Pueblo de la ciudad de México;
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
Ciudadano doctor Ernesto Zedillo, Presidente de la República;
Ciudadano presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal;
Queridos amigos de ciudades y países hermanos que nos honran con su presencia;
Ciudadanos dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales;
Queridos amigos todos:

He rendido protesta, ante esta Honorable Asamblea Legislativa, como el primer Jefe de Gobierno de la ciudad de México elegido por el voto mayoritario de sus ciudadanos.

El empeño tesonero y valiente de fuerzas políticas y sociales, agrupadas en un amplio abanico de ciudadanos y organizaciones, de convicción y compromiso democráticos, logró desatar en nuestra capital el proceso electoral que culminó el pasado 6 de julio, que dio y da continuidad a las luchas de la Revolución Mexicana que el 20 de noviembre de 1910 convocara al país bajo las banderas del sufragio efectivo y la no reelección.

Desde que se reunió el Constituyente de 1916-1917 empezó a consolidarse, como principio fundamental de nuestra constitucionalidad y de la vida política, la no reelección; desde entonces, también, todas las pretensiones para echarla abajo han sido derrotadas por la inteligencia, la intuición y la voluntad y vocación democráticas de la mayoría de los mexicanos.

En un sistema político en el que no sólo no se garantizaba la efectividad del sufragio, sino en el que éste se encontraba cada vez más inhibido y cada vez más sustituido por una voluntad unipersonal y centralizada, de haberse admitido la reelección no hubiera dado surgimiento sino a una prolongada cadena de dictaduras oprobiosas, represivas y de costos aún mayores para la nación, que los sufridos por la inefectividad del voto.

Hay avances significativos, qué duda cabe, y lograremos más, pero mientras no haya garantías plenas de elecciones reales y transparentes, a lo largo y ancho de toda la República, habrá que mantener inalterable el principio constitucional de la no reelección.

Han transcurrido ya en este siglo 87 años de luchas, con las armas primero, después con la palabra, las ideas, la organización social y política, la educación, la salud, la cultura, la movilización popular, para abrir las vías de la edificación democrática, que tiene como uno de sus sustentos imprescindibles el respeto al voto de los ciudadanos.

Logros de este esfuerzo denodado por construir un sistema de vida democrático son, aquí en la ciudad de México, esta Asamblea Legislativa, plural, innovadora en las formas de conducirse, y el gobierno electo que hoy inicia su gestión.

Estamos contentos, sí, por los logros alcanzados, son de todos, cualquiera que haya sido el sentido del voto emitido; conscientes, al mismo tiempo, que existen resistencias al cambio democrático, intereses poderosos que se benefician de la concentración desmedida del poder y la riqueza, de la arbitrariedad, de mantener privilegios ilegítimos y que no tienen ojos sino para su particular beneficio, así sea a costa del de todos los demás, de la depredación de los recursos del país, de la cancelación de su capacidad de decisión autónoma y en lo que hace a esta, nuestra capital, de la irracionalidad de su crecimiento, de la marginación de todo tipo, en el que se coloca a grandes sectores de la población, de la expansión de la delincuencia, de la parálisis de la acción pública, tendiente al mejoramiento de los niveles de vida de la población, a una convivencia social fructífera y al buen funcionamiento de la ciudad.

Son muchas, muy diversas y muy fuertes las inconformidades de la gente respecto a cómo está la ciudad de México hoy día. Es grande la irritación frente a una inseguridad que aumenta y aumenta; al manejo viciado del transporte; al ambulantaje, las licencias, los usos del suelo; a la caída general de la calidad de la vida; a las ineficiencias administrativas; a la voraz corrupción de fuera y de dentro; al cierre para grupos de población cada vez mayores, de oportunidades de trabajo, de estudio, de vivienda, de atención a la salud y de asistencia.

En esta condición de incertidumbre y deterioro crecientes de todo y por todos lados, se ha mantenido a la ciudad por la incuria, la insensibilidad, la proclividad a la corrupción y/o la ineficiencia de las últimas administraciones.

Pero no es ésta la única perspectiva hacia el futuro de nuestra capital, y en la decisión ciudadana de abrir opciones distintas es que se dio el mandato democrático del pasado 6 de julio.

La ciudad de México, para fortuna de sus habitantes, para fortuna del país, tiene con qué salir de esta sima muy profunda y labrarse un presente distinto en el que se asiente un futuro efectivamente de bienestar, justicia y progreso.

Existen voluntad y decisión, se cuenta con un variado y rico potencial productivo. Se tienen identificados problemas y conflictos. Se sabe qué es lo que debe hacerse.

Hay también mandato ciudadano, legitimidad democrática y compromiso político y personal de miles que permiten ver con optimismo hacia adelante.

Tres años para las tareas por realizar es poco y es mucho tiempo, para los grandes proyectos de transporte público, de suministro de grandes volúmenes de agua para la región metropolitana, de abatimiento de la contaminación, es un periodo corto.

