La disputa presupuestal en el Congreso se complica a medida que pasa el tiempo disponible para los debates en este periodo de sesiones. La principal discrepancia entre el gobierno y los partidos de oposición, que parecía centrarse en el tema del impuesto al valor agregado, se ha complicado por una serie de maniobras partidistas y de crasos errores de procedimiento legislativo que han llevado a que no se aceptara la miscelánea fiscal para 1998.

La oposición corre el riego de que el poder que ha obtenido con la mayoría en la Cámara de Diputados, no sea eficazmente usado para cambiar el rumbo económico de acuerdo con la oferta hecha y los compromisos adoptados en la campaña para las pasadas elecciones. Mientras eso ocurre será cada vez más difícil capitalizar la ventaja electoral que obtuvieron el 6 de julio. Esa oportunidad perdida tendrá, sin duda, un alto costo político. El asunto del IVA está metiendo al Grupo de los Cuatro en un terreno pantanoso. Lo que pudiera verse como una ventaja de corto plazo en el ámbito estrictamente político, es posible que no pueda sostenerse en el campo económico y, de ser así, se está comprometiendo la capacidad de la oposición en las cruciales elecciones del año 2000.

Se ha debatido mucho sobre el efecto de una reducción del IVA. Unos sostienen que beneficiará a una parte importante de la población al aumentar su capacidad de compra, mientras que el gobierno enfatiza las penurias fiscales por una muy baja recaudación, y advierte sobre el impacto adverso en las finanzas públicas de disminuir ese impuesto. Los diputados de oposición han modificado ya el proyecto de ley de ingresos incorporando una disminución del 15 por ciento al 12 por ciento en la tasa del IVA. El Senado no aprobará esa enmienda y persistirá el conflicto. Con esto el PAN se ha mostrado como la fracción parlamentaria más radical y compromete mucho de su posición legislativa con la batalla por el IVA, aunque ahora sostienen que el objetivo es promover una reforma fiscal integral, cuya discusión habrá de plantearse el próximo año.

Es poco probable que los consumidores obtengan una ventaja ostensible por un menor IVA aplicando a los bienes de consumo y algunos servicios que compran, exceptuando los asociados, por ejemplo, con la electricidad o las llamadas telefónicas. Esto tiene que ver con un asunto administrativo al no haberse diferenciado el precio y el impuesto. Ahora, lo más probable es que los precios no bajen aunque se aplique un IVA menor y que ello se convierta en una ganancia extra para los productores y comerciantes. La campaña por bajar este impuesto ha tenido una buena resonancia política pero puede no haber sido la mejor bandera para enarbolar por parte de los partidos de oposición. La atención pudo haberse centrado desde el principio en el impuesto sobre la renta que afecta a una parte importante de la población y en programas de deducibilidades fiscales para individuos y empresas que promuevan las inversiones. En el caso de los trabajadores de menos ingresos hay mecanismos más directos para incrementar su capacidad de consumo. Además, podía enfocarse el asunto, ése sí de más largo alcance, al establecer como parte inherente del programa económico una política de ingresos que favorezca la creación de empleos y el aumento real de los salarios.

Ni el radicalismo tributario y chato del PAN, ni las marrullerías del PRI, ni las torpezas del PRD van a permitir encaminar a esta economía hacia una recuperación que deje de ser espectacular y se convierta, en cambio, en razonable pero verdaderamente sostenible. Los ciudadanos no votamos por ningún partido para ver broncas de tipo callejero en el Congreso, ni una confrontación de tipo fundamentalista con el Ejecutivo. Lo que vemos es una incapacidad política para razonar en materia presupuestal y enfrentar efectivamente lo que la población rechazó del programa económico que aplica el gobierno con su voto en las urnas. Es tanto lo que puede cuestionarse de ese programa económico que la perspectiva legislativa debe ser verdaderamente más abierta y convincente, con mayor trabajo técnico y lucidez política. Las cartas están echadas y tienden a definirse más estrechamente las posibilidades de los jugadores. Mientras tanto parece que seguimos jugando en el país el más perverso de los juegos, el de todos pierden; la oportunidad política de establecer un juego de todos ganan es aún posible, pero las condiciones no estarán ahí por siempre, esperando pacientemente un acuerdo nacional que fije claramente las posiciones opuestas de las fuerzas políticas y las formas de alcanzarlas. Esta sociedad tiene que aprender, y pronto, las reglas de un juego en el que todos ganamos, y el Congreso debería ser un buen lugar para empezar.