México está a punto de firmar, mañana, un importante acuerdo con la Unión Europea que, en principio, le permitiría aumentar su comercio con el viejo continente, diversificar sus fuentes de tecnología, patentes, inversiones e ideas, y ampliar los mercados para los productos mexicanos. Hay, sin embargo, un importante pero: en Europa, la preocupación por los derechos humanos es fuerte y son muchas y muy influyentes las organizaciones y partidos que exigen, como condición para la firma de un acuerdo con México, la inclusión de una cláusula referente al respeto pleno de los derechos humanos en general y de los derechos de los indígenas en particular. Incluso, en estos días ha visitado Chiapas una delegación de europarlamentarios de distintos partidos y países. Además, en diferentes naciones europeas se han realizado manifestaciones frente a los consulados mexicanos para exigir el fin de la violencia en la región chiapaneca. Estos actos han sido apoyados por una fuerte campaña de prensa al respecto, que se vio incrementada en los días recientes por el interés renovado por la situación mexicana resultante de la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas, hecho que muchos medios interpretan como un fuerte impulso hacia la democratización y modernización de la vida política nacional, incongruente con la persistencia de la presencia militar en Chiapas y con la violencia tolerada o patrocinada por diversos actores del poder en ese estado de la república.

La plena e irrestricta vigencia de los derechos humanos es una verdadera marca de civilización. No extraña, por lo tanto, la exigencia de muchos sindicatos, partidos e intelectuales europeos para que en cada mercancía se incluyan etiquetas que certifiquen que un producto no es contaminante, que ha sido elaborado por mano de obra libre y con derechos sindicales, que no es fruto de la opresión, el trabajo infantil o el trabajo de esclavos.

El cumplimiento de las normas fijadas por Naciones Unidas y reconocidas --aunque sea verbalmente-- incluso por los gobiernos que las violan, es un elemento básico en las relaciones entre los pueblos, permite la transparencia, fija límites éticos al comercio y a la producción, pone en primer plano a los seres humanos y no al lucro. En ese sentido, sólo los fundamentalistas que se oponen a toda regulación porque afectaría el libre funcionamiento del mercado pueden criticar esa exigencia humanitaria, pues la libertad es indivisible y ninguna nación sana puede basar su prosperidad en la violación de los derechos humanos en alguna parte del mundo sin atentar contra la legalidad a escala planetaria. Así como el repudio mundial contra el nazismo o el boicot internacional contra el apartheid en la Sudáfrica de los racistas fueron, en realidad, un apoyo al pueblo alemán o al sudafricano para que pudieran recuperar sus derechos y construir la democracia, la exigencia de la cláusula sobre los derechos humanos sostiene a los pueblos de todos los continentes en su lucha por una vida digna y justa y, por lo tanto, debería ser aceptada y promovida con estusiasmo por nuestra diplomacia.