Ahora bien, para eliminar focos de corrupción y de ineficiencia, para combatir con toda decisión la delincuencia, para poner en práctica otra forma de gobernar y empezar a abrir los cauces de la participación ciudadana, o lo comenzamos a hacer desde el primer día, ahora, ya, con la entrega, inteligencia, pasión y responsabilidad como si el tiempo se nos estuviera acabando, o no lo haremos nunca.

Los ofrecimientos y compromisos del nuevo gobierno tendrán que verse y sentirse en la práctica cotidiana de inmediato. Arrancar el cambio de nuestra capital no puede esperar, pues en la pasividad los tiempos mejores nunca llegarán.

En tres años se deberá dar un cambio sustancial, elevando la capacidad de servicio de la administración, mejorando cualitativamente la relación entre los habitantes de la ciudad y el gobierno en sus distintas instancias, abriendo cauces nuevos y más anchos a la participación ciudadana, avanzando en la obra y los servicios públicos y sentando bases sólidas a partir de las cuales se inicien o prosigan y se dé continuidad a proyectos y programas que deban realizarse en mediano y largo plazo.

Hoy las calles y banquetas, los parques, los transportes y espacios de convivencia de nuestra ciudad, y recalco lo de nuestra, no nos pertenecen; se ha apoderado de ellos la delincuencia. En ellos nos agravia a todos, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y compañeros.

Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de la gente. Podemos ganar la ciudad a la delincuencia, y le vamos a quitar la ciudad a los delincuentes. Es una decisión que ya hemos tomado. Somos más que ellos y tenemos más y mejores elementos que ellos para enfrentarlos.

Está más vivo que nunca el reclamo ciudadano para que en un esfuerzo de todos erradiquemos el crimen. Lo podemos hacer si utilizamos con responsabilidad e inteligencia los recursos con los que contamos para hacer de la ciudad de México una ciudad segura de sus habitantes y para sus habitantes; los que queremos trabajar, los que buscamos una convivencia social más estrecha y provechosa, los que estamos decididos a que aquí, sin riesgos ni temores, se formen y desarrollen nuestros niños, nuestros jóvenes y haya una vida sin sobresaltos, de logros y satisfacciones, solidaria para todos.

Con esta fecha contamos con un nuevo jefe de la policía capitalina, y hoy mismo se ha iniciado el relevo de algunos mandos, la puesta en práctica de nuevos esquemas de patrullaje y de acción policiaca, así como la restructuración de esta fuerza pública para reducir sus ineficiencias burocráticas, lograr una mejor y más efectiva presencia territorial y un aprovechamiento más redituable de todos los recursos disponibles.

La propuesta que he hecho al C. Presidente de la República de la persona que encabece el esfuerzo por la seguridad y que éste ha aceptado, considero que responde a las expectativas de la población. Hay en él profesionalismo, una vida reconocida por su honorabilidad y compromiso con los habitantes de nuestra capital.

Confío en haber acertado con esta propuesta, así como con las designaciones de los demás mandos que se están asignando a las distintas tareas en las corporaciones policiacas. Gente capaz y honorable es la primera condición para que operen eficazmente los programas de trabajo que desde ahora se ponen en práctica.

Nos proponemos, sólo para resaltar algunas de las acciones prioritarias en este campo, fortalecer las áreas de investigación e inteligencia que tienen a su cargo el diseño de los operativos para el combate a la delincuencia, en particular la organizada, mejorar las condiciones de vida y trabajo y dar una mejor capacitación a quienes sirven a los policías y establecer una coordinación efectiva entre la Preventiva y la Judicial del Distrito Federal, así como con las instancias federales, estatales y municipales que en este campo se requiere.

Una restructuración similar, a partir de haber designado al procurador de Justicia y a sus nuevos mandos, se estará realizando en la Policía Judicial y en el Ministerio Público.

Una primera instrucción que se ha dado ya a estas corporaciones, que mantendrá su vigencia a lo largo de toda nuestra gestión, es que toda acción se hará con estricto apego a la ley, cuidando antes que otra cosa el respeto a los derechos de la gente. Ningún atropello será tolerado y ningún agravio quedará protegido por la impunidad.

Deseo informar a los habitantes de la capital, que con base en el convenio suscrito entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Departamento del Distrito Federal, se procederá en el curso del mes de diciembre a sustituir con miembros de la Policía Preventiva debidamente capacitados, a la 3a. Brigada de Policía, formada por elementos que tienen procedencia relativa de nuestro Ejército que opera en Iztapalapa, quedando siempre abiertas nuevas posibilidades de colaboración con nuestras fuerzas armadas, si el servicio llegara a requerirlo.

El recurso, sin duda, más valioso de la ciudad son sus habitantes. A servirlos, a buscar la solución de sus problemas, a elevar la calidad de la vida colectiva y de la vida de cada quien, se orientará prioritariamente la actividad del nuevo gobierno de la ciudad.

