La Jornada 4 de diciembre de 1997

CNDH: cadena perpetua a hampones no readaptables, alternativa

David Aponte y Triunfo Elizalde Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechaza la aplicación de la pena de muerte en México. En todo caso, la alternativa sería la sentencia de cadena perpetua para los delincuentes peligrosos, dijo ayer la ombudsman Mireille Roccatti.

La sentencia capital no es justificable en términos jurídicos ni filosóficos. El Estado no puede convertirse en ``vengador de la sociedad''. Además, podría incurrir en ``errores judiciales'' en contra de inocentes, argumentó.

``Desde luego que el hombre no puede tener derecho de vida sobre otro, y no se le puede enseñar a alguien a no matar, matándolo'', agregó.

Entrevistada en la cancillería, donde tuvo lugar la primera reunión temática de legisladoras sobre reformas legislativas en materia de violencia familiar y sexual, consideró que el tema de la pena de muerte no debería siquiera estar en discusión entre los mexicanos.

Los altos índices de delincuencia y violencia podrían abatirse mediante programas y políticas preventivas, y con sanciones más efectivas, severas y enérgicas. Pero sobre todo con la verificación de que las penas sean cumplidas en su totalidad, continuó.

``Hay que tomar medidas muy drásticas en contra de los altos índices de criminalidad y de todos esos delincuentes en quienes ha habido una transformación de mayor violencia, pero sin llegar a la muerte'', expuso.

Opinó que otras fórmulas de prevención del delito están vinculadas a los proyectos de atención a la juventud, como la creación de fuentes de empleo y el desarrollo de actividades deportivas, debido a que existe un alto índice de criminalidad entre los jóvenes de 16 a 22 años.

En la actualidad, la CNDH trabaja en proyectos relacionados con los temas de seguridad pública, y para que las leyes penales sean más duras contra los delincuentes que no son readaptables a la sociedad, añadió.

-¿Una alternativa a la criminalidad podría ser la cadena perpetua?

-En México no se aplica. La pena máxima en el Distrito Federal es de 50 años, en otros estados es de 40, pero podría ser una de las alternativas para individuos que no son readaptables y representan un peligro para la sociedad.

-¿Nosotros tendríamos que seguir pagando con impuestos a esa gente de por vida en la cárcel? ¿Vale la pena? -preguntó una periodista de radio.

-Creo que una vida no tiene precio, y si estamos arriesgando a tener grandes cantidades de asuntos en donde existiera error judicial, tanto en las investigaciones de los ministerios públicos, de la policía judicial, como en la determinación de los jueces, la sociedad entera cargaría la responsabilidad de privar vidas que tal vez fuesen inocentes.

Derogar la existencia de la pena de muerte: ONG

El Congreso de la Unión debe aprovechar el momento para legislar en contra de la pena de muerte y derogar su existencia legal dentro de la Constitución, en respuesta a ``grupos duros'' con inspiración dictatorial, fascista y retardataria que piden se instaure la sentencia capital en México. Hasta la saciedad está demostrado que en ningún lugar del mundo ese tipo de castigo irreversible ha resuelto el problema de la delincuencia.

Los conceptos fueron vertidos por Oscar González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; David Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Benjamín Laureano Luna, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, y Oscar Alzaga Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

David Fernández Dávalos afirmó que la pena de muerte ``sólo exacerba la violencia y embrutece al hombre''. Sensiblemente preocupado por el debate actual, destacó ``que esa sentencia es una herencia de la barbarie humana que no tiene efectos prácticos''.

Detalló que de 196 naciones que integran la ONU, 98 aceptan la pena de muerte en delitos comunes, 18 sólo en casos de excepción (como México), 35 la han abolido por completo y 27 no la ejecutan aunque está en sus constituciones.