas mexicanas, han seguido moviéndose influencias en su favor de por lo menos tres ex funcionarios menemistas, que lograron la tolerancia de algunos burócratas mexicanos.

Un sargento empresario

A comienzos de los noventa, el sargento-empresario Gabrielcic decide expandir sus actividades fuera del país, mediante la exportación de ``hospitales llave en mano'', un ingenioso sistema diseñado por uno de sus asociados, el abogado peronista (ya fallecido) Carlos Federico Compte. El mecanismo aprovecha créditos ``blandos'' para el fomento de las exportaciones y jugosos ``reintegros'' de los distintos regímenes de promoción.

La primera experiencia es en Brasil, donde construyen cinco pequeños dispensarios y terminan con varios juicios que se prolongaron durante años.

Luego dirigen los ojos a México, donde hay un convenio de intercambio compensado con la Argentina, y logran un contrato para construir hospitales en ciudades del interior con financiamiento oficial argentino.

Para la operación internacional, Gabrielcic ha echado mano de un nuevo asociado: su antiguo jefe, el general Pino, quien a su vez es amigo del general Jorge Rearte, a la sazón jefe de la Casa Militar de Menem y antiguo agregado militar en México donde ha establecido y mantiene sólidos contactos. (Luego Pino se peleará con Gabrielcic porque éste no le reconoce sus comisiones, pero esta ya es otra historia).

Algo no funciona y en 1993 una auditoría mexicana ordena cancelar los contratos con la empresa argentina, a la que se acusa de no cumplir sus plazos y utilizar materiales y equipos de baja calidad.

Algunos hospitales del interior, con pleitos y demoras, se han construido, pero falta la fase final del proyecto y un nuevo convenio muy ambicioso: el Centro Médico de Rehabilitación, que supone una inversión de 100 millones de dólares.

Es entonces cuando se produce la insólita intervención de Menem, a través de una carta que no sólo tiene faltas de ortografía (``Exelentísimo'' en vez de ``Excelentísimo''), sino que llega a Salinas de Gortari un mes después de haber sido redactada y a través de un emisario personal: el contador Daniel Peralta, quien ha trabajado junto a Bauzá en la Secretaría General de la Presidencia y a la sazón es director del Banco Central. Menem le recuerda a Salinas lo que han acordado y presiona sin eufemismos por los empresarios cuestionados por la justicia mexicana: ``Asimismo pareció cumplirse nuestra voluntad del Acta de Octubre cuando se arriba al acuerdo final para la construcción del Centro de Rehabilitación a llevarse a cabo por empresas de mi país en el Distrito Federal de México. Recientemente, sin embargo, y a través de nuestro seguimiento de proyectos argentinos en el exterior, he tomado conocimiento que una demora de casi ocho meses ha afectado no sólo la ejecución del tramo final del Proyecto de los primeros hospitales sino también al perfeccionamiento del Nuevo Convenio del Centro de Rehabilitación. Por la importancia de recuperar el ritmo perdido, informo al Sr. Presidente que he instruido a las empresas argentinas para que todo lo atribuible a su responsabilidad sea resuelto de inmediato. Asimismo, formulo fervientes votos para que se solucione en el menor tiempo posible los demás causales de este retraso que nos impiden observar la concreción de este nuevo emprendimiento binacional que conjuga un nuevo impulso de avance en nuestro arduo pero promisorio camino de integración''.

Salinas de Gortari comienza puntualizando que la carta de Menem del 21 de marzo del año en curso (1994) llegó a su despacho ``el pasado 14 de abril''. Luego informa a su colega que ha formado un grupo intersecretarial ``para dar seguimiento al mencionado proyecto'' y que este grupo le ha reportado ``problemas concernientes a la calidad de la obra realizada y algún incumplimiento de los términos acordados previamente'', que le suscitan dudas sobre la ``capacidad gerencial'' de la empresa argentina. No obstante lo cual ha dado instrucciones para finiquitar ``la primera etapa del proyecto'' y establecer ``fórmulas en procedimiento -aceptables para ambas partes- que eviten problemas como los ya comentados''.