Mejorar las condiciones generales quiere decir que debe hacerse un esfuerzo, trabajarse con la visión y el objetivo de elevar los niveles de vida en cada delegación, en cada colonia, para cada grupo de la sociedad, para cada hogar y para cada persona; entender que si bien la acción oficial debe y tiene que orientarse preferentemente a atender a las distintas colectividades, el asunto de un grupo reducido de personas o el problema de una familia, de un trabajador, de un anciano o de un niño no nos es y no debemos verlo como ajeno; entender que los funcionarios públicos, cualquiera que sea su encomienda, tienen, tenemos la obligación de atender a todos de acuerdo a los recursos y facultades con que se cuente, lleguen a nosotros como individuos o en grupo, y entender que una de nuestras responsabilidades, que debemos tener siempre presente, es la de facilitar y hacer menos dura la vida para cada uno de los habitantes de la ciudad. Una administración surgida del compromiso y con el apoyo de la gente, tiene que ser una administración sensible ante las carencias, ante el dolor, humana y solidaria, para que la suma entonces de la mejora individual, se transforme en el bienestar colectivo. Sólo así responderemos al mandato recibido y a la confianza que se nos está brindando.

Por eso, entre los programas prioritarios del gobierno que hoy asume sus funciones se encuentran la puesta en operación en cada una de las delegaciones de Centros de Atención Integral para la Mujer, la creación de centros en los que se promueva la incorporación de los niños a las actividades culturales, la atención de los niños en situación de calle, fortaleciendo las acciones de las organizaciones civiles que ya trabajan con ellos y emprendiendo nuevas acciones, directamente el gobierno, para ampliar la cobertura e integración de estos niños a la sociedad por las vías de la educación, el trabajo, la capacitación y, desde luego, el cariño y la solidaridad social.

La promoción de actividades culturales, principalmente para abrir oportunidades a los creadores jóvenes y dar presencia a las diversas expresiones de la cultura por toda la ciudad, no sólo en los lugares usualmente consagrados a ellas, serán de los cambios que empezarán a verse como cosa cotidiana en nuestra capital.

Viven y trabajan en la ciudad de México más de medio millón de indígenas de las diferentes etnias del país, que se encuentran en situaciones de grave marginación y desventaja frente a otros sectores de la sociedad. El nuevo gobierno se propone trabajar con esos grupos a fin de que, con acciones positivas, puedan mejorar su condición, desarrollar formas propias de organización y participación social, promover y divulgar sus tradiciones y culturas, garantizando al mismo tiempo la protección de sus derechos humanos básicos y dando atención particular a los migrantes.

Existe un fuerte reclamo por más y mejores instalaciones deportivas, en cuya gestión tomen parte los deportistas, así como con mayores y más variadas oportunidades de capacitación que permitan accesos mejores al empleo estable, bien remunerado y protegido socialmente.

Trabajar con la gente y para la gente quiere decir orientar la obra pública donde se obtengan los mayores impactos sociales y se satisfagan necesidades de grupos más numerosos de la población. Agua en cantidad suficiente y de calidad adecuada para los habitantes de las diferentes partes de la capital es compromiso que se buscará satisfacer en la mayor medida posible durante el periodo de esta gestión que comienza, así como destinar los mayores recursos posibles al mejoramiento integral de los servicios de salud que dependen del gobierno de la ciudad.

La nación está viviendo las secuelas de las crisis económicas y de las políticas que se han aplicado para enfrentarlas; la capital ha registrado en los últimos años sus índices de desempleo más altos, mayores aún que los registrados por otras ciudades grandes del país.

Una consecuencia de lo anterior es el crecimiento acelerado de la economía informal. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada dos mexicanos que busca ingreso para dar sustento a su familia se dedica a labores precarias, una de éstas es el comercio en la vía pública. Sus causas sociales no deben ser ignoradas al buscarle soluciones, aunque en su crecimiento desbordado en nuestra capital existen además razones políticas y deficiencias institucionales que deben atenderse y subsanarse; su expansión ha dado lugar a un manejo clientelar de personas y organizaciones, y aunque no todas las organizaciones son iguales ni pueden juzgarse con el mismo rasero, existe en nuestra ciudad una relación poco transparente entre la administración y esas organizaciones y sus agremiados, lo que aunado a una reglamentación ineficaz ha propiciado su crecimiento desordenado.

Constantes señalamientos se escuchan sobre los problemas que ocasiona ese desorden: saturación de vialidades, molestias a vecinos, competencia desleal con el comercio establecido, contaminación, deterioro de la imagen urbana y de la convivencia social de nuestra capital.

El problema se torna más grave si consideramos que ha dado pie a conflictos violentos entre comerciantes y autoridades, entre las organizaciones mismas, y no pocas ocasiones entre éstas y grupos de vecinos.

Se denuncia, incluso, la existencia de vínculos de algunos comerciantes de vía pública, seguramente una minoría, con actividades expresamente prohibidas por la ley, lo que resulta inadmisible.

El comercio en vía pública, en cualquiera de sus variantes, puede y debe ser regulado correctamente para evitar que siga constituyendo un problema.

Trabajaremos, en primer lugar, en contacto estrecho con esta Asamblea para revisar y mejorar el marco legal que regula este tipo de comercio.

