En riesgo, la capacidad de pagar la deuda capitalina

Juan Antonio Zúñiga M. Ť La deuda que deja el último gobierno impuesto de la ciudad de México al primero surgido del voto de los capitalinos llegará a 28 mil 550 millones de pesos al término del año 2000, según las proyecciones oficiales del Departamento del Distrito Federal.

No obstante, esa deuda podría ascender a 36 mil 107 millones de pesos, de acuerdo con las perspectivas de la Comisión de Enlace de Cuauhtémoc Cárdenas, jefe electo de la capital del país, quien concluirá su mandato al frente del gobierno de la ciudad precisamente al finalizar el siglo XX.

El problema, sin embargo, parece ir más allá de la diferencia de cifras y alcanza dos enfoques ajenos entre sí de los propósitos medulares de la política económica. Ambas partes coinciden en lo inevitable de la deuda, pero no en el condicionamiento que impone su manejo.

Gran parte del endeudamiento que pretende heredarse al nuevo gobierno capitalino en realidad es federal y lleva en sí una dinámica de crecimiento que pudiera hacerla inmanejable durante los próximos tres años. Esta es parte de la batalla de los doctores.

Según el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Martín Werner, para el gobierno federal el endeudamiento impuesto a las finanzas públicas de la ciudad ``no condiciona su insolvencia''.

Pero para el doctor Samuel Ignacio del Villar, auxiliar de Cárdenas, el Programa Financiero de la Ciudad de México, perspectivas 1998-2000, presentado y propuesto a la Comisión de Enlace por la Secretaría de Finanzas del DDF., ``proyecta un claro estado de insolvencia para el (nuevo) gobierno de la ciudad''.

La última palabra sobre la asunción de la deuda pública del DDF por el gobierno federal la dirá el Congreso de la Unión. Por lo pronto la solicitud fue planteada y las pláticas con el Ejecutivo ya comenzaron.

Fichas negras

El 7 de noviembre, Samuel del Villar y el subsecretario Werner, en tonos amables, pero firmes, confrontaron sus puntos de vista sobre el peso de la deuda pública en las finanzas del gobierno capitalino.

Del Villar planteó la necesidad de que el gobierno federal absorbiera el endeudamiento del DDF, para que el primer gobierno electo de la ciudad de México dispusiera de un mayor margen y recursos para atender los graves problemas sociales que aquejan a la capital del país.

El colaborador de Cárdenas subrayó que, de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del DDF, se desprendían elementos para considerar que pretendía imponerse al gobierno electo de la ciudad el patrón de endeudamiento de la administración federal, y que esto conduciría ``a un estado de insolvencia extrema''.

Martín Werner respondió que ese planteamiento era incorrecto, y le solicitó a Del Villar fundamentar los elementos que le permitieron concluir que el gobierno federal ha establecido una estructura financiera y ha contratado y proyecta un nivel de endeudamiento para el gobierno capitalino que ``impone un estado de insolvencia''.

Tres días después de esa plática, el auxiliar del jefe de gobierno electo de la ciudad de México envió una carta al subsecretario Werner, en la que desplegó sus argumentos. Partió de las cuatro bases establecidas por la Secretaría de Finanzas del DDF ``para la contratación de deuda''.

La primera ``fue fortalecer los ingresos propios que tienen su origen en la diversidad de contribuciones''. Pero este fortalecimiento corresponde a otra realidad, porque de 1994 a la fecha las percepciones fiscales han resentido ``una severa caída de 18 por ciento de la cual no ha podido recuperarse''.

Además, la participación del gobierno capitalino en la recaudación por impuestos federales que tributan los habitantes de la ciudad se ha reducido de 23 por ciento en 1988 a menos de 15 por ciento en la actualidad.

La segunda ``base'' planteó la necesidad de actualizar las tarifas y derechos para mantener los ingresos en niveles reales. Pero se encontró que la tarifa del transporte colectivo Metro no está determinada por el gobierno capitalino, sino por el consejo de administración de ese organismo federal, y en los actuales niveles arrojará un déficit estimado en 3 mil 231 millones de pesos, incluida la inversión.

Así, respondió del Villar, ``no hay sustento alguno para plantear que los supuestos niveles reales de la tarifa puedan sostener un endeudamiento adicional de 4 mil 352 millones de pesos, para 1998, y de 9 mil 23 millones, para el trienio 1998-2000''.

La tercera ``base'' postulada por la Secretaría de Finanzas se refiera a la posibilidad de que los ingresos adicionales que generen los proyectos financiados con deuda -de transporte colectivo y agua principalmente- se empleen para pagar el endeudamiento y su servicio. Pero esa posibilidad sencillamente no existe o es virtual, porque las inversiones del Metro agravarán el déficit de operación, precisamente por su ampliación.

Sobre la necesidad de buscar mejores condiciones de financiamiento en términos de tasas y plazos, que constituye la cuarta ``base'', la respuesta del perredista Del Villar puso en duda su realismo por las condiciones de volatilidad que predominan en el ámbito financiero internacional. Y fue contundente en la propuesta oficial de incrementar en 7 mil 634 millones de pesos el endeudamiento capitalino en 1988:

``El endeudamiento planteado proyecta un claro estado de insolvencia para el gobierno de la ciudad'', concluyó.