Por unanimidad aprobó el Senado el nuevo estatuto del Distrito Federal
Andrea Becerril Ť El pleno del Senado de la República aprobó ayer, por unanimidad, el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual fortalece las atribuciones y facultades del gobernante de la capital en materias que antes decidía exclusivamente el Presidente de la Nación y establece las bases de la participación ciudadana a través del plebiscito y la iniciativa popular.
Aprobado anoche con 101 votos, el nuevo estatuto ``demuestra la disposición de todas las fuerzas políticas para que el gobierno que habrá de iniciar este viernes Cuauhtémoc Cárdenas tenga todo el respaldo institucional que se requiere y el respeto de las diversas instancias de decisión, de gobierno y legislativa'', expuso la senadora Amalia García al fijar la postura del PRD en torno al dictamen.
Igualmente, la senadora del PRI María de los Angeles Moreno dijo que se dio un paso fundamental ``para consolidar la democratización del ejercicio de gobierno en el DF''.
La presidenta de la Comisión del DF de la Cámara de Senadores expuso su confianza en que ``los grandes problemas que se enfrentan en la capital del país requieren de ``una convergencia inteligente, de la suma de voluntades de todos''.
Igualmente, en nombre del PAN, la senadora María Elena Vicencio de Alvarez expuso que al aprobar el decreto ``Acción Nacional quiere dar muestra de lo que puede ser trabajo en conjunto, consensuado; quiere decirles que es posible vivir en la pluralidad política y que ésta redundará en beneficio de los habitantes del Distrito Federal''.
El dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reformaron el Estatuto de Gobierno del DF, la Ley Federal de los Servidores Públicos, la Ley de Expropiación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue leído ante el pleno senatorial por el general con licencia y senador del PRI, José Antonio Valdivia, en nombre de las comisiones dictaminadoras.
Por la mañana hubo una amplia discusión en la que participaron seis senadores del PRD, entre ellos Amalia García, Carlos Payán Velver, Héctor Sánchez, Rosalbina Garavito y Jorge Calderón, además de los legisladores del PRI y PAN que integran las comisiones del Distrito Federal, de Gobernación y de Estudios Legislativos.
El nuevo estatuto fortalece las atribuciones del jefe de gobierno en materias que antes decidía exclusivamente el Presidente de la República, como es el caso de la dirección de los servicios de seguridad pública, los de reclusión, las normas de ejecución de sentencias y beneficios preliberacionales.
De acuerdo con el nuevo estatuto, el nombramiento del secretario de Seguridad Pública se mantiene como facultad del Presidente, pero con un cambio: lo nombrará el Ejecutivo, pero a propuesta del jefe de gobierno, quien podrá asimismo solicitar su remoción.
Por lo que se refiere al procurador de Justicia no prosperó la propuesta del PRD para que la Asamblea Legislativa lo ratificara. En el estatuto se mantuvo que el jefe de gobierno nombrará al procurador, quien debe ser ratificado por el Presidente.
El nuevo ordenamiento que regirá la vida política del DF precisa las atribuciones del jefe de gobierno para formular la política de seguridad, nombrar a los mandos inferiores inmediatos al del secretario de Seguridad Pública, crear establecimientos de formación policial y ordenar la división territorial de la ciudad para efectos de seguridad.
Otra modificación importante es que se concede al jefe de gobierno capitalino la facultad de expropiación y la de nombrar al contralor general de la administración pública, que tendrá bajo su responsabilidad los procedimientos para sancionar a los servidores públicos del gobierno capitalino por faltas administrativas.
Entre las modificaciones destaca la eliminación de la causa genérica que daba discrecionalidad al Senado para remover al jefe de gobierno. En el artículo 27 del nuevo Estatuto se precisan las causas; entre ellas la reiterada invasión a las atribuciones de los poderes federales, la desobediencia reiterada y sistemática a cumplir con los actos legislativos, ejecutivos y jurisdiccionales que dicten los poderes de la Unión, el endeudamiento en contravención a las normas dispuestas por el Congreso, el uso de las fuerzas públicas fuera de las facultades de dirección y otras que tipifique la ley.
Se establecieron las bases de participación ciudadana en lo asuntos públicos a través de los mecanismos que precisa la ley, pero particularmente mediante el plebiscito y la iniciativa popular.
Las comisiones dictaminadoras resaltaron que el Estatuto ayer aprobado dota a la ciudad de México de instituciones de gobierno y de fórmulas de participación democráticas más fuertes y adecuadas a las realidades y exigencias de una de las poblaciones más grandes del mundo, a la vez que se aportan los elementos que aseguran el funcionamiento eficaz como sede de los poderes federales y de la capital de la República.
El dictamen a la minuta recibió 101 votos del PRI, PAN y PRD a favor en lo general y particular y uno diferenciado del priísta Trinidad Lanz.