Las calles no pueden seguir siendo botín económico y político que se disputa con funcionarios, bajo criterios y procedimientos irregulares y casuísticos.

Las organizaciones de comerciantes, y éstos en lo individual, deben tener derechos, pero también obligaciones; unos y otras deben ser claros y expresos en los ordenamientos legales, que deben ser acatados por todos: autoridades y comerciantes.

Vamos, por otro lado, a crear o a fortalecer las instituciones públicas que atenderán estas cuestiones. No será a partir de un enfoque exclusivamente político, sino que habrá de verse también como asunto de derechos sociales y de impulso a una actividad económica y sana.

Los comerciantes en la vía pública no serán tratados más por el gobierno como clientela política. En el ordenamiento del comercio informal se privilegiará el diálogo con todos, sin distingos partidarios ni de otro tipo. Buscaremos acuerdos que ayuden a todos, aceptables también para todos.

Habrá orden, tranquilidad y colaboración en las calles de nuestra capital. Evitaremos la extorsión, en primer lugar por parte del funcionario público.

Mientras se revisan, y en su caso se cambian los ordenamientos legales, los inspectores de vía pública serán estrictamente vigilados por la autoridad delegacional, asistida por representantes de la sociedad; no se tolerará una sola falta.

Convoco a la ciudadanía, a los vecinos y comerciantes, a sus organizaciones, a que nos ayuden denunciando las prácticas viciadas que puedan darse en nuestras calles, sobre todo en las del Centro Histórico, que deben ser como todas, para el disfrute, convivencia y orgullo de todos.

Terminar con los conflictos en vía pública, insisto, habrá de ser producto de la conciliación de intereses con la participación y el esfuerzo de todos.

La solución de algunos problemas que afectan seriamente la vida de la ciudad, tendrá que darse en tiempos que rebasen los de esta administración. El abatimiento de la contaminación, en especial del aire, es uno de ellos. Con celeridad se evaluarán los proyectos que nos han sido presentados para sustituir la utilización de gasolinas por gas natural en el transporte público. De lograrse, en un plazo que se estima de seis a ocho años, de acuerdo a los resultados esperados de este proyecto, en el que se está contando con que puedan participar en él las empresas del transporte, los fabricantes de vehículos, instituciones financieras, particulares y el gobierno, la contaminación atmosférica se estaría reduciendo en un 40 por ciento.

Al mismo tiempo, habrán de impulsarse otras iniciativas para fomentar la experimentación y el uso de transportes no contaminantes; actuar sobre las fuentes industriales y fijas de contaminación y revisar los programas de verificación para, en su caso, corregir y eliminar irregularidades.

Empleo seguro, ingresos mejores, mayores oportunidades a partir de una economía más activa, constituyen objetivos de un gobierno con responsabilidad social, que no puede ser insensible ante la necesidad.

La ciudad cuenta con un potencial productivo desarrollado y por desarrollar. México es una ciudad que concentra una potente y variada industria y con amplias instalaciones comerciales, que tiene posibilidades de aumentar en su productividad y en sus capacidades de producción de servicio. Aquí se localizan las instituciones de educación superior y la infraestructura cultural más importantes del país y dispone de una amplia posibilidad inmobiliaria y de recursos turísticos, cuyo aprovechamiento abrirá nuevas oportunidades.

Regenerar material, social y económicamente el centro de la ciudad que está sufriendo un proceso de deterioro general y de despoblamiento, pero que al mismo tiempo cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural, de importante potencialidad económica, constituye uno de los programas prioritarios para este gobierno.

Próximamente habrán de presentarse los proyectos y propuestas específicos a los habitantes de las zonas céntricas de la ciudad, así como a sectores académicos y financieros para buscar el concurso de todos y lograr que el centro vuelva a ser, en todos los sentidos, parte vital de la vida económica, cultural y social de la capital, que ofrezca vida digna a quienes ahí moren y trabajen, con viviendas mejores y viviendas nuevas, con extensas áreas comerciales, instalaciones culturales, talleres e industrias que den sustento y consoliden la renovación.

Compromiso prioritario e ineludible es combatir a fondo y en todas sus formas la corrupción. Se hará con lineamientos claros, respaldados con firme decisión política.

Una primera directriz que debe estar clara para todos los integrantes del nuevo gobierno, es que no se tolerará en ninguna forma la corrupción y nos aseguraremos que esta determinación llegue al conocimiento de todos los niveles de la administración, y sus funcionarios y mandos queden claramente responsabilizados de su cumplimiento.

Una de las medidas que se plantean para ser más eficiente y dotar de mayor capacidad de servicio a la administración, es la implantación del servicio público de carrera, que se sustente en la honradez, el mérito, la eficacia y la eficiencia, así como en condiciones dignas de empleo y reglas equitativas para la promoción y el ascenso. Para ello confiamos en contar con la amplia y decidida colaboración de los sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad.

Se procederá también, por otro lado, a formular iniciativas que serán sometidas a la consideración de esta Asamblea para hacer más eficaz la legislación en materia de obra pública y de adquisiciones.

