Chuayffet: apertura a toda propuesta para reanudar el diálogo en Chiapas

La Secretaría de Gobernación no está en contra de lo que se firmó en San Andrés Larráinzar, ni tampoco son palabras huecas cuando se habla de aceptar los derechos o sistemas normativos propios de los indígenas. ``El gobierno está abierto a cualquier iniciativa, venga de donde venga'', para reanudar el diálogo por la paz en Chiapas, aseveró el responsable de la política interna del país, Emilio Chuayffet Chemor.

El titular de Gobernación insistió en que las autoridades mexicanas no tienen reticencia alguna para reconocer los derechos indígenas, ya que ``ha sido la instrucción del presidente Zedillo, sin comprometer la estructura constitucional del Estado, generar lo que deseamos: la reconciliación entre todos los mexicanos''.

El funcionario aceptó que no se ha podido avanzar mayormente en el diálogo en Chiapas, porque el tema de la iniciativa de reformas constitucionales ha propiciado una divergencia que es pública.

``No se trata de resolver el problema en esa entidad para generarnos adelante más conflictos por una reforma constitucional que no esté pulcramente elaborada'', añadió.

Diálogo con los partidos

Chuayffet hizo hincapié también en el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para la reforma del Estado.

``El diálogo no debe ser puesto en términos de reinicio, porque no se ha interrumpido nunca. Desde que el presidente Ernesto Zedillo convocó a los partidos políticos, el 17 de enero de 1995, a una gran reforma del Estado, el intercambio está presente''', dijo el secretario.

No obstante, admitió que se han dado ``interrupciones'' en ciertos formatos y que éstos se tienen que ``repensar'' con el objetivo de darle mayor celeridad a los trabajos de discusión de la reforma. Pero, insistió, ``el diálogo nunca ha cesado, el intercambio de opiniones no ha concluido, la voluntad de cambio de todos los actores políticos tampoco ha mermado''.

Garantizó que hay una voluntad expresa por parte del gobierno para continuar transformando al Estado mexicano, y en ese contexto exhortó a todos los actores políticos involucrados a seguir discutiendo los temas sujetos a debate nacional.

``Si el formato representa más que un problema, una oportunidad para imprimir una dinámica mayor a los trabajos de la reforma, pongámonos todos de acuerdo sobre el nuevo orden que reclama''.

Hizo también, según un comunicado de Gobernación, un balance de los tres primeros años de gestión del presidente Zedillo, en los cuales, sostuvo, ``una enorme labor de modernización política se ha venido cumpliendo puntualmente''.

Abunda: ``No sólo en el capítulo electoral, sino en otros como el del Poder Judicial y esencialmente en la reforma del Estado. En México --aseguró-- se vive hoy un clima de mucha más democracia, estabilidad política y participación de la sociedad y de los partidos en las cuestiones públicas del país''.

En relación con el problema de la seguridad pública, Chuayffet reconoció que es lacerante y muy complejo y que, ciertamente, han sido pocos los logros. Sin embargo, concluyó, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto con todos los gobernadores y especialistas en la materia, ha integrado una comisión que en breve anunciará medidas muy importantes para beneficio de toda la población.

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de diciembre Ť Luego de recorrer varias regiones de la entidad, la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas concluyó que la ``creciente militarización'' del área ``no es la solución del conflicto'' ni ayuda a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, en las cuales la presencia del Ejército Mexicano provoca que se incrementen ``la desconfianza, la confusión y el miedo''.

Integrada por 44 representantes de unos veinte organismos nacionales y extranjeros, la misión afirmó que es ``urgente'' que se brinde ayuda humanitaria a las familias desplazadas por la violencia en el norte de la entidad y en Chenalhó, ya que su situación es ``desesperada''.

En un informe dado a conocer en conferencia de prensa esta noche, el grupo de observadores consideró que la ``mejor manera'' de canalizar alimentos, medicamentos básicos, ropa y materiales de construcción para las familias afectadas es a través de una instancia neutral como la Cruz Roja Internacional.

Además, sostuvo que para restablecer la convivencia pacífica en las comunidades de los Altos y el norte de Chiapas es necesario crear condiciones para el retorno de todos los desplazados, cuyo número exacto no mencionó, pero que se estima en unos diez mil indígenas choles y tzotziles, principalmente.