Manos a las obras

Con el padrinazgo de Menem, MIPSA pudo continuar con las primeras obras y obtuvo -sin licitación- el contrato para el Centro de Rehabilitación. No obstante la empresa, que era insolvente y había acumulado ya deudas por más de 10 millones de dólares con el Banco de Crédito Argentino, no logró el apoyo financiero del Banco Central y tuvo que ofrecer -contra lo que establecía el Programa de Intercambio Compensado entre los dos países- un financiamiento comercial (del West Merchant Bank) que las autoridades mexicanas, inexplicablemente, aceptaron.

Y las obras se iniciaron a mediados de 1996, recibiendo MIPSA anticipos por 21 millones de dólares contra la entrega de dos fianzas que los funcionarios mexicanos, de modo igualmente inexplicable, no verificaron.

Lo hicieron un año más tarde, después de que diversos acreedores de MIPSA trabaron embargo contra los pagos que debía recibir la empresa avalada por Menem. (Uno de estos embargos había sido decretado por un juez argentino.)

Entonces descubrieron que las fianzas presentadas para obtener los créditos pertenecían a una empresa en liquidación: Aries Compañía Argentina de Seguros, SA. Hicieron la denuncia penal y Rovagna -yerno de Gabrielcic- y el ejecutivo Gabriel Schiavoni -viejo colaborador del sargento- fueron encerrados en el Reclusorio Sur de la ciudad de México, con auto de formal prisión por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública mexicana.

En julio, luego de asociarse con una empresa mexicana que aportó nuevas fianzas, los directivos de MIPSA obtuvieron su libertad y abandonaron tierras aztecas rumbo a Buenos Aires. Fue una decisión oportuna, porque el 30 de ese mismo mes la juez número 20 de lo penal, Patricia Hernández Agis, libró orden de aprehensión contra el fallecido Carlos Federico Compte y Sergio Daniel Rovagna por otro fraude, de un millón 800 mil dólares, en perjuicio de la empresa mexicana TRAAC Instalaciones, SA de CV. Causa que motivó uno de los aludidos embargos.

En Buenos Aires, mientras tanto, el abogado Sergio Idoyaga (del afamado estudio Abeledo-Gottheil) presentaba dos pólizas para sustituir el embargo libradas por sendas compañías de seguros: General de Fianzas y Garan- tías, SA, y Horizonte. Una rápida investigación encarada por los abogados de la empresa mexicana descubrió que estas otras fianzas también habían sido falsificadas.

Idoyaga, entonces, alegó que el titular de MIPSA (Gabrielcic) había sido objeto de un fraude presuntamente perpetrado por su amigo Roberto Escariz. Lo que motivó la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N¼ 22, a cargo del doctor Eduardo J. M. Cubría, y la derivación del litigio en dos causas: una correccional y otra federal.

En México, además, una nueva auditoría oficial cuestiona que la adjudicación a MIPSA no se hizo ``con apego a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas'', critica a los funcionarios mexicanos que no verificaron las fianzas, recuerda los atrasos y la ``deficiente calidad'' de los trabajos y materiales aportados por la compañía argentina y detecta fuertes diferencias de precios que habrían determinado un quebranto superior a los 29 millones de dólares en perjuicio de la Secretaría de Salud. Interesante performance para una empresa argentina designada y defendida por Menem y otros hombres que alguna vez estuvieron en el gobierno, como el ex secretario de Relaciones Exteriores y embajador en el Paraguay, Raúl Carignano, o el famoso Alfredo Aldaco, destacado integrante del grupo de Cavallo, hasta hace poco detenido en Villa Devoto por la causa IBM-Banco Nación. A éstos se habrían sumado diplomáticos argentinos acreditados en México, alguna mano oculta de la cancillería y dos penalistas mexicanos no muy aplaudidos bajo los volcanes: Ricardo Franco Guzmán (fiscal electoral en 1994) y Humberto Benítez Treviño, ex procurador general de la República con Carlos Salinas de Gortari.