Una primera decisión derivada de nuestro compromiso electoral que se instrumentará de inmediato, es la de transparentar todos los ingresos que reciban los servidores públicos, así como el que se hagan públicas las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios con responsabilidades mayores.

Se ha previsto, además, restructurar algunas áreas de la administración, presentando en su oportunidad las iniciativas de ley o emitiendo las disposiciones administrativas que correspondan.

En esta óptica, al haberse descentralizado los servicios federales de salud y previéndose la transferencia al gobierno local también de los de educación básica, se planea transformar la actual Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo Social, para dar atención más relevante a los programas relacionados con la promoción de oportunidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, la gente de la tercera edad, los discapacitados y grupos de población que se consideran vulnerables.

Por otro lado, se estima necesario crear las instancias que permitan una mayor y mejor promoción y organización de la participación ciudadana en diferentes tareas de mejoramiento y conducción de la ciudad, así como elevar el rango administrativo de las áreas que atienden cuestiones laborales y de coordinación con otras instancias técnicas y políticas del área metropolitana y dar autonomía de operación a las dependencias responsables de la cultura, el turismo y el deporte.

A los trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal, elemento fundamental para sacar adelante la tarea que la ciudadanía nos ha encomendado, quiero decirles que cuento con su colaboración, que es decisiva para que las cosas salgan bien, que no debe haber preocupación alguna por sus plazas que se encuentran protegidas por la ley; que el nuevo gobierno estará atento para que juntos podamos mejorar sostenidamente condiciones de ingreso y de trabajo.

El día de ayer se hizo pública una primera lista de colaboradores designados por el nuevo gobierno, se buscó en ella como denominador común que hubiera capacidad para desempeñar el cargo encomendado, una reconocida trayectoria de honorabilidad y compromiso con el proyecto de cambio democrático; se buscó pluralidad. Hay quienes no son militantes partidarios entre esos nombres, y debo agregar que invité como colaboradores a puestos de alta responsabilidad a miembros activos de partidos políticos distintos al de la Revolución Democrática, que por razones que me dieron no pudieron aceptar. Pero me ofrecieron colaborar a título honorario con el nuevo gobierno de la capital.

Cuando se está en el gobierno y cuando se habla desde el gobierno de prioridades, éstas se expresan entre otras formas en asignaciones presupuestales. El nuevo gobierno debe presentar las iniciativas de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos para 1998, antes del 20 de diciembre próximo. Se ha venido trabajando con funcionarios de la administración saliente y colaboradores que son ya de este nuevo gobierno, en la formulación de esos documentos.

Hoy se iniciará, en base a las condiciones en que se reciba a la administración de sus distintas áreas, un proceso de ajustes y revisiones finales donde estaremos valorando las flexibilidades para asignaciones y reasignaciones, que tendrán entre otros objetivos el poder destinar los mayores recursos posibles a las nuevas prioridades, garantizando al mismo tiempo la prosecución de las obras y programas en proceso y el que la prestación de los servicios públicos se siga dando con regularidad y de preferencia, con tendencias a su mejoramiento en coberturas y eficiencia.

Para elaborar los presupuestos se ha dispuesto de información proporcionada por funcionarios del gobierno que concluye, pero aún no se recibe oficialmente la administración en cada una de las dependencias que la integran, lo que empezará a hacerse a partir de hoy.

En seis u ocho semanas presentaré a la opinión pública de la capital un informe de cómo se recibió la administración en sus finanzas, en el cumplimiento de programas y ejercicio de sus presupuestos, haciendo al mismo tiempo un diagnóstico, una valoración cualitativa y cuantitativa de qué y cómo podrá trabajarse teniendo como punto de partida la situación de la ciudad en el momento de terminar un gobierno e iniciarse el otro.

Me preocupan los grandes proyectos que se desarrollan con fondos procedentes de créditos; conozco la importancia que estos proyectos tienen no sólo para la ciudad, sino para toda el área metropolitana: la construcción de las nuevas líneas de Metro, la dotación de agua en grandes volúmenes procedentes de cuencas distintas a la de México, el drenaje profundo, las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los proyectos para traer agua a nuestro Valle de México de la cuenca alta del Balsas, o las plantas de aguas residuales, en lo que hace sobre todo a su localización, se revisarán en sus bases técnicas, en su concepción integral y respecto a sus impactos sociales y sobre los recursos naturales de las regiones que pudieran afectarse con su realización, para proceder con las racionalidades necesarias, tanto en la satisfacción de las necesidades de la población como en el manejo hidráulico en las distintas cuencas involucradas.

De acuerdo a las informaciones hasta ahora proporcionadas por la administración saliente, ésta recibió de la anterior una deuda de mil 198 millones de pesos, y estima que al 31 de diciembre se habrá elevado a 12 mil 655 millones. Según la misma fuente de información, de cumplirse las previsiones, la deuda del gobierno de la ciudad al término del año 2000 podría ser de 33 mil 496 millones de pesos.

