Imagine lo que esto significa: cada año en el país se realizan unas 120 mil millones de transacciones de índole comercial, es decir algo así como 350 millones de operaciones diarias.

Piense ahora cómo haría usted para fiscalizar cada uno de esos intercambios mercantiles y desprender aquellas operaciones que implican la obligación de recaudar y luego declarar, con toda honestidad, impuestos tales como el ahora tan llevado y traído IVA. Difícil, altamente complejo, ¿no?

Pues bien, en este hecho radica la debilidad de las autoridades fiscales para hacer más flexible su postura de bajar el Impuesto al Valor Agregado, que representa uno de los ingresos gubernamentales más importantes y del cual se desprenden los recursos más importantes para la participación federal a los municipios.

Es poco lo que se capta de IVA, frente a lo mucho que se podría obtener en caso de que los contribuyentes actuaran legalmente, tanto en el cobro como transferencia de ese impuesto. Cheque usted: aunque en lo público se acepta que la evasión del IVA alcanza niveles de 28 por ciento, que representa algo así como dejar de recaudar 27 mil millones de pesos, en lo privado la gente de Guillermo Ortiz Martínez ha llegado a aceptar que esa evasión oscila entre 40 y 50 por ciento sobre la base teórica gravable, relativa a ese impuesto.

Sin duda el IVA podría bajar no sólo a 13 por ciento, como consideran en su postura ``flexible'' los diputados del llamado G-4, sino que podría irse hasta 10 por ciento nuevamente, con efectos --sin duda-- adversos en diferentes direcciones: una de ellas sería que las huestes de la Secretaría de Hacienda tendrían que ser más duras ``para mejorar la fiscalización''. A menos cantidad de recursos impositivos, en términos de dinero habría que forzar a mayor cantidad de recursos por la vía de más contribuyentes.

Y esto llevaría a un nuevo estado de ``terrorismo fiscal'', tan repudiado --casualmente-- por las cúpulas empresariales, muchos de cuyos representados podrían ser, ni más ni menos, que los mismísimos evasores, aunque estos señalen que el problema radica en la economía informal. Una parte de la oferta de Hacienda es precisamente no bajar el IVA, a cambio de mejorar la recaudación.

En el fondo de las discusiones técnicas sobre la conveniencia o inconveniencia de bajar el IVA como un componente de los ingresos gubernamentales, debería surgir además --como algo novedoso en el juego de la coparticipación en el ejercicio del gobierno-- el aportar soluciones a ese gravísimo problema de la evasión fiscal; y ahí pareciera que sólo existe la apuesta del gobierno de crecer la base gravable (viejo anhelo de siempre) y ``mejorar la fiscalización'', que no es otra cosa que ejercer mayor presión para el pago de los impuestos. Baste recordar la campaña publicitaria emprendida este año de recaudación fiscal.

Hoy el IVA representa una proporción de 2.9 por ciento del producto interno bruto. En total, la carga fiscal sobre la producción bruta nacional llega a ser de 17 por ciento, nivel muy bajo en comparativos internacionales, que implica el reto de encontrar nuevas formas de captación para financiar el desarrollo nacional, haciendo frente a la evasión.

Melée

Sigue difícil la situación para el gobernador Fernando Canales Clariond, ahora por las imputaciones que ha hecho Fernando Lankenau Rocha, hermano del ex presidente de Grupo Abaco Financiero, en el sentido de que el gobernante de Nuevo León siempre estuvo al tanto de las operaciones que se llevaron a cabo en el corporativo financiero... Canales se mira ya demasiado nervioso y no sólo por la presión que implica el ser señalado en un caso tan grave como el del quebranto al banco y las operaciones off shore, sino porque, independientemente de que haya sabido o no de esas operaciones, como presidente del Consejo de Administración del Grupo él resultó afectado como cliente en ese tipo de negocios. Por supuesto, su nombre no aparece entre los que demandan a Lankenau, su compadre, amigo y familiar... El suculento platillo que están implicando las inversiones previstas por Pemex de aquí al año 2000, especialmente las dirigidas a la Sonda de Campeche y la Cuenca de Burgos, han desatado una competencia feroz entre los principales grupos constructores de México: Tribasa y Bufete Industrial, que han desplegado una fuerte actividad de alianzas internacionales, y tienen preocupados a grupos que tradicionalmente habían estado participando en la industria petrolera sin mayores obstáculos, como Protexa...