Si el presupuesto y la Ley de Ingresos para 1998 no se aprobaran a tiempo y en consecuencia el país sufriera una parálisis económica y financiera, la responsabilidad sería de un Poder Ejecutivo intransigente, de un Presidente incapaz de gobernar con un Congreso que ejerce su función de contrapeso y de vigilancia. Ernesto Zedillo advirtió desde las campañas pasadas que si la oposición obtenía la mayoría en el Congreso, él no iba a poder continuar con sus políticas económicas y de gobierno. Parece que quisiera cumplir.

Con anterioridad a la presentación de las iniciativas del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, hubieron acercamientos y pláticas entre representantes de los distintos grupos parlamentarios y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, incluso llegó a pensarse que podrían consensarse ciertos criterios básicos antes de la presentación de la propuesta oficial, y que las principales demandas de la oposición serían incorporadas en el proyecto oficial de ingresos y egresos. Sin embargo, no fue así, y lo presentado a los diputados no contuvo modificaciones que reflejaran disposición a los cambios que en materia económica reclama la ciudadanía; sobre todo en materia de recaudación fiscal.

Ahora los días resultan cortos para todas las partes pues el día 15 debemos tener presupuesto aprobado. Lo más difícil continúa siendo que el Ejecutivo se niega a aceptar las principales propuestas de los diputados, hasta amenaza con rechazarlas en el Senado. Están estirando la cuerda demasiado, acorralan a la oposición legislativa: o aprueban como está, o no hay presupuesto a tiempo. La actitud del secretario de Hacienda en sus comparecencias en la Cámara demostró esa soberbia. La postura nos recuerda a la de la instalación de la nueva Cámara en la que se condicionó a las distintas fracciones a acatar los vetos del PRI-gobierno. Estos no fueron aceptados y hubo instalación sin la bancada priísta. Igualmente habrá presupuesto.

Algunas demandas son especialmente difíciles para el gobierno y su partido por el carácter politizado que desde el principio han adquirido. Este es el caso del IVA. El incremento a este impuesto en 1995, en medio de la peor crisis económica de los últimos años, tuvo un costo muy alto para el sistema. Y como sus efectos fueron realmente dramáticos en los niveles de consumo de la población, su reducción se convirtió en una sentida demanda popular y en un compromiso de campaña de la oposición. De tal manera que aceptar una disminución del IVA, significaría desde el punto de vista oficial, un reconocimiento al error político pasado y un triunfo del adversario. Los argumentos técnicos de carácter económico a los que aduce la Secretaría de Hacienda para negarse a la reducción de este impuesto, que por demás pintan panoramas catastróficos, no son más que escudos en su defensa. Lo que no se quiere reconocer es que este aumento no fue adecuado en su tiempo y que, actualmente, su reducción permitiría que la exigua recuperación llegara precisamente a la economía familiar. Pero además, el IVA no es la única demanda ignorada en el proyecto oficial y que tiene particular importancia económica y política; están por ejemplo el federalismo y el fortalecimiento municipal que deberían observarse en los ingresos y egresos.

Como tiene que haber presupuesto para 1998, en tiempo y forma, tal vez éste sea otro momento histórico en el que tengamos que dejar las diferencias partidistas a un lado para conciliar acuerdos que, por supuesto, respetando proyectos y plataformas, constituyan una propuesta viable y adecuada a las necesidades de la población de México. El gobierno y su partido deberán sumarse a tiempo para que no lleguen con retraso, como les ocurrió cuando se instaló la Cámara de Diputados.

Las fracciones parlamentarias de oposición en la Cámara tienen todo el espíritu de consenso que se necesita, pero no pueden renunciar a ejercer el mandato ciudadano de ser el primer Congreso que ejerza sus facultades constitucionales con independencia del Ejecutivo. De la Presidencia de la República dependerá que con respeto institucional, Legislativo y Ejecutivo lleguen a un acuerdo. De no ser así, la primera responsabilidad sería de Ernesto Zedillo.