Tomando en cuenta las proyecciones del Departamento del Distrito Federal sobre Ingresos y Egresos, así como sus estimaciones de endeudamiento necesario para el periodo 1998-2000 y de este año hacia adelante, resultaría que el gobierno de la ciudad se encontraría ante la incapacidad de cubrir vencimientos por 18 mil millones de pesos en el trienio 2001-2003.

En relación a estos problemas, debe tenerse presente que es el gobierno federal el que pone a consideración del Congreso de la Unión los requerimientos de endeudamiento del gobierno de la ciudad, y es también el que intermedia con las fuentes de financiamiento para la obtención de los préstamos correspondientes.

En estas condiciones, el gobierno de la ciudad no tiene hasta el momento garantías de poder obtener hacia el futuro los créditos que requiera, menos aún de los términos en que pudieran conseguirse; y comprometer casi a ciegas las participaciones de los impuestos federales que corresponden a la ciudad y en los cuales basa un porcentaje muy significativo de su financiamiento, sería, por decir lo menos, una grave irresponsabilidad, como lo sería dejar al siguiente gobierno una deuda inmanejable.

Iniciamos, desde hace algunas semanas, reuniones con la Secretaría de Hacienda para analizar la deuda existente del Departamento del Distrito Federal, las necesidades de mayor endeudamiento en el periodo que va de aquí al 2000 y los impactos en el comportamiento financiero y en especial en las capacidades de pago de la ciudad a lo largo de los periodos de vigencia y amortización de los créditos ya contratados y los que eventualmente pudieran contratarse.

Confío en que con la Secretaría de Hacienda, por la actitud que ahí hemos encontrado, se llegue a una solución adecuada para todos, que no implique faltantes que no puedan cubrirse con el flujo previsto de los recursos de la ciudad y que no vaya a obligar que se difieran alguno o algunos de los proyectos que se ejecutan en base a créditos. Se hará, desde luego, el máximo esfuerzo para que obras indispensables, cuyo diferimiento pudiera ocasionar serios problemas a la capital, como el drenaje profundo, por ninguna causa se interrumpan.

Cabe aquí una reflexión de porqué se encuentra la ciudad ante situaciones como esta, al cambiar la calidad de su gobierno, de un gobierno por delegación y designado a un gobierno electo.

Lo que hoy sucede no es atribuible sólo al gobierno actual, sino que es una situación acumulada por los muchos años de siempre, podría decirse, en que la ciudad se ha gobernado con las visiones, los criterios y en función de los intereses del gobierno federal; y no es que estos hayan estado o estén necesariamente equivocados, sino lo que resulta evidente, es que los habitantes de la capital nunca pudieron hacer valer sus opiniones e intereses en muchas de las decisiones de gobierno con consecuencias trascendentes para la ciudad y sólo hasta recientemente han contado con una representación legislativa local, que ha tenido y sigue teniendo facultades limitadas, en la cual han empezado a expresarse las posiciones de los ciudadanos de la capital. Nuestra ciudad ha vivido sin autonomía, se ha desarrollado en base a decisiones tomadas por las instancias de gobierno y legislativas federales, con obras, deudas y programas del gobierno federal; con instituciones locales de facultades reducidas y ciudadanos con algunos de sus derechos fundamentales gravemente cercenados.

La falta de democracia, que ahora empieza a abrirse en la capital, constituye una de las causas principales de la problemática no resuelta que confrontan la ciudad y sus habitantes. Dar solución a esta situación, exige una nueva forma de gobernar.

La ciudad de México, que es el Distrito Federal, según principio constitucional, es la capital de la República y sede por lo tanto de los poderes federales.

El gobierno de la ciudad tiene entre sus responsabilidades, la de hacer que la ciudad funcione para satisfacer las necesidades de los poderes federales. No puede y no debe ser de otro modo. Las necesidades de los poderes de la Federación en materia de seguridad, de facilidades para los desplazamientos internos y de comunicaciones fluidas hacia todo el país; de preservación de la representatividad, de contar con instalaciones del tipo más diverso, deben ser satisfechas en el marco de que la ciudad de México es la capital de todos los mexicanos y todos debemos, en esa calidad, reconocerla y reconocernos en ella.

Una capital que funcione bien, debe estar en el interés del gobierno federal y de todos los habitantes del país; y funcionar quiere decir servicios, trabajo y satisfactores para los habitantes de la capital; desarrollo urbano armónico y sano en la capital, en su zona metropolitana, en el sistema de ciudades de la región central y del país en su conjunto; y de igual forma, debe estar en el interés del gobierno federal y también de todos los habitantes de la capital del país en su conjunto y en cada una de sus partes que lo integran, que funcione bien. Y la conciliación de estas dos visiones y de estos intereses, sólo puede darse con equidad y con resultados para todos favorables, en condiciones de vía democrática en la capital de todos los mexicanos y la nación de todos los mexicanos.

