Ejecuciones y detenciones arbitrarias, reportaron grupos civiles a Danielle Mitterrand

Triunfo Elizalde Ť Tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias son las principales violaciones de derechos humanos que afrontan los mexicanos, por parte de diversas autoridades, afirmó un amplio grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) a Danielle Mitterrand, presidenta de la Fundación France Libertés, durante un diálogo que sostuvieron con ella en días pasados.

La esencia de las exposiciones fue dada a conocer a La Jornada por Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien hizo notar a la humanista francesa que ``a pesar del cambio de gobierno en la capital del país, aún falta mucho para lograr la justicia y la democracia plena en México''.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria le informó que en los dos últimos años hubo 719 ejecuciones extrajudiciales: 325 en 1996 y 394 de enero a noviembre de 1997, de las que son responsables principalmente ``las policías estatales y el Ejército Mexicano''; en 262 casos ``los responsables no han sido identificados''. Además, hubo 63 desapariciones forzadas este año y 17 en 1996.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura afirma que las torturas judicial y política son las más comunes.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que aunque el gobierno firmó el Convenio 169 de la OIT, no ha promovido los derechos económicos de los pueblos indios, pues son discriminados y reprimidos, no se respetan sus costumbres ni sus tierras, la gran mayoría no tiene acceso al sistema de salud ni cuenta con trabajos bien remunerados. Agregó que por los levantamientos del EZLN y del EPR unos 60 mil militares se han establecido en Chiapas y en otros ocho estados.

``La impartición de justicia es uno de los grandes problemas del país, tanto para los presuntos delincuentes como para sus víctimas, la legislación al respecto no se cumple y en 1997 se han documentado denuncias sobre la actuación del Ministerio Público y las policías judiciales, como detenciones sin la orden correspondiente y tortura para arrancar confesiones'', por lo que el único camino es el juicio de amparo ``que es caro y elitista'', dijo la CMDPDH.

La Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos reveló a la señora Mitterrand que el ataque a defensores de derechos ``es una situación característica del sistema político mexicano, (ya que) existe una campaña permanente de hostigamiento contra defensores religiosos y periodistas''. ``El mayor problema es la impunidad; ningún caso ha sido investigado, lo que constituye un patrón sistemático'', agregó.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos hizo notar que la militarización ``es una violación flagrante al artículo 129 constitucional'', que desde 1995 ``el esquema de seguridad nacional con participación militar en la vida civil se ha intensificado'' (23 de los 31 estados tienen algún grado de militarización); además, ``el combate al narcotráfico se ha disfrazado de ayuda a las comunidades que sufren la presencia militar, independientemente de que el gasto militar se ha incrementado 50 por ciento en los últimos tres años, en detrimento del gasto social''.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur aseguró que en Guerrero, de 1970 a la fecha, se vive un clima de represión, asesinatos y encarcelamientos, ``con un saldo de 500 desaparecidos''; dice que en la práctica ``existe un estado de sitio, los pobladores viven aterrados por el Ejército, la policía judicial y los grupos de guardias blancas''.

El Frente Auténtico del Trabajo y el Movimiento Ciudadano por la Democracia aseguraron que los trabajadores en México afrontan 15 años de política económica de liberalización comercial y grandes incentivos a la inversión extranjera, en tanto que la mano de obra sufre grave deterioro, al grado que un obrero estadunidense gana 10 veces más que un mexicano por igual trabajo, y que en las elecciones posteriores al 6 de julio, en Tabasco y Veracruz, hubo irregularidades ``como compra de votos y otras prebendas en favor del PRI''.

Convergencia de Organismos Civiles de Chiapas señaló la violencia que mantienen en las zonas de Chenalhó, Tila y Sabanilla los grupos paramilitares, donde los indígenas han abandonado sus lugares de origen para salvar la vida.

El Foro de Organizaciones Civiles de Oaxaca, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y familiares de víctimas de la región de Los Loxichas se quejaron de represión, marginalidad, miseria, aprehensiones ilegales, asesinatos, desapariciones forzadas y hasta del Megaproyecto del Istmo para la explotación forestal en favor de extranjeros.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Asociación Queretana Independiente de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, y Comité de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos Eureka también denunciaron graves de violaciones a derechos de periodistas, agricultores, cafetaleros, migrantes en Estados Unidos y desaparecidos.