La misión advirtió que si el gobierno no detiene la situación de violencia que se vive en la entidad ``habrá una matanza incontrolable por una guerra civil''.

Los representantes de los organismos que desde el pasado domingo visitaron comunidades de Chenalhó, Tila y Sabanilla exhortaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y ``en particular'' al Fondo de Ayuda para la Infancia de la ONU (UNICEF) a que consideren ``la gravedad de la situación de los desplazamientos internos'' y las ``violaciones a los derechos humanos que se viven como consecuencia de una guerra civil en la zona norte de Chiapas, en la que los niños son los que más sufren''.

De acuerdo con el informe de nueve cuartillas, la mayoría de los desplazados son simpatizantes del PRD, de la ``sociedad civil'' y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque también hay de otros grupos y partidos.

Según los observadores, durante su recorrido ``constataron'' que existe una ``connivencia y complicidad abierta y probada entre la policía de Seguridad Pública estatal y los grupos paramilitares -como Paz y Justicia en el norte- en las localidades visitadas''. Incluso, agregaron, algunas de las comunidades en que estuvo la misión ``han sido hostigadas después de nuestra presencia''.

Al solicitar al gobierno chiapaneco que ``desarme a los grupos paramilitares que operan en diversas regiones de la entidad'', el grupo civil recomendó que se propicien las condiciones para un verdadero proceso de reconciliación en las diversas zonas de conflicto, con la mediación de organismos nacionales e internacionales propuestos y aceptados por las partes en pugna.

La misión de paz propuso la integración de una comisión independiente que investigue la situación en el norte de Chiapas y deslinde responsabilidades de los funcionarios que ``han promovido y tolerado la violencia''. Además, como ``un paso hacia el diálogo'', planteó la liberación de los presos políticos y la anulación de las órdenes de aprehensión ``fundadas en motivos políticos''.

De acuerdo con el documento de los observadores, en la comunidad de Pechiquil, municipio de Chenalhó, al realizar la visita se constató que había gente ``con vestimenta que mezclaba uniformes del Ejército federal con los de Seguridad Pública'', aparte de que siete agentes estatales en la comunidad de Mojomut ``portaban armas AK-47, de uso exclusivo del Ejército''.

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de diciembre Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador Julio César Ruiz Ferro que ``de inmediato'' adopte las medidas cautelares o precautorias para proporcionar alimentos, ropa, cobertores y atención médica a los cientos de desplazados de varias comunidades de Chenalhó.

Luis Jiménez Bueno, coordinador de la CNDH en los Altos y la selva de Chiapas, informó que además, el organismo solicitó a Ruiz Ferro realice las gestiones necesarias para que los desplazados retornen a sus hogares con garantías de seguridad, y que implemente las acciones pertinentes para ``restablecer la convivencia pacífica'' entre los pobladores de Chenalhó.

Agregó que la solicitud fue hecha ayer luego de que una brigada de la CNDH recorrió varias de las comunidades afectadas por la violencia de las últimas fechas en Chenalhó. En su visita, la brigada de la CNDH constató que no menos de diez viviendas fueron destruidas totalmente y más de 30 dañadas parcialmente, al parecer por disparos de arma de fuego y otros proyectiles, principalmente en los parajes de Tzajalucum y Pechiquil.

Jiménez Bueno dio a conocer que la brigada de la CNDH que recabó la información sobre los desplazados en el lugar de los hechos fue ``impedida'' para ingresar a las comunidades de Aurora Chica, Yashemel, Yabteclum, Tzanembolom, Yiveljoj, Bajoveltic y Acteal, donde se sabe que la situación es igualmente difícil.

Por otra parte, dijo que con el propósito de que las partes en conflicto en Chenalhó entablen un diálogo para frenar la violencia, ayer se reunieron integrantes de la Comisión Nacional de Intermediación, de la CNDH, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, del ayuntamiento priísta constitucional y de la Secretaría de Atención para los Pueblos Indígenas.

Los asistentes a la reunión, realizada en la cabecera de Chenalhó, acordaron proponer al ``autodenominado'' concejo municipal autónomo que la primera mesa de trabajo con su contraparte se realice el próximo viernes, con la intervención de diez representantes de cada lado, y la observación de la Conai, la CNDH y la Comisión de Concordia y Pacificación -a la cual se le haría la invitación respectiva-, entre otras instancias.