El compromiso de seguir ampliando y creando espacios democráticos está para nosotros vigente, abriendo cauces a la participación popular en la decisiones y acciones de gobierno y de gestión de la ciudad, en una coordinación eficaz para una colaboración fructífera con los gobiernos federal y de las entidades y municipios de la región metropolitana, manteniendo el empeño para que esta Asamblea Legislativa llegue a adquirir todas las facultades de un Congreso local, buscando se desarrolle la representatividad ciudadana y democrática en el gobierno de nuestras delegaciones, entendiendo que la vida municipal de la ciudad de México debe considerar su condición peculiar de gran zona metropolitana.

Aun cuando en forma preliminar se ha iniciado una relación de respeto y colaboración, en la que el nuevo gobierno y yo en lo particular pondremos interés para que así se mantenga y fortalezca con el gobierno federal, la actitud asumida por el doctor Ernesto Zedillo, Presidente de la República, y sus más inmediatos colaboradores, ha sido determinante para que así sea.

La ciudad enfrenta una problemática compleja y muy variada, que sólo en la democracia y con una creciente participación de la gente encontrará solución.

Es grande la responsabilidad de esta generación para consolidar los avances y dar cauce a las nuevas perspectivas. Nadie es indispensable, pero todos podemos contribuir en el esfuerzo colectivo por mejorar, y todos, en consecuencia, somos necesarios y hacemos falta en estas tareas.

La ciudad de México será, por la dedicación y voluntad de todos nosotros, la ciudad de todos y para todos, segura, productiva, de educación y cultura, de vida digna, solidaria y democrática. Podemos lograrlo y lo vamos a hacer.

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno Electo del Distrito Federal;
Licenciado Jorge Rodríguez y Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;
Diputado Juan Cruz Martínez, representante de la Cámara de Diputados;
Senador Heladio Ramírez López, representante de la Cámara de Senadores;
Licenciado Oscar Espinosa Villarreal;
Distinguidos invitados representativos de los diversos sectores de la sociedad;
Distinguidos invitados internacionales;
Integrantes del cuerpo diplomático;
Compañeras y compañeros legisladores;
Ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal:

Sean bienvenidos a este acto fundacional de la nueva etapa histórica de la ciudad de México, la de los gobernantes elegidos por el voto universal de los ciudadanos. Bienvenidos a este recinto de la representación popular, diversa y plural, recinto que preserva en sus muros una parte apreciable de la historia de la República y de la ciudad.

En este acto se cumplen los anhelos de varias generaciones, se instituyen los derechos políticos de millones de mexicanos. Esta transformación, es el resultado de intensas luchas sociales, cívicas y políticas. Se percibe la herencia positiva de los estudiantes de 1968; de la insurgencia sindical de los años setenta; de la organización vecinal posterior a los temblores de 1985; de la movilización física e intelectual de los universitarios de 1986-87; de las jornadas cívicas de 1988.

El significado profundo que hoy nos reúne, alcanza el recuerdo de muchas mujeres y hombres que se entregaron a la causa democrática y que hoy reciben el homenaje de nuestra memoria.

No obstante que la sociedad conquistó esta trascendente reforma, no podemos dejar de advertir el papel que jugó el Presidente de la República, quien no sólo no frenó esta impostergable transición, sino que la hizo suya, con todas sus consecuencias.

Asistimos a la transferencia de una parte del poder de la República a los ciudadanos del Distrito Federal, a través de un ejercicio gubernamental propio. Independientemente de lo que suceda en la ciudad en los años venideros, la elección del gobernante de la ciudad de México por el voto directo de los capitalinos y el reconocimiento inmediato del triunfo de un partido de oposición, es ya un gigantesco cambio. Ello dignifica al poder y le otorga credibilidad para posteriores transformaciones.

Nuestro reconocimiento para la ciudadanía que no se rindió ni perdió la esperanza. El resultado electoral del pasado 6 de julio es también, hay que decirlo, un triunfo conquistado a pulso, por la lucha, el esmero y la tenacidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por mejorar el país.

A partir de hoy convivirán en el mismo espacio capitalino los poderes federales y los órganos de gobierno local en una nueva situación; queda atrás el mito que negaba dicha posibilidad.

La reforma política del Distrito Federal no ha concluido. Están pendientes múltiples transformaciones que deberán conducirnos a la plena autonomía política de la ciudad de México. En consecuencia, en cumplimiento de sus responsabilidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con el objetivo de incrementar sustancialmente las atribuciones del Jefe de Gobierno y abrir nuevos cauces a la participación ciudadana, a través del plebiscito y de la iniciativa popular.

Dicha reforma fue propuesta con el aval unánime de todos los partidos políticos representados en esta Asamblea y aprobada también por consenso en las cámaras de Diputados y Senadores, gesto positivo que reconocemos sobre todo por el breve lapso con el que contaron los legisladores de la Cámara Alta. Con ello los órganos legislativos han contribuido sin duda a reforzar un nuevo marco de gobernabilidad en el Distrito Federal, como también han ayudado a demostrar el avance profundo y sólido que se puede dar con la fuerza del consenso.

Es así que hoy el ingeniero Cárdenas rinde la protesta como Jefe de Gobierno del Distrito Federal con el nuevo Estatuto de Gobierno.

La nueva realidad de la ciudad expresa un cambio en la correlación de fuerzas e implica también la necesidad de nuevas reglas en la convivencia institucional entre los partidos políticos, entre la Federación y la capital, y entre sociedad y gobierno.

Que la ciudadanía haya mandatado tareas de gobierno local para una fuerza de la oposición que estaba al margen de estas responsabilidades, redundará en el fortalecimiento de todos los actores políticos, incluido el gobierno federal.

Los deberes de la oposición son ahora diferentes. Su discurso no podrá basarse ya exclusivamente en la crítica. Se espera, antes bien, el desarrollo de su oferta de gobierno. Hoy la oposición es también gobierno y lo es precisamente en el corazón del país.

El Distrito Federal se convertirá en el espacio de comprobación de la factibilidad de coexistencia armónica entre el gobierno federal y el gobierno local, en la distribución de responsabilidades entre una fuerza política y otra de distinto signo.

Serán por ello los grandes consensos los que garanticen la estabilidad de la ciudad; construir consensos es recuperar la fuerza de la política.

Se sabe que los problemas del Distrito Federal son agudos, que la inseguridad nos amenaza todos los días y que la contaminación atmosférica nos roba vida, pero también debemos decir con toda claridad que esta ciudad tiene futuro, que no ha perdido su viabilidad, que sus posibilidades de creación y superación son inmensas y que la misma será real con el concurso de los distintos sectores productivos, sociales e intelectuales, de empresarios, iglesias y trabajadores.

Se escucha en muchos lados que viene un nuevo tipo de gobierno, basado en la honestidad y en el contacto directo con los ciudadanos. Que así sea, es nuestro profundo deseo, pues el gobierno que hoy inicia tendrá una duración de mil cien días, ciertamente poco tiempo, pero suficiente para instaurar un nuevo estilo de gobernar.

Con el nuevo gobierno, desde la Asamblea Legislativa estableceremos una relación basada en la colaboración, el respeto y la autonomía; colaboración, porque a esta ciudad le urge superar el conflicto y sumar todos los esfuerzos que haya por mejorarla; respeto y autonomía, porque esas son las bases de la construcción de un régimen que se inspira en el postulado constitucional de la separación de poderes.

Cada órgano de gobierno local realizará sus tareas en el marco de sus propias atribuciones legales y sin invadir la esfera de los demás órganos. Ese principio de división de poderes por el que luchamos a nivel nacional, lo concretamos también en el Distrito Federal.

La mayor fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reflejará en el trabajo legislativo. Tenemos pendiente la aprobación de la nueva Ley de Participación Ciudadana y de la Ley Electoral del Distrito Federal, así como la aprobación de la Ley de Fomento a la Vivienda, la reforma a la Ley de Condóminos, las legislaciones destinadas a atender la demanda de la juventud y de la mujer.

Parte fundamental de nuestro nuevo edificio jurídico capitalino, será la elaboración del Código Civil y del Código Penal del Distrito Federal, y en relación con el nuevo gobierno cobrarán fuerza la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F., así como la elaboración de la Ley Local de Adquisiciones, la Ley de Obras del D.F., y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal.

Luchamos por ideales y en todos los casos buscamos que la ley contenga ideales. Convocamos a los ciudadanos a compartir sus proyectos para darles el respaldo jurídico que merecen.

La inseguridad, el desempleo y la contaminación, son retos principales de la ciudad. Vencerlos sólo será posible con la participación de la ciudadanía que reclama un nuevo trato, y con el concurso del estado de México y de los municipios conurbados, porque nuestros problemas son también suyos.

Frente a la inseguridad debemos decir un ¡ya basta al miedo!, alentar en cambio la esperanza y el trabajo; que no quede delito sin castigar, como reclama la gente, pero bajo ninguna circunstancia en el combate a la delincuencia avalaremos medidas como el toque de queda o la pena de muerte.

La transformación del Distrito Federal necesita recursos; el endeudamiento y el incremento de impuestos son fuentes que en un futuro no muy lejano se agotarán. Tenemos derecho a mayores participaciones federales; los habitantes del D.F., con su esfuerzo cotidiano, hacen una significativa aportación a la economía nacional, justo es retribuirles su trabajo.

Desarrollar los cambios substanciales, quizás no definitivos, pero sí visibles, para tener una mejor perspectiva de vida, de seguridad pública y justicia, de ambiente sano, de empleo y salarios adecuados, de satisfactores básicos suficientes, de servicios públicos decorosos, es decir, de un futuro para nuestros hijos por el cual valga la pena seguir luchando, deberá ser el fruto de la nueva administración.

Desearle suerte al nuevo gobierno, ha dicho nuestro máximo escritor Carlos Fuentes, es desearnos suerte a nosotros mismos.

Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno Electo del Distrito Federal: esta Asamblea Legislativa le da la más cordial bienvenida y le desea el más sincero de los éxitos en esta altísima responsabilidad que los habitantes de la capital le han conferido.

¡Enhorabuena, ingeniero Cárdenas!

Muchas gracias.